Intervención pide al gobierno municipal que meta en cintura al sector público de Córdoba

La empresa de transporte es, como todas las de su sector, deficitaria si no hay inyección pública detrás. Lo que plantea el informe es que se tienen que hacer cosas para controlar el déficit y no favorecer medidas que lo incrementen. Y arranca por el reciente acuerdo del convenio colectivo que redujo las horas de cómputo anual. Eso quiere decir, dice el acuerdo, que horas que ahora mismo son ordinarias se pagarán como extraordinarias.

En concreto, se asegura que en Aucorsa se hacen cada año cinco mil horas extras que se pagan más caras que las normales. Además, se ha pactado un fondo privado de pensiones que cuesta unos 200.000 euros anuales públicos. Recuerda el dictamen que la dotación del plan de pensiones es legal pero dentro de la subida de la masa salarial autorizada por el Gobierno para el sector público.

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En estos momentos, seis de cada diez euros que se gastan en la empresa procede de los impuestos municipales y los cuatro restantes, de los ingresos que se consiguen por venta de billetes y el resto de unidades de negocio de la entidad. Entre 2019 y 2024, las transferencias han crecido un 57% (de 13,1 a 20 millones.

En el caso de Cecosam, lo que se pone en duda es la propia existencia de la empresa. Para que sea tal, debería recibir más dinero de su actividad mercantil que lo que recibe del Consistorio para sostener su actividad. La empresa funeraria se creó sobre un área municipal de cementerios con Rosa Aguilar y para permitir una cierta flexibilidad laboral en materia de fines de semana o festivos.

Asegura el dictamen de Intervención que se tiene que realizar un estudio de costes sobre la empresa que empezó a efectuarse, se paralizó y ahora vuelve a activarse. En materia de inversiones, afirma Intervención que se han incluido unas acciones que son exactamente las mismas que las del año pasado. La empresa sostiene que tiene «gran liquidez» pero el dictamen pregunta que dónde ha ido a parar. A inversiones, no.

La empresa municipal Emacsa recibe en esta ocasión en el año que ha incrementado sus tarifas mediante un nuevo sistema de bloques. Intervención advierte que este tipo de medidas no se pueden basar en una bajada de la demanda porque, literal, cuando sube la demanda no bajan los precios. Estas deciones tienen que estar basadas en estudios de costes.

De hecho, el informe asegura que la subida de precios no es precisa. Intervención asegura que Emacsa tiene una situación extraordinariamente solvente y que puede asumir el posible déficit. De hecho, le reprocha que siempre consiga más beneficios de los que dice tener. También asegura que se están superando los límites legales de gastos de personal vía, por ejemplo, aportación a planes de pensiones.

La empresa municipal Sadeco recibe también un varapalo tras el anuncio de que va a conseguir otros ocho millones añadidos en la última revisión del presupuesto. Intervención sostiene que el Ayuntamiento no tiene ni idea de lo que Sadeco le está cobrando por sus servicios teniendo en cuenta que la limpieza viaria ha subido un 21%, la de los colegios un 15%, el control animal un 69% y el control de ratas y otras plagas, un 85%.

Intervención lleva años pidiendo un contrato programa que diga qué se financia y a qué coste. El gobierno municipal reconoce que ese contrato ni está ni se le espera. Eso incide en actividades como la limpieza del río. Se está entregando dinero, dice el contrato, sin saber cuánto cuesta la obra y sin saber siquiera si Sadeco tiene competencias para ello.

El dictamen le da un fuerte varapalo al incremento de tarifas del 35% previsto en 2024. Según su opinión, el impuesto de vertederos se está abordando de forma equivocada, como un ingreso y un gasto. Y debería ser algo similar al IVA que la empresa cobra en sustitución del Estado y lo ingresa directamente en Hacienda. «Nunca será ni gasto ni ingreso para la citada sociedad que es un ente recaudador», explica. Emacsa tiene un papel similar con el canon autonómico del agua. La masa salarial también se incrementa por encima del 2-2,5% previsto para el sector público. Es del doble. Una curiosidad es que Intervención ha detectado que Sadeco prevé ingresar los millones del plan extraordinario de limpieza de 2023 sin que se haya decidido que se volverá a realizar en 2024.

Por su parte, de Vimcorsa se destaca que no existe un estudio serio que establezca los objetivos a generar ni las rentas que va a obtener. Además, se da por hecho que se va a recibir 960.000 euros de ampliación de capital del único accionista (el Ayuntamiento) y una subvención de un millón de euros.

Intervención avisa de que no está de acuerdo con las competencias impropias de Vimcorsa (gestiona ayudas sociales, por ejemplo) y que acaban en manos de la entidad matriz. Es el caso del patio de la calle Trueque que la empresa pretende entregar al Consistorio como dación en pago. El departamento de fiscalización entiende que no hay precedentes similares.