MUNICIPAL
Un informe del secretario del Pleno ve legal la compra de test Covid por Sadeco que el PSOE llevó a la Fiscalía de Córdoba
No aprecia ningún tipo de irregularidad aunque sí cree que el procedimiento pudo ser más ágil
El PSOE envía a la Fiscalía de Córdoba el contrato de 8.000 test de Sadeco por supuesta irregularidad
Córdoba
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Iniciar sesiónLa Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba no ha detectado «ningún tipo de irregularidad ni de infracción legal o reglamentaria en la tramitación administrativa, ni tampoco, la comisión de un posible de ilícito penal, por parte de las autoridades ni de los ... empleados municipales» en la compra de 8.000 test rápidos del Covid-19 para la empresa municipal de saneamientos (Sadeco), que el Grupo Socialista ha llevado a la Fiscalía, sin que ésta instancia se haya pronunciado hasta el momento sobre el asunto.
El PSOE envía a la Fiscalía el contrato de 8.000 test de Sadeco por supuesta irregularidad
ABC CórdobaAntonio Hurtado afirma que la empresa municipal había comprado a precio excesivo el material: 40 euros por test, «cuatro veces más de la media» descrita en un informe del Tribunal de Cuentas
El informe de la Secretaría del Pleno -que ha emitido el documento a petición del alcalde, José María Bellido- añade que «Sadeco y el propio Ayuntamiento actuaron con máxima diligencia, eficacia y rapidez para intentar evitar, paliar o al menos mitigar los gravísimos efectos que para la salud pública, de los vecinos, en general, y de los empleados públicos municipales, en particular, podría acarrear la mortífera pandemia sanitaria generada, a nivel mundial, por el Covid-19».
Leve tirón de orejas
Sí es cierto que la Secretaría apunta a que el procedimiento de compra de estas mascarillas de protección para el personal de Sadeco pudo ser más rápido: «Se observó y cumplimentó una tramitación muy superior al procedimiento, requisitos y formalidades mínimas».
El portavoz municipal socialista lamentó al presentar la denuncia en la Fiscalía que el Ayuntamiento de Málaga compró los test a 7,90 euros la unidad y convenió con clínicas privadas su aplicación y supervisión médica pagándoles dos euros por test que se hiciese, «con lo cual el importe abonado fue de un total de 9,90 euros por test hecho».
«Una vez que hemos tenido acceso al expediente de contratación y lo hemos analizado, detectamos indicios de presuntas irregularidades, por lo que remitimos a la Fiscalía el expediente para su investigación», afirmó el edil.
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