La huelga de funcionarios vuelve a paralizar la Ciudad de la Justicia

El primer paro de este lunes ha sido un éxito rotundo, en palabras del CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, con un seguimiento del 85 por ciento por parte de los alrededor de 750 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio que dirige Pilar Llop que hay en Córdoba.

Los paros parciales se han sentido sensiblemente en numerosas instancias judiciales, como los juzgados de guardia, los juzgados de lo Social, los juzgados de lo Penal, Menores y Vigilancia Penitenciaria, los registros civiles o la Audiencia Provincial, entre otros, según el sindicato convocante.

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Las primeras consecuencias han sido la suspensión de un juicio de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba previsto para este lunes y que se iba a prolongar hasta la jornada del jueves -era la tercera vez que se intentaba celebrar después de dos suspensiones anteriores- y de otro lado, una vista prevista en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

La falta de auxilio judicial en estos juicios ha sido el motivo de la suspensión también en el caso del Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba, como uno de los ejemplos, que se ha visto obligado a suspender seis juicios previstos entre las 10.00 y las 13.00 horas de este lunes, según han informado fuentes judiciales.

Esta huelga vuelve a dejar paralizada prácticamente la Justicia apenas dos semanas más tarde de que los LAJ culminaran con éxito la suya pero con una factura de la que tardará meses en recuperarse.

El decano de los Abogados de Córdoba, Carlos Arias, ha lamentado profundamente esta situación que «se vuelve a dar en la prestación de este servicio fundamental y que esté sometido a estos vaivenes sin mayor protección».

En declaraciones a ABC Arias ha señalado que esta huelga supone «que un servicio esencial y tan importante como es la Justicia entre en bucle, que se se provoque un efecto dominó, primero los LAJ y ahora los funcionarios y que, aunque respeta sus reivindicaciones, causan un perjuicio tremendo a la sociedad y a los propios abogados, que aún se están reponiendo del daño causado durante dos meses por la huelga de los letrados«.

Por su parte, el represntante sindical del CSIF ha advertidos que «ellos no van a avisar de la suspensión de juicios porque ese cometido es de los Secretarios Judiciales (LAJ) y los funcionarios de Justicia sólo están obligados a decir el mismo día por la mañana si van a la huelga o no por lo que es inevitable suspender actos judiciales sin previo aviso«.

La central sindical ha lamentado en un comunicado las molestias que estos paros han causado a la ciudadanía en un servicio tan fundamental como es el de la Justicia, pero el Ministerio de Justicia, han matizado, «es el único responsable de la situación por su nula voluntad de presentar a las organizaciones representantes de los trabajadores una propuesta para definir sus funciones, así como una subida salarial justa, en línea con el acuerdo firmado con los letrados».

En este ambiente, en torno a un centenar de funcionarios ha salido a las 11.00 horas de la mañana frente a las puertas de la Ciudad de la Justicia con pancartas y bocinas para exigir al Ministerio que atienda a sus reivindicaciones laborales, siguiendo la estela de los LAJ.

La huelga está encabezada por el sindicato mayoritario CSIF junto a STAJ, CCOO, UGT y USO quienes han planteado este calendario de movilizaciones en defensa de una subida salarial digna -en línea con la aprobada para el colectivo de Letrados de la Administración de Justicia- y la paralización de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone nuevas condiciones laborales (destinos, horarios, retribución de funciones, etc.) sin previa negociación.

El responsable de justicia de CSIF Córdoba, Antonio González, ha vuelto a recordar que son tres los pilares en esta reivindicación laboral. El primero de ellos es sobre la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que está actualmente en el Congreso y que «va a suponer traslados forzosos; van a desaparecen los órganos unipersonales porque hay que reagrupar al personal y si mañana en la Sección Civil hace falta personal me lo llevo de Sección Penal sin ningún tipo de control o criterio objetivo«.

De otro lado, González ha denunciado que «los funcionarios no van a poder solicitar los consursos de traslado como los conocemos actualmente; y tercero, evidentemente, va haber funciones que no están negociada con los sindicatos«.

Mientras que otro de los aspectos de protesta son las competencias, «parece ser que no tenemos ninguna competencia, que se determinen cuáles son las funciones por delegación de los letrados y cuáles son propias«, añade este representante sindical.

La tercera pata de estas reivindicaciones, según este representante de CSIF, «son las retribuciones económicas, que la estimamos entre 350 y 450 euros en función al grupo de cotización que está relacionado con las funciones que realmente estamos realizando. Somos una pieza clave en el engranaje de la máquina, sin nosotros la Administración estará totalmente paralizada«.