El hijo del alcalde socialista de Hinojosa del Duque Matías González se enfrenta a un año y medio de cárcel acusado de compra de votos en 2023

La Fiscalía de Córdoba ha solicitado en su calificación provisional para A.J.G., un año y medio de cárcel. Según el relato del escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso ABC, sobre las 11.00 horas del 28 de mayo de 2023, el hijo del alcalde se encontró con un vecino en las inmediaciones del colegio electoral IES Padre Juan Ruiz en la calle Fray Luis de Granada de Hinojosa del Duque, durante la celebración de la jornada electoral para las elecciones municipales en las que se presentaba como candidato a la Alcaldía el padre del acusado, Matías González.

Con el fin de obtener votos a favor de la candidatura de su padre, el acusado ofreció a este vecino de escasos recursos económicos «darle dinero para hacer la compra, a sabiendas de su precaria situación, a cambio de que entregase a sus familiares y conocidos, varios sobres con la papeleta del partido de su padre, para que estos votasen al mismo».

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Pilar García-Baquero

Hay ya tres investigados en la causa, entre ellos, el regidor Matías González, su hijo y un vecino de la localidad que presuntamente colabró en este asunto

Los hechos son a juicio del Ministerio Público constitutivos de un delito de cohecho electoral del artículo 146 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) del que es responsable el acusado A.J.G.. En este caso, el fiscal considera solicita además de la pena privativa de libertad la imposición de una multa de 5.400 euros.

Esta denuncia saltó a la Prensa apenas una semana después de las elecciones, y aunque en un primer momento fueron investigados en la causa tanto el actual alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, como el vecino al que pretendían comprar el voto, el fiscal solicitó después en su calificación el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a estos dos investigados.

Entre los fundamentos mostrados por el fiscal para retirar esta imputación están el hecho de que Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) establece que será castigado «quienes por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención por lo que castiga el cohecho electoral activo, pero no el pasivo, es decir, no tipifica la conducta de quién vota en un sentido u otro o se abstiene a consecuencia de la dádiva o promesa, por lo que los hechos cometidos por el vecino al que le querían comprar el voto -y que se lo haría llegar al resto de familiares- serían atípicos».

Es decir, el fiscal pide tribunal apartarlos de esta causa «ya que no se ha acreditado de forma alguna, y ni se ha recogido en el auto de procedimiento abreviado, que al repartir los votos entre sus familiares les hiciera a estos algún tipo de promesa u ofreciera alguna dádiva».

Otro de los fundamentos expuestos en su calificación por parte del Ministerio Público es que de la instrucción practicada por el Juzgado de Peñarroya-Pueblonuevo «no se pudiera determinar, ni siquiera indiciariamente, la participación de Matías González, pues tanto los testigos como la documental que obra en las actuaciones, situaba a su hijo en las inmediaciones del colegio electoral junto a este vecino de escasos recursos, pero no se puede determinar ninguna conexión entre la actuación del hijo y la voluntad del padre». 

Esto es, según el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales «que no se ha podido determinar que ambos actuaran conjuntamente, con lo que sería una presunción basada tan solo en el hecho de que sería el beneficiario del voto, al ser, en este caso, el candidato a la Alcaldía de Hinojosa por el PSOE durante esas elecciones municipales de 2023«.

El dirigente socialista ya se vio involucrado en un proceso judicial abierto por un sórdido escándalo sexual que en 2002 tumbó al que era presidente de la Diputación de Córdoba, Matías González, -padre del ahora encartado en esta causa- que lo obligó a dimitir de su cargo acusado de un delito de prevaricación por la supuesta contratación a dedo de su compañera sentimental.

Dos años más tarde, el Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba en el año 2004 lo absolvió al entender que su papel en esta contratación fue una «mera recomendación».