Un guardia civil recibe una paliza en Pozoblanco y el agresor queda en libertad

El sujeto hizo caer a uno de los agentes, afiliado a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y cuando aún se encontraba en el suelo le propinó una fuerte patada en la cabeza, dejándolo noqueado. Posteriormente se abalanzó sobre él proporcionándole varios puñetazos en la cabeza mientras se encontraba inconsciente, hasta que el otro agente pudo quitarlo de encima de su compañero, momento en el que el agresor también lanzó patadas y puñetazos al segundo guardia civil, que cayó al suelo y el individuo trató igualmente de patearle, esta vez sin éxito.

Finalmente logró huir del lugar, hasta que fue detenido unos días después y puesto a disposición de la Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozoblanco, la cual decidió dejarlo en libertad con prohibición de acercarse a menos de 300 metros de los dos agentes o intentar comunicarse con ellos por cualquier medio.

El secretario jurídico en Córdoba de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Fran Cruz, ha declarado que «respetamos la decisión judicial», pero «mostramos nuestra disconformidad con una medida que entendemos excesivamente benévola, y de hecho vamos a recurrirla», ha asegurado.

Cruz ha afirmado que «no habría estado de más decretar el ingreso en prisión provisional, teniendo en cuenta que la agresión a nuestro afiliado fue alevosa y muy peligrosa para su integridad personal, al haberse desempeñado el investigado con una violencia inusitada incluso cuando el agente ya estaba inconsciente y se encontraba indefenso, a lo cual debe añadirse que permaneció huido durante varios días».

Por su parte, Gustavo Pérez, secretario general de AUGC en Córdoba, ha afirmado que «mientras se producen a diario agresiones brutales como ésta a guardias civiles y policías nacionales en todo el país, el Gobierno y el Ministerio del Interior siguen sin reconocernos como profesión de riesgo, y el PSOE está bloqueando el desarrollo normativo que pondría fin a esa injusticia. Pero además debe incrementarse la protección jurídica de los agentes, agravando las penas por este tipo de hechos, y dotarles de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales».