Dos funcionarios testifican sobre contratos del Caso Infraestructuras de Córdoba

Prestó declaración ante el magistrado el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local. Es el funcionario habilitado nacional que se hace cargo del control de legalidad de los actos del gobierno municipal y el primero que advirtió de que se estaban fraccionando los contratos.

Según fuentes judiciales, el funcionario explicó que había advertido la cuestión y que elaboró 'motu proprio' las advertencias que se incorporaron a los expedientes. Aseguró que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, le encomendó la elaboración de informes trimestrales sobre la situación de los contratos menores. Esos documentos se facilitan tanto al gobierno municipal como al resto de grupos con representación en la institución municipal.

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Este funcionario ha sido clave en la reorganización interna llevada a cabo en el Ayuntamiento de Córdoba para elevar el control sobre los contratos menores. Estuvo detrás de la comisión municipal creada que aconsejó modificar la instrucción interna o medidas como la creación de una oficina de supervisión.

El segundo funcionario en testificar ayer fue el jefe de alumbrado cuando tuvieron lugar los hechos. Su caso es particular porque es testigo en la primera denuncia -la de IU y Podemos que hace referencia, por ejemplo, a la avenida de Libia- pero está imputado en la segunda denuncia, presentada por el concejal David Dorado tras una auditoría del área realizada por un ingeniero externo.

Pese a que formalmente era el jefe de alumbrado, cuando sucedieron los hechos había sido apartado de esas funciones por el equipo de Ciudadanos que llevaba el departamento de Infraestructuras. Se le sustituyó por el responsable de las actuaciones energéticas en los colegios que es el que está formalmente imputado (junto a la que era coordinadora general de Infraestructuras) en la causa por haber fragmentado contratos y haber simulado la realización de controles para comprobar que las obras se desarrollaban. El funcionario relató que en el momento de los hechos ya no tenía ningún papel real puesto que se le había desprovisto de sus funciones. El equipo de Cs alegó que habían recibido quejas sobre su gestión en los proyectos de alumbrado.

El propio magistrado Rodríguez Laínz ha explicado en un auto que, de las gestiones que queda por desarrollar, se podría derivar la llegada de más investigados a la causa. Los responsables de las empresas que trabajaron en los contratos señalados ya pasaron por la sala donde se realizan las testificales aunque no en calidad de investigados sino de testigos.

Una de las claves pendientes es la entrega del informe de la Policía Judicial que, ayer, aún no estaba sobre la mesa del magistrado responsable de la investigación. El togado pidió una revisión de las conexiones empresariales pero, sobre todo, un estudio de las cuentas bancarias de las personasrelacionadas con la causa. De momento, el delito de cohecho no se encuentra entre los que se investiga a las dos personas que sí están imputados en el caso.