La subida de agresiones a funcionarios convierte en un polvorín la prisión de Córdoba

El ambiente se ha convertido en insostenible. «Decimos basta ya de agresiones», asegura la delegada de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la prisión de Córdoba y coordinadora en Andalucía, Teresa López, sindicato con representación mayoritaria en la cárcel cordobesa. «En las últimas semanas estamos sufriendo una cascada de agresiones», relata también la delegada sindical de Asociación de Profesional de Funcionarios de Prisiones en Córdoba (APFP), Eva Rabanillo.

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Las estadísticas demuestran que las agresiones se han disparado en la cárcel de Córdoba. Se contabilizaron 16 en el año 2023, aseguran desde APFP. Fueron «23 el año pasado, en 2024, a profesionales penitenciarios», según ha contestado Instituciones Penitenciarias (II.PP.) a consultas de ABC. Según II.PP., estos se saldaron con «9 de ellas con resultado de lesiones leves y 14 sin lesiones». En los dos últimos meses de este año se han registrado al menos siete agresiones con doce funcionarios agredidos, según los sindicatos. Rabanillo, en cualquier caso, añade que son siete los que han transcendido pero que las agresiones «desde marzo han sido once casos», aunque hay compañeros «que prefieren» que no trasciendan.

La oleada de agresiones, en cualquier caso, comenzó el 6 de marzo con la agresión a puñetazos de un interno a un médico, además de un funcionario que acudió a su auxilio, relatan los trabajadores del centro. El 9 abril hubo otra con tres puñetazos en la cara y patadas en el cuerpo a un funcionario que pidió a un recluso que dejara de fumar en una sala en la que estaba prohibido. El 23 de abril el incidente duró casi dos horas, con múltiples peleas y conatos de peleas que acabaron con otro empleado herido.

El 27 de abril un interno comenzó una agresión con un cabezazo y un intento de asfixia que necesitó de tres funcionarios para contener al agresor y llevarlo a aislamiento, con el resultado de otro funcionario agredido. El 1 de mayo otro recluso fue capaz de agredir a tres funcionarios. El 4 de mayo llegó otra agresión a dos funcionarios. La última se dio el martes por la tarde: un interno empujó escaleras abajo a un empleado público, resultó herido y una compañera también que acudió a reducir al agresor.

La cárcel de Córdoba es uno de los 65 centros penitenciarios de España. Bajo la gestión de la prisión de Alcolea (incluido el Centro Inserción Social, CIS) hay 1.453 personas, a fecha de este viernes y según los datos oficiales de II.PP. facilitados a ABC. «El Centro Penitenciario de Córdoba tiene a día de hoy (por el viernes) 1.271 internos e internas», mientras que «del Centro de Inserción Social dependen otras 172 personas», apuntaron desde el Ministerio del Interior. La prisión tiene 1.008 celdas. La normativa contempla que lo ideal es que haya solo un preso por celda. El exceso de presidiarios, por tanto, en el centro penitenciario (excluido el CIS) superaría los 250.

La situación es alarmante. Teresa López (CSIF) asegura que están sufriendo una oleada de agresiones «verbales, físicas, sexuales y también amenazas» por parte de los internos. La representante de CSIF confirma que «las agresiones a los funcionarios» de la prisión de Córdoba «se han multiplicado en los dos últimos meses». López lamenta que a Instituciones Penitenciarias «le importan más los reclusos que los funcionarios».

Las cifras podrían darle la razón. El alto número de reclusos, por encima del ideal, contrasta con la falta de personal. Sólo había 16 puestos vacantes en el 2016 en la prisión de Córdoba. Diez años después, hay «42 vacantes» en la Relación de Puestos de Trabajo «a fecha de marzo de este año», apunta Rabanillo, representante de APFP.

La conflictividad entre los internos puede ser un motivo de la oleada de la agresiones a los funcionarios como consecuencia del incremento de la tensión. En este aspecto, Teresa López (CSIF) refleja cuatro puntos claves que explican la situación actual: «Los drones están introduciendo droga y móviles en la prisión, también se produce en los vis a vis, en la vuelta de los internos tras los permisos y un problema especial es que la población reclusa extranjera está extorsionando a otros reclusos».

Rabanillo añade un punto clave más a la oleada de agresiones: «Los internos saben que el régimen disciplinario es muy laxo». Además, aporta un dato. «Cuando nosotros tuvimos obras en Córdoba», los reclusos se repartían por otros módulos. Sin embargo, refleja que últimamente «con las obras que ha habido en Badajoz o Sevilla 1, nos han mandado» a parte de sus reclusos a Alcolea. El perfil de estos internos ha sido problemático en bastantes casos.

Ante esta situación de agresiones, los sindicatos reclaman medidas que son prácticamente unánimes. Más medios personales y materiales. En los recursos humanos, piden una nueva RPT y a la vez que al menos se cubran las 42 vacantes actuales. Especialmente, «en la Sanidad Penitenciaria, que se nos está muriendo», explica Teresa López. «No hay médicos», ya que cobran incluso menos, a pesar de la peligrosidad, que en los centros de la sanidad pública.

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Sobre los recursos materiales: la declaración de agentes de la autoridad, tecnología contra drones, pistolas TASER de inmovilización, mejor clasificación de los reclusos y más formación en la protección con técnicas más modernas. La principal reivindicación de CSIF, APFP, Acaip-UGT, CC.OO., USO y APFP es que los funcionarios de prisiones tienen que ser considerados «agentes de la autoridad».

CSIF reclama «más medios tecnológicos que nos permitan derribar directamente los drones que intentan entrar» en la prisión. Además, Teresa López les pide a las autoridades equipos de protección «porque cuando entramos a una celda a buscar sustancias o móviles que han podido entrar con un dron, no sabemos si han podido introducir un arma».

Rabanillo insiste en que necesitan «pistolas tipo TASER» de inmovilización durante algo menos de un segundo que les permitan actuar contras las agresores. Una política que apoya CSIF, aunque «somos conscientes de que para ello hay que cambiar la Ley Orgánica». Mientras, todos han pedido un cambio de los «medios coercitivos de disuasión», explica López, ya que «deben estar abajo, y no en la planta alta». También lo reclaman los demás sindicatos.

Estos insisten en la necesidad mejorar la clasificación de los reclusos. Los agresores «tienen que tener Primer Grado», explican. De hecho, piden su traslado. Técnicamente, los funcionarios hablan de «aumentar las conducciones». Al menos, cuatro de los últimos siete agresores han sido ya trasladados a otras prisiones más preparadas para presos conflictivos. Igualmente, piden «menos módulos de respeto y aumentar los de conflictivos». Actualmente, hay unos 150 presos muy peligrosos en las casi 200 celdas de los dos módulos conflictivos (hay 18 módulos en total en la prisión).