TRIBUNALES
Los funcionarios de Justicia se movilizan en contra la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa
Los sindicatos representados en esta Administración lamentan que la ministra no haya consensuado con ellos el nuevo texto legal que afecta a retribuciones, traslados y organización
La huelga de Letrados de la Administración de Justicia obliga a suspender un centenar de juicios en Córdoba
Córdoba
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Iniciar sesiónMedio centenar de funcionarios convocados por los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO. representativos en ámbito de la Administración de Justicia se han concentrado esta mañana a las puertas de los juzgados para protestar ante la negativa de la ministra Pilar Llop de negociar ... los cambios en las condiciones de trabajo que supondrá la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa.
En un comunicado, esta plataforma sindical ha explicado que tras la concentración ante el Ministerio de Justicia del día 22 de noviembre han decidido incrementar las movilizaciones en todos los principales centros de trabajo de la Administración de Justicia de las capitales de toda España como este viernes en Córdoba y no descartan la convocatoria de huelga si no se atienden sus reivindicaciones.
Los sindicatos convocantes exigen la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia para garantizar las condiciones de trabajo, los centros de destino y las funciones del personal que afecta a unos 750 funcionarios en la provincia de Córdoba.
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En esta misma línea, denuncian que el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa no garantiza los actuales centros de destino ni las retribuciones y demás derechos laborales y puede suponer una importante reducción de puestos de trabajo y supresión de servicios que presta la Administración de Justicia.
A juicio de los sindicatos, este proyecto de Ley permite la movilidad funcional y geográfica del personal y la asignación de funciones correspondientes a otros centros de trabajo distintos de aquél en que se está destinado.
Denuncian a su vez que esta «movilidad discrecional» puede ser utilizada para el control político de la Administración de Justicia a costa de los recortes de derechos de los funcionarios de Justicia.
Los sindicatos denuncian que también se abre la posibilidad de imponer nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo sin negociar y exige, por otra parte, el desarrollo y retribución de la Carrera Profesional, que es un derecho reconocido en la Ley Orgánica del Poder Judicial desde 2019, pero que el Ministerio de Justicia se niega a negociar, a reconocer y a establecer su retribución complementaria.
También se exige la mejora de la Promoción Interna para la recuperación del 50% de las plazas de las Ofertas de Empleo Público para este turno y se reivindica una convocatoria extraordinaria añadida a la convocatoria del turno libre de los procesos de estabilización.
Por último, los sindicatos del sector de Justica demandan la negociación del Reglamento y Relaciones de Puestos de Trabajo del Registro Civil y denuncian que el despliegue de los nuevos Registros Civiles se está llevando a cabo de forma unilateral sin negociación colectiva, que se están asignando arbitrariamente nuevas funciones al personal y que el nuevo programa informático 'Dicireg' incrementa el volumen de trabajo pero no se están incrementando las plantillas.
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