La Fiscalía solicita tres años de prisión para dos responsables de empresas de ambulancias en Córdoba por falsear actas

El escrito de calificación de la Fiscalía de Córdoba, al que ha tenido acceso ABC, recoge que en fecha indeterminada, pero en todo caso una vez se acordó la adjudicación provisional en 2021, el acusado presidente del Consejo de Administración, en su calidad de de común acuerdo con el también acusado secretario de esta entidad, y sin haber comunicado la pérdida de la licitación, «hicieron que los socios de las entidades [integrantes del consorcio] confeccionaran un acta que dataron en fecha constar la celebración de una Junta con carácter universal, la cual nunca tuvo lugar, indicando el carácter universal».

Este caso parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba donde se abrieron unas diligencias por una denuncia contra el expresidente del Consorcio de Transporte Terrestre Sanitario de Córdoba, que había prestado el servicio de ambulancias a la Junta de Andalucía de una forma habitual en las últimas décadas, y contra los titulares de las dos firmas que se unieron para optar a esta concesión pública por cuatro años de 62 millones de euros —Servicios Socio Sanitarios Generales de Andalucía (SSGA) y Ambulancias Pasquau — y que acabaron por quedarse por el contrato.

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Lo llamativo es que la demanda la firmaban cinco de las ocho entidades que forman parte del citado Consorcio de Transporte: Ambulancias Córdoba, Ambulancias Los Pedroches, Ambulancias Alto Guadalquivir, Tallancor y Ambulancias de Córdoba que creían que su exresponsable había podido cometer, «en connivencia» con los dos investigados más, un presunto delito de administración desleal y otro de corrupción entre particulares al «haber facilitado la concesión del servicio expuesto a favor de sus competidores». La jueza abrió diligencias sobre el caso y llamó a declarar a los tres investigados.

Tras la investigación judicial la titular del Juzgado decretó el sobreseimiento sobre la mayoría de los investigados por delitos de corrupción entre particulares pero sí determinó, a raíz de la diligencias ordenadas durante su instrucción, que existían indicios de un delito de falsedad documental contra dos de estos investigados, en concreto exresponsables del Consorcio terrestre de Transporte Sanitario de Córdoba.

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La denuncia penal, a la que tuvo acceso este periódico, fijaba como fecha clave el 26 de mayo de 2021, cuando el Servicio Andaluz de Salud (SAS) dictó la resolución administrativa de la mesa de contratación que acordó adjudicar el servicio de ambulancias a la UTE SSGA-Pasquau. Un mes antes la Junta abrió los sobres de los licitadores concurrentes y reclamó a la citada UTE documentación porque consideraba que había presentado la mejor oferta: entonces le dio diez días para que acreditara el cumplimiento de los requisitos y hacer efectiva la contratación.

En esas cuatro semanas, entre el 30 de abril y el 26 de mayo , es cuando, según los querellantes, se producen los supuestos hechos que a su juicio podrían constituir un presunto delito de corrupción entre particulares y otro de administración desleal. Y cuando el que era presidente y exconsejero delegado del Consorcio de Transporte Terrestre , en su cargo hasta el verano del año 2021, pudo realizar maniobras puestas ahora en solfa.

«Desconocemos si fue en este momento o en alguno anterior cuando dan comienzo las conversaciones y negociaciones entre los representantes legales de SSGA y Ambulancias Pasquau y el presidente y consejero delegado de las principales empresas que conforman el Consorcio de Transporte Sanitario Terrestre de Córdoba, con total y absoluto desconocimiento del resto de los socios », indicaba la denuncia que dio lugar a estas diligencias de investigación.

Y añadía: «En dichas reuniones se instrumentan diferentes vías para conseguir acreditar ante la mesa de contratación que [los nuevos adjudicatarios] cumplen efectivamente los requisitos para la concesión».

La jueza ha acotado el caso fijándose en la firma por parte del exconsejero delegado que tramitó el 11 de mayo de 2021 ante la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba el cambio de titularidad de la licencia de apertura de un local que era propiedad d e Ambulancias de Córdoba —una de las empresas del Consorcio que representaba— en la avenida del Corregidor para que pasara a ser de la nueva UTE concesionaria.

En el auto judicial, la titular de Instrucción 3 de Córdoba, señalaba que el acusado se arrojó la potestad de firmar ese cambio sin haber celebrado la junta de socios necesaria para ello en connivencia con el segundo de los investigados en esta causa.

A juicio del Ministerio Público, los hechos narrados son constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil Además de las penas de prisión , el fiscal ha solicitado para cada uno de los acusados nueve mees de multa a razón de 15 euros día.

Sin embargo, para la defensa del presidente de Ambulancias Córdoba, según un comunicado remitido a ABC, «un mínimo análisis racional del Auto recurrido nos lleva a la conclusión de que los supuestos indicios que señala ni siquiera existen o muy por el contrario ha sido probado que son falsos.

En primer lugar, «mi representado sólo ha sido citado para declarar en relación a los delitos que se denunciaron inicialmente (administración desleal y corrupción entre particulares), por lo que es totalmente incierto lo que afirma el Auto sobre que se ha acogido a su derecho a no declarar respecto al delito de falsedad, ya que la Juzgadora no le ha dado tal oportunidad en ningún momento, pues no podemos olvidar que por la deriva prospectiva de la causa este delito de falsedad ha surgido tras agotarse la prórroga de la instrucción, lo que entendemos es causa de nulidad por la indefensión que provoca tal hecho«.

En segundo lugar, es absolutamente falso y erróneo afirmar que mi mandante «haya utilizado la referida acta como »habilitación« para ceder la licencia del centro de coordinación, y aún menos para vender los activos de las entidades denunciantes (ni vehículos ni inmuebles); y ello porque ha quedado probado en las diligencias«.

Del mismo modo, la defensa del presidente de Ambulancias Córdoba ha señalado que «no ha existido jamás cesión alguna de la licencia del centro de coordinación, pues ha quedado acreditado que jamás hubo cambio de titular de la licencia de dicho centro por lo que en ningún momento pueda afirmarse que se cedió la licencia de actividad utilizando dicha acta de 7/5/21.

Por último, en este comunicado, la defensa del expresidente de Ambulancias Córdoba recuerda que «se afirma en el Auto recurrido que mi mandante »... la cedió como consecuencia de haberse otorgado, indiciariamente, la habilitación por Junta de fecha 7 de mayo de 2021«. Tamaña afirmación es igualmente incierta y denota un evidente desconocimiento de la Ley de Cooperativas Andaluzas y de la Ley de Sociedades de Capital, así como los poderes amplios que mi mandante tenía como representante legal de las cinco sociedades denunciantes«