tribunales
La Fiscalía de Córdoba denuncia a una secretaria judicial por transferirse 300.000 euros de depósitos a su cuenta
La cuantía sustraída de las arcas de varios órganos judiciales donde se depositan fianzas o adelantos de indemnizaciones
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La Fiscalía de Córdoba ha presentado una querella contra una Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) responsable de la oficina judicial de un juzgado de la capital cordobesa al detectar hechos que pudieran ser constitutivos de delitos relacionados con malversación de caudales públicos ... por numerosas transferencias ordenadas por esta funcionaria desde las cuentas donde se depositan las consignaciones judiciales a cuentas bancarias propias o compartidas con algún familiar.
Al Juzgado de Instrucción 5 de Córdoba le ha correspondido por turno abrir diligencias de investigación por este caso después de que hace apenas dos semanas el Ministerio Publico presentara ante el Juzgado de Instrucción 3 de Córdoba la querella, según han constatado a ABC fuentes Judiciales.
Los hechos que están siendo investigados se remontarían a meses e incluso años atrás por lo que de momento se desconoce la suma total de los importes transferidos desde la cuentas de depósitos de varios juzgados a las cuentas de la LAJ denunciada por la Fiscalía aunque el importe podría superar los 300.000 euros, según las primeras estimaciones a las que ha tenido acceso ABC.
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Esta secretaria judicial habría operado, según recoge la querella de la Fiscalía de Córdoba sobre las cuentas titularidad de la Administración de Justicia no sólo de su juzgado del que era titular sino de otros de los que había sido sustituta y donde, del mismo modo, le correspondía gestionar y efectuar el control sobre la cuenta de depósitos y consignaciones, siendo la única persona autorizada en esos órganos judiciales para disponer de los fondos existentes.
De momento, los órganos judiciales por los que ha pasado esta LAJ en labores de sustitución y el suyo propio están analizado las cantidades consignadas para comprobar cuántas fueron las transferencias a estas cuentas relacionadas con esta funcionaria pública y/o sus familiares para determinar el alcance de los hechos.
Este caso recuerda al sentenciado en el año 2021 por la Audiencia Provincial de Sevilla en el que condenó a dos años de cárcel y a cinco años de inhabilitación absoluta a la que fuera secretaria judicial sustituta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cazalla de la Sierra por un delito de malversación de caudales públicos. Además, fue obligada a indemnizar a la Administración de Justicia con 135.846 euros por el valor de lo indebidamente apropiado.
La malversación de caudales públicos es un delito que cometen las autoridades o funcionarios -como es el caso por el que se investiga a esta Letrada de la Administración de Justicia- que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo. Está regulada en los artículos 432 a 435 del Código Penal, dentro de los delitos contra la Administración pública.
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