La Fiscalía eleva al Juzgado el caso de las compras irregulares en un supermercado del Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba

El procedimiento se inició tras la documentación remitida por la secretaria municipal del Consistorio, fruto de una información reservada interna abierta por la alcaldesa, Gema González (PSOE), después de que el PP destapara en abril supuestas irregularidades en los pagos de determinadas compras (a lo que se acabó sumando Vox). Entre los gastos bajo sospecha figuran tickets y facturas de productos como langostinos, gambas, gulas o paté, que fueron cargados al Ayuntamiento bajo conceptos genéricos como «material necesario para la concejalía».

Según han señalado a ABC fuentes judiciales, la documentación remitida a la Fiscalía el pasado 28 de agosto incluye los asientos contables y facturas en los que se habría imputado como gasto institucional la compra de alimentos y otros productos sin relación con las competencias municipales. Estos indicios, enmarcados en un posible delito de malversación de caudales públicos, han llevado ahora al Ministerio Público a trasladar el caso al juzgado de instrucción correspondiente.

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Al destaparse el caso, la concejala señalada, Ana María Casas, fue cesada de sus funciones el pasado mes de mayo por la propia alcaldesa socialista por «pérdida de confianza» tras conocerse las primeras irregularidades. Hasta entonces ostentaba las áreas de Bienestar Social, Mantenimiento, Protección Civil, Deportes y otras delegaciones. Días después, Casas abandonó el grupo socialista y pasó a integrarse en el grupo no adscrito del Pleno. En su defensa, la edil ahora investigada reconoció haber cometido errores de control, pero negó cualquier intencionalidad delictiva: «Soy culpable de confiar en la gente a ciegas», declaró entonces.

La oposición sostiene, sin embargo, que las irregularidades podrían no limitarse a unas pocas facturas sino que con lo que hasta ahora han podido recopilar de tickets pagados por el Consistorio la cifra se elevaría a más de 6.000 euros. Tanto PP como Vox afirmaban ya entonces que «no son cuatro facturas, hay serios indicios de malversación« y aseguran estar recabando más documentación, incluso de ejercicios anteriores. En el pleno del 26 de mayo, ambos grupos denunciaron que «el rumor estaba en el pueblo desde hacía tiempo«, pero fue una factura fechada el 2 de abril de 2024 —sin ticket adjunto— la que encendió todas las alarmas.

La alcaldesa Gema González, que rechazó la creación de una comisión de investigación solicitada por la oposición, impulsó en su lugar una investigación interna, a la que no ha tenido acceso el PP. En ella se detectaron discrepancias entre facturas de «material de limpieza» y tickets reales de compra que reflejaban artículos de alimentación o de otro tipo. Algunas fuentes apuntan que el equipo de gobierno habría justificado esos gastos como ayuda a «familias vulnerables del municipio», aunque no se ha aportado un listado por motivos de protección de datos.