Caso Rocket: la Fiscalía concluye que Luisa Ruiz alteró el registro público tras abandonar la Alcaldía de Peñarroya

De esta forma, el juicio a la segunda pieza del caso Rocket ha llegado a su recta final ante el tribunal de la Sección Tercera en la que el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones manteniendo la acusación contra la ex alcaldesa de Peñarroya María Luis Ruiz, y como cooperador necesario al empresario C.G., cómplice de prevaricación, falsedad, tráfico de influencias como presunto cabecilla de la trama -especialista en ferrocarriles antiguos-, junto a R.O., L.B., dos de sus socios en empresas relacionadas con «el señor de los Ferrocarriles», mientras ha retirado la acusación respecto a un quinto acusado, J.F.P. por considerar que ha prescrito la causa contra él.

La ex alcaldesa socialista viene acusada por la Fiscalía de Córdoba de varios delitos de prevaricación, fraude de subvenciones, falsedad, malversación y tráfico de influencias como «responsable de las irregularidades cometidas durante la gestión, tramitación y destino de una serie de subvenciones millonarias» de los Fondos Miner que debían reflotar a la comarca minera hasta el año 2011 por lo que se enfrenta en esta segunda pieza por su participación en tres tramas a más de 20 años de prisión.

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En concreto, el fiscal ha recordado en la sala que Ruiz cometió un delito de falsedad ideológica cometido por funcionario público, cuando se dirigió al Grupo de Desarrollo Rural (GDR) para justificar que no había otras empresas que pudieran acceder al concurso para la compra de esas máquinas de ferrocarril. «Como se ha demostrado en correos entre C.G. y la ex alcaldesa ya sabían que máquinas iban a comprar, a quién y cuáles eran las empresas que se iban a encargar de restaurarlas», ha expuesto el representante de la acusación pública.

En su calificación jurídica, el representante del Ministerio Público ha resumido que la ex regidora así como estos tres empresarios acusados participaron en las tramas del 'Tren Turístico del Guadiato', del 'Vagón Restaurante' y del 'Museo del Ferrocarril'.

En concreto, el fiscal ha comenzado su relato de acusación por el momento en el que la ex alcaldesa de Peñarroya -ya fuera de su funciones sin ser funcionaria- alteró el Registro Público, como así lo aseguró en su informe la Guardia Civil.

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El fiscal ha expuesto alto y claro que en el «momento en el que Luisa Ruiz deja de ser alcaldesa y altera el Registro de los Libros de Peñarroya -como ha dejado acreditado en su informe la Guardia Civil- esto ya es una esta actividad delictiva desde la que se puede entender lo demás mucho mejor».

El fiscal ha recordado cómo la Guardia Civil encontró uno de estos documentos del registro modificados «con la pegatina de control pegada y despegada». En este sentido, el fiscal ha señalado que «no podemos decir cómo María Luisa Ruiz accedió a los libros de registro pero sí entró y el plan era alterar ese registro en favor de C.G. y su empresa». Para el representante del Ministerio Público, «este hecho nos parece perfectamente acreditado y que fuera de toda duda realizó la exalcaldesa, es una responsabilidad penal clara».

Para el fiscal, «cuando ya no es alcaldesa del Ayuntamiento de Peñarroya y no tiene interés en eso y aún ahí atiende a los requerimientos del cabecilla C.G., se demuestra la capacidad de influencia de él en la alcaldesa, y que ya no siéndolo incluso la tiene pero no podemos poner nombre a esa influencia».

Para el fiscal, C.G., presidente de CEHFE, «tiene a su favor ese poder influencia a favor de sí mismo y también de prevaricación. Con independencia de que los documentos de la ex alcaldesa tengan arreglos groseros, el último fin es satisfacer los deseos de C.G.». En este sentido, el fiscal ha repetido hasta en dos ocasiones que en esta trama de corrupción «C.G. pide y la alcaldesa da».

«Todas esas resoluciones son injustas porque la finalidad no es para beneficio del pueblo sino de él y su empresa. El último fin de este delito es influir, alterar el proceso motivador de Ruiz con un prevalimiento», ha recordado el representante de la Fiscalía de Córdoba.

En su escrito, el fiscal ha destacado el delito de malversación con «facturas vacías» en la primera fase de ejecución del proyecto 'Tren Turístico del Guadiato', por un importe de unos 400.000 euros.

Este mismo informe del Ministerio Público ha expuesto ante el tribunal cómo los acusados cometieron un delito de «falsedad ideológica» de certificados de recepción de obras del año 2010 cuando las máquinas de ferrocarril que debían estar concluidas no lo estaban; refiriéndose además a un fraude de subvenciones, de en torno a 660.000 euros que no se justifican para la primera fase del proyecto del 'Tren Turístico del Guadiato'.

Para el fiscal, está claro que el cabecilla de las tramas era C.G. presidente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril (CEHFE), acusado de prevaricación, como cooperador necesario, delito de tráfico de influencias, falsedad en documento privado, (por el uso de la firma escaneada de L.P. en esos contratos que no convenios) sin su consentimiento, para el que solicita penas por encima de los12 años de prisión.

Entre las modificaciones del escrito del Ministerio Público, este solicita, en concreto, para C.G. dos años de prisión por el delito de tráfico de influencias en concurso con el de falsedad en documento privado en el caso de la trama del Tren Turístico del Guadiato, elevando en un año la pena solicitada inicialmente; mientras que para el entramado del 'Vagón Restaurante', el fiscal pide para C.G. dos años de prisión más por estos mismos delitos de tráfico de influencias en concurso con el de falsedad en documento privado, que lleva aparejada una pena de prisión más elevada.

El fiscal considera a C.G. cooperante de la ex alcaldesa de Peñarroya en un delito continuado de falsedad en documento oficial, en los documentos de entrada y salida de Ayuntamiento peñarriblense. Mientras, hace hincapié en su escrito de conclusiones de que María Luisa Ruiz certifica el fin de obra con esos certificados que le ofrece C.G., presidente del CEHFE, sin que esos trabajos estuvieran concluidos.

Por su parte, para el tercero de los acusados por el Ministerio Público, R.O., del Centros de Estudios de Ferrocarriles Turísticos S.A (CGTF) el fiscal lo considera cooperador en este fin de «dar apariencia de legalidad en relación a la trama relacionada con el «Vagón Restaurante», por un delito de tráfico de influencias y falsedad de documento mercantil.

Para este tercer empresario acusado R.O. acusado, el fiscal solicita 5 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, así como 9 meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, y dos años y tres meses de prisión y multa por un delito de malversación en concurso con el de falsedad en documento mercantil. A esto se le suma una petición de un año y nueve meses de prisión por un delito de falsedad.

El resto de partes personadas en el proceso -que el próximo lunes emitirán sus informes en el último día de juicio por este caso- han elevado sus conclusiones a definitivas mientras que el representante legal del Ayuntamiento de Peñarroya, Javier Pérez Hinojosa, ha retirado su acusación contra la alcaldesa por el delito de malversación del que venía acusando.