La Fiscalía de Córdoba archiva la denuncia de la Marea Blanca por las listas de espera del SAS

Fuentes de la Fiscalía han confirmado este lunes a ABC que esta denuncia ha sido archivada «al considerar que los hechos expuestos no constituyen delito, es decir, no se enmarcan dentro del ámbito del Derecho Penal«.

El archivo de la denuncia se produce tres meses después de que Marea Blanca entregara el pasado 17 de octubre en la Ciudad de la Justicia de Córdoba un escrito contra unas listas de espera que les parecen «insoportables» y que «rozan la ilegalidad», en colisión con varias leyes.

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De este modo lo explicaba la coordinadora y portavoz de las Mareas Blancas en Córdoba, Práxedes Pérez Vargas, que insistió el pasado mes de octubre a las puertas del edificio que alberga la Fiscalía en que «incumplen las leyes de plazos y de transparencia de Andalucía«. Una treintena de personas, procedentes de varias localidades del sur de la provincia, se concentraron entonces a las puertas de la Ciudad de la Justicia antes de presentar el escrito.

Pérez Vargas hacía hincapié en los problemas para conseguir citas en consultas y pruebas diagnósticas, además de las intervenciones quirúrgicas. «Pueden vulnerar los derechos fundamentales de las personas y el derecho a la atención sanitaria«, resumió. Los retrasos tienen consecuencias, y por eso presentaron algunos casos de personas que han fallecido en lista de espera sin tener un diagnóstico, sin poder acudir al especialista y sin haber pasado por el quirófano.

Es el caso de las enfermedades oncológicas, que necesitan «de una atención rápida» y acusó al SAS de «abandonar a los pacientes« que se enfrentan sin tratamiento a dolencias que pueden ser muy graves. Recortes en presupuestos, reducción de plantilla y medidas restrictivas que se han «impuesto» en los últimos años son, a juicio de la Marea Blanca, los factores que han contribuido a «deteriorar gravemente« la situación de la sanidad pública en Andalucía.

Marea Blanca en la denuncia recogía que en la lista de espera hay 43.812 personas en Córdoba, de las 8.992 están fuera de plazo, es decir, por encima de los 60 días que marca la ley.