La Fiscalía del Constitucional pide amparar a una mujer trans despedida del Museo Arqueológico de Córdoba

En 2017, aún con el PSOE en el poder, una trabajadora transexual del Arqueológico de Córdoba fue despedida (tenía consideración de interina). Decidió recurrir a los tribunales de justicia alegando que la separación del servicio había sido discriminatoria. Estaba realizando en esos momentos la transición de hombre a mujer.

La trabajadora prestaba servicios en las taquillas del centro y, puntualmente, realizaba apoyo a las visitas guiadas, explica el abogado que lleva la defensa, Valentín Aguilar, en los antecedentes del recurso. Desde que inició la transición, explica en su recurso, fue retirada de estas labores. De hecho, no podía realizar apoyos en el patio de las instalaciones. Siempre según su versión se le cambió de trabajo para que no estuviese en un lugar visible. Se llegó a ofrecer voluntaria para echar una mano en los momentos de más trabajo como las visitas escolares. Esa petición no fue atendida.

En segunda instancia, la mujer realizó la petición de que se dirigiesen a ella con su nombre femenino. La primera reacción de la directora fue negativo, se explica en los fallos conocidos, hasta tanto no existiese un documento de identidad que dijese que era una mujer. El cambio de nombre se pidió en febrero de 2016 y no se admitió hasta finales de ese año por medio de un correo electrónico de Baena a toda la plantilla.

Lo siguiente que viene es el despido. La mujer fue separada del servicio al dotarse una plaza de funcionario por jubilación parcial de otra persona. La interina no pudo conseguir esa plaza y se quedó sin sitio en la plantilla. La mayor parte de los interinos de largo recorrido se encuentran en estos momentos en un proceso de estabilización.

Sobre esta cuestión ha habido dos sentencias. En primera instancia, el tribunal condenó a la Junta porque apreció un supuesto de discriminación. El TSJA tumbó esa condena. No puso en duda datos sobre que se le negaba el nombre de mujer pero entendió que la Junta podía sacar a concurso esa plaza. El fondo del asunto era de relaciones laborales. La mujer despedida decidió recurrir al Constitucional que aceptó estudiar el caso. Se espera sentencia en unas semanas una vez que ya se conoce el informe del fiscal.

Mientras tanto, dentro de la Junta se inició un procedimiento del comité antiacoso. Es una instancia interna de la Administración autonómica que estudia lo que ha pasado y propone medidas. Estableció que la exdirectora del centro no había cometido acoso pero recomendó que pasase por un curso sobre cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. Una reeducación en materia de igualdad.

María Dolores Baena ha explicado que se negó rotundamente a realizar curso alguno al entender que era una mancha en su historial. Si no había habido condena ni dictamen del comité antiacoso, se negaba a estas actuaciones. Entre 2016 y 2023, ocurre algo relevante: la ley trans. Este tipo de acciones pasan a la actualidad y ganan en gravedad.

Las diferencias entre Baena y la Consejería de Cultura van creciendo con el paso de los meses. La exdirectora del Arqueológico decide recurrir y en el Gobierno andaluz entienden que no es viable mantener a una directiva que, en un cargo de confianza, lleva a los tribunales a quien la ha puesto en el cargo. Hasta ahora, Baena (que ha acusado de acoso a los actuales responsables de la Junta) tenía a su favor el relato. El informe del fiscal sobre la mujer trans que perdió su empleo en la Junta puede alterar esa versión.

Una de las relevancias de este caso es que es de los primeros en tratar la presunta discriminación a los transexuales que pasa por el Tribunal Constitucional. Hay precedentes sobre la homosexualidad pero no los que vinculan las relaciones laborales con las personas que cambian de sexo. Y eso hace que se incremente el interés de juristas y organizaciones de apoyo a este colectivo sobre este caso en concreto.

Lo que plantea el informe del fiscal es que en este caso se produce una inversión de la carga de la prueba. Dado que existe una situación problemática (la negativa a llamarla por su nombre, el cambio de funciones), es a la Junta a quien corresponde demostrar que no hay ningún tipo de discriminación. Y no a quien es despedido presentar pruebas de lo contrario.

De hecho, el fiscal que firma el informe entiende que existen elementos que se podrían usar como argumentos justificativos pero que la Junta nunca los puso encima de la mesa durante todo el proceso. Un ejemplo es que ya se intentó sacar la plaza antes de que la exempleada pública iniciase su procedimiento de cambio de género. También se hacen algunas pertinentes como la clave: cómo es que se convocaron varias plazas ocupadas por interinos pero no todas y una de ellas fue específicamente ésta. El fiscal entiende que la Junta podría haber argumentado razones objetivas para no caer en la arbitrariedad.

Ahora toca que el Pleno del Constitucional decida si concede el amparo o no. El recurso presentado por el abogado de la mujer despedida y el fiscal entienden que lo que toca es la nulidad de todas las actuaciones. Es decir, la readmisión inmediata de la trabajadora al puesto en el Arqueológico.