Caso chalé: el fiscal eleva dos años más su petición de cárcel para León y González por administración desleal

El fiscal ha aumentado la petición de pena por administración desleal para los dos primeros en dos años (13 años de prisión en suma para los dos exmandatarios) al considerar probado que la reforma del chalé del expresidente del Córdoba CF se pagó con dinero del club que iban destinadas a la Ciudad Deportiva.

En la última sesión del juicio celebrado este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que ha quedado visto para sentencia, el fiscal del caso Manuel Carlos Jiménez, ha comenzado su informe definitivo de conclusiones con la fase del administrador concursal Francisco Estepa: «Aquí estamos viendo una obra que se pagó y no se ejecutó (Ciudad Deportiva) y sin embargo otra que se ejecuta y no se paga« de donde partió la denuncia penal una vez que se intervinieron las cuentas del club judicialmente.

Para el fiscal, «no se está discutiendo el periodo en que comenzó sino unos hechos muy concretos... Un dinero que no se sabe dónde está». Este caso, ha señalado en su informe el Ministerio Público, «empieza el 28 de octubre de 2014 cuando se elaboran tres contratos distintos el mismo día. Uno sólo para el chalé de González, otro para el chalé junto la Ciudad Deportiva, y otro solo para la ciudad deportiva con otro precio». «A lo largo de 2015 y 2016 se sigue cometiendo el delito», ha apostillado.

Noticia Relacionada

Las defensas del González, León y Madueño niegan que el chalé de González se pagara a cargo de las cuentas del Córdoba CF

Pilar García-Baquero

Admiten que las obras se hicieron pero quedaron impagadas y que las cuantías de las facturas de la Ciudad Deportiva no coinciden con las del chalé

Ya el contrato del chalé es un «acto preparatorio» porque «todos esos pagos estaban ordenados hacerse con transferencia bancaria por certificaciones. El impago de dos certificaciones suponía la suspensión y cuatro certificaciones sin pagar autorizaban a Grucal a resolver el contrato; sin embargo se debían seis certificaciones y se continúa la obra hasta el final», ha expuesto.

«Se falta a la verdad cuando dicen que se cuenta con unos terrenos cedidos que hasta meses después no se dan, o la contratación del proyecto de la Ciudad Deportiva sin presupuesto ni proyecto...», ha señalado el fiscal. Del mismo modo que ha aseverado: «Si el chalé de González no se ha pagado y la Ciudad Deportiva no se ha hecho..., sólo se ha desbrozado y puesto una valla y se han gastado 1,2 millones de euros, no me lo creo. Lo que aquí se ha querido justificar es lo injustificable».

En cuanto a los delitos por los que vienen acusados los expresidentes Carlos González y Jesús León, para el fiscal, «existe un delito societario ya que evidentemente la Ciudad Deportiva no se ha hecho, no se ha visto ni un solo ladrillo y una vez que se ha preparado el tema, el dinero ha circulado, vienen los actos de tapadera usando la Fundación del Córdoba CF».

El fiscal ha destacado el correo electrónico al que aludía la Guardia Civil entre el entorno de Carlos González y Grucal en el que se recogía expresamente «¿Cómo se ha pagado la casa? Por transferencia de la cuenta del Córdoba CF. Entiendo que han pagado desde las cuentas del Córdoba CF excepto la primera certificación».

Por razón de su responsabilidad en los hechos, el Ministerio Fiscal entiende que González debe cumplir una pena de seis años de cárcel por los presuntos delitos de administración deslealy societario (uno más que en su calificación provisional al considerar que la administración desleal se elevaba por encima de la cantidad de los 250.000 euros). La petición de penas para Jesús León sube ahora a siete años y ocho meses tanto por su gestión en el Córdoba CF como en la fundación que dependía del mismo.

Mientras, para la esposa de León la pena solicitada por el fiscal se mantiene en un año y ocho meses de cárcel por su presunto papel al frente de la entidad benéfico-social del club incurriendo en delitos societarios y falsedad. La defensa de Madueño por su parte ha pedido que se contemple para ella una eximente completa o en su caso incompleta por sufrir ansiedad permanente.

Un extremo sobre el que la Fiscalía ha rebatido en su intervención recordando a la Sala que «la acusada no ha sido tratada en el momento en que se cometieron los hechos a los que se refiere ni el informe presentado en el tribunal por una psiquiatra se basa en el historial médico de la encartada en 2018 sino de una exploración y entrevista posterior».