La facturación de los procuradores en Córdoba se desploma a la mitad por las huelgas

La agenda está ya en el año 2026 para causas de lo Civil o de Social. Hay más de 4.500 demandas sin tramitar en el Decanato. Detrás de cada una hay una historia que afecta a una vida. Desde una petición de divorcio, regulación de medidas cautelares, desahucio a reclamación de cantidad pasando por una indemnización por despido o una incapacitación laboral.

Tres de estos procuradores que ejercen en Córdoba hablan en la línea que denunció la decana de los Procuradores, María José Carralero, hace pocos días a las puertas de la Ciudad de la Justicia, cuando calificaba la situación de catastrófica.

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El primero en dar un paso adelante para denunciar la situación que viven estos despachos es el procurador David Franco Navajas, con más de 20 años en la Procura. «La situación es complicada», es la frase con la que arranca la conversación con ABC.

«Evidentemente se ha notado una bajada de facturación, porque como los procedimientos están sin tramitar, y sólo cuando hay sentencia paso mi minuta de honorarios, cobramos cuando se acaba el procedimiento».

Franco tiene ejemplos diarios como el hecho de que se ha suspendido un procedimiento de Familia cuatro veces. Eso afecta a los justiciables. «Si estás desesperado por un divorcio, o porque te devuelvan las llaves de tu casa y después de meses esperando el desahucio y por fin llega el mismo día de lanzamiento y te dicen que se ha suspendido por la huelga de funcionarios... y que no saben cuándo se va a señalar, ¿qué haces? Las demandas que hoy se están registrando son las demandas que entraron en abril al Decanato y que tres meses después están empezando tramitar», explica.

«La situación por las huelgas es cada vez más caótica y los niveles de desesperación cada vez más altos»

David Franco

En esa misma línea, cuenta Franco, «los escritos que estoy presentando ahora no los tramitarán hasta después del verano. Hay personas que llevan cuatro meses esperando que su escrito solicitando la cancelación del embargo de una finca, un trámite sencillo que en una tramitación normal, sin huelga, tardaría entre dos o tres semanas».

El problema para este procurador de Córdoba ya no son para los profesionales, sino para los clientes. «Cuando piden explicaciones y no puedo dárselas los invito a que vengan al Juzgado a que escuchen a los funcionarios de su propia boca que están en huelga. Y cuando se suspende un juicio y llega el abogado de Madrid con gastos de viaje o de hotel y en la puerta de la sala de vistas le dicen que se suspende. Las reivindicaciones de los funcionarios son justas, pero nos vemos arrastrados todos, los justiciables y los profesionales», añade. «La situación es caótica y los niveles de desesperación cada vez más altos», añade este procurador.

Otro de los puntos negros que ha provocado la huelga son las consignaciones judiciales. En las arcas del Juzgado hay millones de euros retenidos que no llegan a su destino. «Desde embargo de pensiones por alimentos a indemnizaciones por despido... y cuando una persona necesita el dinero de una indemnización la frustración que causa saber que está ahí y no puede tenerla es enorme», recuerda Franco.

En cuanto a la caída de su facturación, varía un poco dependiendo en qué punto de la fase judicial se encontraba en el despacho con sus asuntos. «Hay despachos en los que la facturación se ha reducido un 30%, pero hay algunos en los que ha sufrido hasta un 50%. El que tiene un colchón de negocio pues tira hacia adelante, como en mi caso. Trabajo a un buen ritmo, pero no entra la facturación que entraba antes», afirma Franco.

Eva Timoteo, procuradora especialista en temas civiles, tacha la situación de «auténtica barbaridad». «Si la Justicia estaba mal ahora está peor que nunca», cuenta a ABC. Timoteo reconoce que tiene demandas que se presentaron en febrero y marzo, con las que pequeños comerciantes pretendían cobrar las deudas de sus clientes y que como no se proveen pues les puede llevar incluso a la quiebra.

«Para estas pequeñas pymes, a las que les deben 3.000 o 4.000 euros es un gran daño. Y lo peor es que se han acumulado una cantidad ingente de demandas sin tramitar si alguna vez pasa», añade.

El efecto en los despachos, admite Timoteo, es tremendo. «Es una situación realmente preocupante, y lo peor es que el Ministerio de Justicia no se ocupa, no negocia y no vemos su final. La Justicia es el tercer Poder del Estado, siempre ha sido la hermana pobre, pero esto ya es la puntilla», denuncia esta procuradora con más de 30 años de experiencia.

«Nos sentimos desatendidos y desmoralizados», apunta Timoteo. Hace unos meses los clientes, como no se hablaba en los medios de la huelga, no estaban al tanto; ahora sí, pero unos tienen indignación y otros resignación», añade la procuradora.

Para Timoteo, «no se debe olvidar que detrás de un papel hay una vida, una persona que espera que se le resuelva su problema legal». Como ejemplo, Timoteo expone que «tenía que haber tenido dos juicios civiles del año 2021 para este, y como pronto para principio no estará señalado hasta 2025. Da tiempo a quebrar antes el demandado». Es la situación real. «Ha bajado entre un 30 y un 40 por ciento la facturación, los gastos se han multiplicado, pero llevamos una cartera buena de clientes y mantenemos el despacho», reconoce.

Timoteo explica que, en un divorcio de mutuo acuerdo sin hijos, se termina en mes y medio o dos meses ahora no se tramitan y se puede ir hasta seis meses. «Con esos tiempos contaba una novia que se iba a casar con cita en el Registro Civil, pero con el trámite del divorcio suspendido ha tenido que cancelar su nueva boda», cuenta.

«En 14 años ejerciendo esta profesión y una pandemia por medio, no había vivido una situación como ésta»

Héctor García

Para otro procurador más joven, Héctor García, en 14 años ejerciendo y con dos últimos de pandemia admite que esto que está ocurriendo es inaudito, «no conocía una situación en la Justicia como ésta». «No se resuelven asuntos, ni régimen de custodia, ni pensiones de alimentos, incapacidades laborales. Ese hombre ni cobra ni puede trabajar y sus pleitos no se han podido resolver». «La facturación ha caído hasta un 30 o 40 por ciento y los retrasos son ya de años. Ves un juicio a las puertas y llegado el día se suspende, es desolador», concluye.