tribunales
La exdirectora de una residencia de Córdoba se enfrenta a siete años de cárcel por estafar a ancianos y a la Junta más de 178.000 euros
El fiscal le acusa de crear plazas falsas y de apropiación indebida de fondos públicos y privados aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas
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La exdirectora del Centro Residencial de Mayores San Andrés de Córdoba se enfrenta a siete años y ocho meses de prisión acusada por la Fiscalía de aprovecharse de su cargo para defraudar a una residente con discapacidad mental que no sabía leer ni ... escribir y que no tenía familiares que la visitaran o velaran por ella, pero también de crear plazas por su cuenta -sin que constaran en el registro- y cobrar a los familiares durante más de una década.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso ABC, la procesada, que llevaba trabajando para la Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba desde 2008, ideó un sistema para desviar fondos y cobrar pensiones indebidamente, valiéndose de su posición de confianza y del desconocimiento de las personas a su cargo.
El Ministerio Público sostiene que, tras el fallecimiento en enero de 2021 de Antonio A., esposo de una residente del centro, Dolores S., la acusada tuvo conocimiento de que no se había comunicado la defunción a la Seguridad Social y que la pensión seguía ingresándose en la cuenta conjunta del matrimonio. Aprovechando esa situación, la entonces directora del centro residencial, I.M.P., abrió una nueva cuenta bancaria a nombre de la residente —quien no sabía leer ni escribir— y asoció su propio teléfono móvil a la tarjeta vinculada, desde donde operaba libremente con esos fondos.
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Entre mayo y julio de 2023, la acusada realizó 20 operaciones por un total de 37.808 euros, que fueron desviadas a cuentas personales y a la de su hija menor de edad. Las cantidades fueron finalmente reintegradas a la Seguridad Social por el banco mediante retrocesión de pensiones.
Entre las operaciones llevadas a cabo por la acusada estaban retirada de efectivo del cajero de 5.000 euros mientras que más de 23.000 euros fueron transferidos los días 29, 30 y 31 de mayo por los importes de 996, 7006 y 15.006 euros a la cuenta de su hija menor de edad.
Además, la Fiscalía apunta en su escrito que la acusada reconoció esos hechos en su declaración judicial pero no el haber dado de alta a varias personas en plazas inexistentes dentro del centro, cobrando directamente de sus familiares como si se tratara de plazas oficiales concertadas con la Junta de Andalucía. Estas personas no figuraban en el registro de usuarios de la residencia, lo que permitió a la acusada ocultar los ingresos obtenidos durante años.
La plaza ilegal se situaba en la enfermería
De este modo, la acusada, desde al menos el 14 de octubre de 2013 y hasta el 15 de julio de 2022, según el fiscal, con la intención de obtener un beneficio ilícito, ideó ese sistema de creación de plazas. La residencia disponía de 34 residentes, de los que 26 eran plazas concertadas y ocho eran privadas, y la nueva plaza se ubicó en la enfermería de la residencia, como una plaza más pasando inadvertida la irregularidad. Por este método, la acusada se apoderó de 140.637 euros.
El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la Seguridad Social y de un delito continuado de estafa, y pide para la acusada cinco años de prisión, multa de 10 meses a razón de 12 euros diarios e inhabilitación especial durante cinco años para trabajar en residencias de mayores o centros de personas con discapacidad.
Así como dos años y ocho meses de prisión adicionales por los delitos conexos, junto con pérdida del derecho a subvenciones o beneficios fiscales durante cinco años. Asimismo, el fiscal la obliga a indemnizar a la entidad bancaria con 37.808 euros y a la Fundación San Juan de Dios con 140.637 euros, por el perjuicio material y moral causado, descontando parcialmente las cantidades ya consignadas.
Una conducta sostenida una década
Según la Fiscalía, la acusada mantendría esta práctica desde al menos 2013 hasta 2023, una década, combinando la creación de plazas falsas con la apropiación indebida de fondos públicos y privados, aprovechando su posición de confianza como directora y la especial vulnerabilidad de las víctimas.
La Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba, adscritas a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Córdoba, fue la que destapó estas prácticas a través de dos denuncias ante la Policía Nacional -la primera en agosto de 2023 contra esta exdirectora de la Residencia de Personas Mayores San Andrés de Córdoba.
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La acusada en una primera declaración reconoció que se había apropiado del dinero de esa usuaria que no sabía leer ni escribir y devolvió unos 9.350 euros pero no de la creación de plazas inexistentes -que no rezaban en el registro del centro- por lo que había cobrado a los familiares durante casi una década.
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