La Diputación de Córdoba ultima la apertura del grifo de agua potable al Norte

Los niveles de carbono orgánico total (COT) hallados en el agua del embalse de La Colada -entre un largo rosario de sustancias- superaban los límites del Real Decreto del Gobierno central -recién modificado y más exigente- que marca los umbrales de calidad.

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Un sistema de bombeo provisional de 4,5 millones costeado por el Estado -una jugada política del PSOE de Sánchez para lastrar el final de la red de abastecimiento de La Colada prometido desde el PP de Juanma Moreno-, a prisa y corriendo, para atajar la carestía hídrica llevaba ese agua contaminada hasta la estación potabilizadora de Sierra Boyera y desde ahí por 300 kilómetros de tuberías a todas las poblaciones septentrionales. A ello se sumaba medio millón de euros al trimestre en gasóil para los generadores eléctricos que bombeaban el líquido elemento.

Pero el tratamiento empleado no era capaz de bajar los niveles de COT y empezaba, así, una singladura por el 'desierto' para miles de cordobeses que estos días cumple un año de idas y venidas a los camiones cisternas que cada mañana se apostan en una plaza para concentrar las garrafas y botellas del vecindario. De facturas disparadas en pequeños negocios para comprar agua embotellada en el súper o tirar los pocos euros de rentabilidad para traer camiones a las granjas y explotaciones de Los Pedroches para los animales.

Una especie de 'maldición bíblica' que ve la luz al final del túnel en estos días y gracias, en parte, a la propia acción divina, según muchos, que esta Semana Santa casi llenó aquel embalse mustio de Belmez hasta el 75 por ciento de su capacidad en apenas diez días.

El sistema de abastecimiento de todo el Norte de la provincia de Córdoba cuenta con estos dos pantanos con capacidad para 98 hectómetros cúbicos (39 el de Sierra Boyera y 58 el compartido con la cuenca del Guadiana). El consumo anual estimado en todos estos municipios no llega a 7 hectómetros cúbicos. Ahora mismo en ambos hay casi 63 hectómetros. Solamente en Sierra Boyera, 29,6 y de un agua cuya calidad es mucho mejor que la existente en el otro embalse (estancado por la falta de la red de reparto que está a punto de terminar la Junta de Andalucía). Y de ahí va a venir el esperado 'maná', siempre que los test preceptivos den negativo -que todo apunta a ello-.

Aunque el presidente de la Junta de Andalucía adelantó esta semana en un foro que en «quince o veinte días» los grifos volverá a abrirse con normalidad en las casas de Peñarroya o Cardeña, la Diputación de Córdoba lleva jornadas de adelanto y está en disposición de entregar todas las analíticas protocolarias y negativas a la Consejería de Salud en poco más de una semana para que vuelva a ser el departamento de Catalina García el que autorice el giro de muñeca a ochenta mil vecinos sobre un simple grifo.

En la institución provincial, donde su presidente, el popular Salvador Fuentes, ha convertido este problema en su máxima prioridad desde que llegó al cargo, consiguiendo financiación extra de la Consejería de Agricultura para modernizar la potabilizadora de Sierra Boyera, prefieren ser cautos de puertas para fuera. Dar un plazo podría trastocarse con el hecho de uno de los análisis pendientes diera negativo en una simple sustancia. Obligaría a repetir la prueba y demorar la espera unos días más.

No es que haya una impaciencia infinita en quienes con un estoicismo memorable han aguardado un año sin apenas rumor de protestas. Más que en los políticos, confiaban en el cielo, y han sido ambos los que van a terminar un largo episodio negro que no ha tenido el eco que otras cuitas hídricas han tenido en el altavoz nacional.

Como ya adelantó ABC, la normativa precisa de tres analíticas consecutivas negativas de carbono orgánico total (COT) en una sucesión temporal para levantar el veto. A eso hay que unir, además, dos analíticas con todo el catálogo de sustancias que recoge la ley también libre de números rojos. Y finalmente, un total siete test aleatorios por la extensa red de 300 kilómetros que reparte el agua por el Norte de Córdoba. Es decir, tomar agua en depósitos y casas desde Cardeña -el municipio más alejado en el que se suministra- hasta Belmez, el más cercano. Y que todo salga negativo.

Este grueso expediente de pruebas y analíticas de laboratorios que está recopilando la Diputación de Córdoba se enviará a la Delegación Territorial de Salud y Consumo para confirmar lo que todo el mundo espera. Todo ha de ser un efecto dominó sin mácula. Hay mucho optimismo para lograr «la mejor agua potable en el menor tiempo posible», explican fuentes de toda solvencia de la institución provincial.

El pasado Lunes Santo, con las primeras lluvias del fin de semana y unas previsiones meteorológicas catastróficas para los cofrades e inéditas para el campo y Emproacsa se tomó la decisión de cortar el uso de La Colada, donde se venían haciendo analíticas y tratando a las algas que estaban favoreciendo la proliferación de los altos niveles de COT, para tirar de Sierra Boyera. Una apuesta que ha tenido resultado.

La información que ha podido recopilar este periódico señala que los tres análisis de COT están superados. Se está a la espera del resultado de la segunda analítica total, tras un proceso de limpieza de la red de tuberías por el propio flujo de la nueva agua dispensada desde Sierra Boyera; y en breve lapso de tiempo llegará el turno de los siete test aleatorios.

El mayor volumen de agua embalsada está ayudando a reducir el impacto real de estas sustancias y la «confianza es plena» en resolver una difícil papeleta que ha abierto una brecha política, una alta factura económica (pérdidas en Emproacsa de hasta 8,4 millones de euros o el sobrecoste en familias y negocios de la zona afectada) y ha centrado el foco en la materia hídrica. Como ha repetido el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, «se trata de dar una solución estructural y no caer en el mismo problema que hace décadas durante la sequía de 1995».

Si todo va como se espera y el agua potable vuelve a los domicilios y negocios de esta treintena de municipios, la tarea no habrá finalizado ya que la Diputación de Córdoba y su presidente siguen con el cronograma en la mano para ir cubriendo etapas de actuaciones. Los ultrasonidos a las algas, la auditoría de fugas en la red de suministro de Sierra Boyera -sin apenas incidencias de entidad-, el tratamiento con dióxido de cloro y la modernización de la estación de tratamiento de aguas y potabilización (ETAP) de este embalse, donde la Junta de Andalucía ha consignado 4 millones para una primera fase y es muy probable que lo refuerce con otros seis millones en una segunda intervención que ya ha adelantado el propio Salvador Fuentes.

Todo ello sin olvidar otra obra determinante: La Colada y el diez por ciento de red secundaria que resta por hacer después de que la Junta de Andalucía en 2009, bajo el gobierno socialista de Manuel Chaves, decidiera parar en seco la intervención. Y hasta hoy.

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Después de que el gobierno de Juanma Moreno sacara el proyecto del cajón y lo declarara de urgencia, han pasado más de cuatro años de trámites y flecos. Una treintena de empresas están pugnando por hacerse con un contrato de 11 millones de euros que tendrá en unas semanas la adjudicación provisional y, según algunas fuentes técnicas consultadas por ABC, hasta el próximo junio la definitiva.

En un proceso con tantos concurrentes resulta habitual loas impugnaciones y recursos por parte de los ofertantes que pierden la licitación. Las obras como tal tiene un plazo de duración de un año. En unos términos razonables, si empezaran a finales de verano, el agua podría fluir de uno a otro pantano en el otoño de 2025.

Desde que se construyó en 2006 y como respuesta a la catastrófica sequía de 1995, La Colada no ha dispuesto del ciclo completo de funcionamiento nunca. El bombeo de urgencia que ejecutó el Gobierno hace ahora año y medio apenas ha servido -tras la contaminación por COT llegó también la rotura de generadores eléctricos que lo hacían funcionar-, por lo que la mala salud de sus aguas -han sido ya varios los veranos donde Salud también ha tenido que prohibir el baño- ha abierto otra derivada de polémica entre la izquierda y los populares con la diana de los ganaderos como blanco fácil.