El caso Rocket deja la mayor condena penal a un político en Córdoba: diez años de prisión para la exalcaldesa de Peñarroya

En esta segunda pieza del 'Caso Rocket' relacionada con la delitos de malversación y prevaricación de los Fondos Miner para la recuperación de la antigua cuenca minera, llueve sobre mojado, y asume -aunque la sentencia no es firme y puede ser recurrida- seis años y nueve meses de prisión y otras penas que suman más de 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Tanto en esta condena como en la anterior, el tribunal ha tenido en cuenta la concurrencia como atenuantes las dilaciones indebidas de un proceso que ha durado más de 10 años.

Esta condena destaca respecto a otros políticos cordobeses condenados en Córdoba como el alcalde Herminio Trigo, condenado a seis años de inhabilitación por un delito de prevaricación al nombrar al director del Gran Teatro; el ex alcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo (Córdoba) Miguel Martínez Múrez (PA) fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos; le seguían en el banquillo otros ediles como el exalcalde de Hornachuelos Julián López (GIH) condenado a dos años y seis meses de prisión, nueve años de inhabilitación especial para cargo público.

No fueron los únicos, en cuanto a alcaldes socialistas, la Audiencia Provincial de Córdoba condenaba en 2013 a tres años de prisión al exalcalde de la localidad cordobesa de Fuente Palmera entre 1987 y 2003, Antonio Guisado (PSOE), por la supuesta comisión de un delito de falsedad en documento oficial y un delito de nombramiento ilegal para cargo público, tras el contrato supuestamente falso para la gestión tributaria local que presuntamente confeccionó él con el también condenado exsecretario e interventor municipal.

La sección Tercera de la Audiencia de Córdoba condenaba en 2022 a dos años de prisión al exalcalde socialista de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Algallarín, dependiente del municipio de Adamuz, Juan Molina Sánchez entre 1999 y 2011 por un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Volviendo al caso Rocket este segundo caso, en el que también ha sido condenado el acusado C.G., presidente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español (CEHFE) el tribunal recoge que dada la relación de confianza que unía a la acusada Luisa Ruiz y al acusado C.G., las resoluciones adoptadas nunca hubiesen surgido de no haberse concertado ambos para ello y haberse puesto de acuerdo por la relación personal de confianza que les unía, de tal manera que este hecho no podría entenderse sin la existencia de esas relaciones personales entre ambos acusados.

En la primera sentencia dictada a finales del pasado año, también por la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba la condena por fue de tres años y seis meses de prisión por los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento público así como a tres años y seis meses de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado con la urbanización de un polígono industrial Vega Currillo y Antolín III con Fondos Miner injustificadamente durante su mandato.