Derribo de viviendas junto al río Guadalquivir en Córdoba: entre la dificultad y el escepticismo

Ha habido ya intentos fallidos previos a esta nueva hoja de ruta para afrontar un problema que se repite en la ciudad cuando el Guadalquivir se pone bravo y provoca inundaciones en la Altea, Guadalvalle (están contiguas) y parte de Ribera Baja (Alcolea). Estas tres son las zonas a las que mira el enfoque municipal para esta problemática.

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Baltasar López

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Los grandes trazos de este plan fueron recibidos ayer con incredulidad en el PSOE, principal grupo de la oposición municipal. Su portavoz, Antonio Hurtado, aseguró que en Urbanismo -a cuyo consejo rector pertenece desde mediados de 2023- «no se han visto las demoliciones anunciadas en Guadalvalle. Para nada». «Me he enterado por la prensa», dijo gráficamente.

En cuanto a estas seis viviendas, ABC contactó sin éxito con Urbanismo para conocer los detalles de los derribos (fechas de las órdenes de demolición; momento previsto para tirarlas abajo o coste).

De vuelta a Hurtado, sobre la hoja de ruta anunciada por el primer edil para tratar de realizar demoliciones «quirúrgicas», aseguró que es algo que «me da poca credibilidad». «Cuando el problema se pone en evidencia, cuando hay riesgo de inundaciones, es un tema recurrente y hay una reacción del alcalde para salir al paso de este problema». Aseguró, además, que es un anuncio de Bellido «sin concreción ninguna. Al final, creo que se quedará en agua de borrajas». «El problema es de enjundia y no se ha abordado», lamentó.

En el Consejo del Movimiento Ciudadano, su presidente, Juan Andrés de Gracia, se mostró conforme con algunos aspectos de los propuestos pero también aludió a la historia reciente de iniciativas similares que se quedaron en nada. Lo primero ciñó el ámbito de actuación de los derribos «a Guadalvalle». Expuso que «hay una serie de viviendas que están en el mismo cauce y que no tienen ninguna posibilidad de seguir en pie; no estamos hablando de viviendas que estén en zonas inundables a cien años o doscientos». «Son un número muy limitado. Son las casas a las que llegó el agua al techo en la inundación de 2010», decía recuperando la impactante imagen de inmuebles cubiertos casi por completo por el Guadalquivir -sólo se veían sus tejas-.

«Es una cuestión de seguridad de las personas que viven allí», aseguró. En cuanto a que se dé una solución social a quienes tuvieran que dejar sus hogares junto al río, De Gracia indicó que se les aplique la «normativa para el acceso a una solución habitacional».

Recordó, eso sí, que, como avanzó el alcalde, «el Ayuntamiento tiene que hablar con la Fiscalía para que apoye ante el juez el derribo en cuestión». «El Consistorio no puede tirar tranquilamente una casa. La demolición tiene que tener una orden judicial, en base a informes», añadió. Sí discrepó con el regidor en la necesidad de realizar una evaluación de riesgos, porque ya hay «mapas en esa materia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir [CHG]». «A partir de ellos, habrá que avalar el estado de las casas en cuestión y las que estén en el cauce, a nuestro juicio, no deben seguir ahí», afirmó.

El presidente del Movimiento Ciudadano advirtió de que «lo que no tiene sentido es que pasemos de nuevo el proceso de que las viviendas se vuelva a ocupar [en Guadalvalle, en esta crecida se ha ordenado el desalojo, que sigue vigente, de diez casas], cuando siempre hemos dicho que no entendemos que esas construcciones sigan en pie, por la propia seguridad de sus moradores». Y reivindicó que «lo que se diga por el Ayuntamiento se haga».

Una clara referencia a precedentes fallidos. Uno se produjo en diciembre de 2019 tras otra avenida. Con Bellido ya como alcalde, el entonces edil de Urbanismo, Salvador Fuentes, anunció el inicio de un proceso de negociación en enero con los propietarios de las 14 parcelas de Guadalvalle más cercanas al Guadalquivir para buscarles alternativas de vivienda y proceder a su derribo. De dicho proceso nunca más se supo.

En diciembre 2010 -con IU dirigiendo la capital-, sucedió algo similar. Tras la segunda crecida del río en ese mismo año -la primera, la de febrero, fue la más fuerte-, Vimcorsa (la empresa municipal de vivienda) activó un programa para los damnificados que establecía que, para poder recibir por dos años prorrogables una ayuda al alquiler, había que adquirir el compromiso de demoler la vivienda. La misma exigencia se establecía en el caso de que lograran ser beneficiarios de una VPO. El plan pasó sin pena ni gloria como se puede comprobar en estos días.

Y no tuvo buena acogida la última propuesta del gobierno municipal en la Altea. El presidente de su asociación vecinal, Julio Cortés, aseguró que «aquí no se puede tocar ninguna casa». Consideró que sería «una barbaridad» plantearlo -el alcalde incluyó esa zona entre las que podrían tener derribos «quirúrgicos»-. «Nosotros hemos cumplido todo lo que nos han pedido las Administraciones. Aquí, no hay que tirar ninguna casa, porque ésta es una zona regularizable. Si tienen que echar a alguien, será a precio de mercado. Para eso pagamos nuestros impuestos municipales», afirmó Cortés.

Y demandó a las Administraciones actuaciones: «Hay que limpiar el cauce; ampliar el cajón del río hacia la orilla opuesta, donde no hay viviendas y generar un paseo fluvial que ejerza de barrera y que se conectara con la escollera del aeropuerto».