Córdoba llega al decreto de los VTC a la cola de Andalucía en licencias de este tipo

«De momento, no vamos a adelantar nada ni hacer declaraciones», apuntan desde estas empresas, que ya hicieron pública su disconformidad con algunas de las «restricciones» planteadas (y ahora aprobadas) en el documento, «arbitrarias y desproporcionadas», como las relativas a las medidas mínimas que deberán tener los vehículos VTC.

Actualmente (a fecha 1 de septiembre), solo hay distribuidas en Córdoba 18 licencias de VTC en toda la provincia, que la sitúan a la cola de toda la comunidad junto con Jaén (8). Encabeza la lista Málaga, con 2.332; Sevilla cuenta con 412; Granada roza las 200 (197); a mayor distancia se sitúan Cádiz y Almería, con 90 y 88, respectivamente, y Huelva, que solo cuenta con 57 licencias de vehículos de transporte con conductor, según los datos del Ministerio de Fomento.

Esas 18 licencias no hacen ni un resquicio de sombra a las 752 con que cuenta el sector del taxi en Córdoba, que si bien es cierto que ha perdido 65 desde 2019, ninguna ha sido en la capital, donde desde 2013 mantiene 509, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), superando tanto la crisis económica como la pandémica sin que ningún conductor se haya dado de baja.

Con este decreto, no podrán darse nuevas licencias VTC si se supera la ratio de un permiso de este tipo por cada 30 taxis, pero es una referencia aplicable a toda la comunidad.

Si Uber decide regresar a Córdoba lo hará con muy mal sabor de boca. El recibimiento a la multinacional en 2018 no fue de todo, menos amigable; incluso un año previo a su implantación, el Pleno del Ayuntamiento ya votó en contra de conceder licencias VTC . Tras su llegada, el Consistorio, gobernado entonces por PSOE e IU, y los taxistas, hicieron un frente común para dificultar su desembarco. El que fuera concejal de Turismo entonces, Pedro García (IU), aseguró entonces que intentaría «por todos los medios» que Uber se instalase aquí.

La empresa empezó a operar a principios de octubre de 2018. En las primeras semanas comenzaron a trabajar 50 conductores profesionales a través de la aplicación en la capital, que pasaron a 75 en el arranque de 2020.

Entre las medidas para dificultar la actividad de Uber, el Ayuntamiento aprobó el 9 de octubre de 2018 una resolución por la que se denegaba el acceso a las Áreas de Circulación Restringida (Acire) a los vehículos de Aers Capital ( gigante del sector que aglutina la mayoría de las licencias) con los que operaba la plataforma Uber en la capital. Finalmente, una sentencia dio la razón a la multinacional.

No obstante, la pandemia del coronavirus terminó de darle la puntilla a Uber. Ante la previsión de una enorme pérdida de volumen de negocio, esta compañía con sede en Madrid decidió aplicar un ERTE entre sus trabajadores en mayo de 2020, que llevó a la práctica desaparición de este servicio en Córdoba. En octubre de ese año, desde la app se informaba de que «debido a la gran caída de demanda de transporte urbano en los últimos meses, nos hemos visto obligados a suspender nuestro servicio en Córdoba».

Ahora, una vez aprobado este decreto, tanto esta empresa de VTC como el resto tendrán que decidir si Córdoba le compensa ahora: un dato a favor es la posición que ocupa la capital en el ranking de visitantes que recibe (potenciales clientes), que la sitúa en el cuarto lugar, por detrás de Granada, Málaga y Sevilla. Sin embargo, los coletazos de los efectos de la pandemia siguen marcando distancias en términos absolutos en cuanto a los turistas que llegan ahora.

El sector del taxi de Córdoba, en sintonía con el del resto de la región, rechaza la ordenación de los VTC planteada en el decreto ley de la Junta. El presidente de este colectivo en Córdoba y de la Federación Andaluza de Autónomos de esta área de actividad, Miguel Ruano, la abordó ayer para ABC.

Fija zonas de especial protección en las que estos vehículos, salvo que estén contratados previamente o estén dando un servicio, no podrán estacionar ni realizar circulación continuada. Por ejemplo, serán de 300 metros para aeropuertos, puertos y estaciones de trenes y autobuses. Dicha medida, a su juicio, es «incumplible» porque «lo supedita todo a que haya un control cuando las VTC llevan campando a sus anchas muchos años. No hay vigilancia».

Además, la regulación no ha incluido una demanda que el taxi consideraba clave: que este tipo de vehículos hubiera que precontratarlos con, al menos, 15 minutos de antelación. «Eso está aprobado en distintos lugares como Galicia», aseguró Ruano.

Por estos motivos, entre otros, el taxi se opone «totalmente» al decreto ley aprobado. Aunque la presencia de las VTC sea minúscula aquí, Ruano avanzó que los taxistas cordobeses seguirán una «línea de unidad en las movilizaciones» con el resto de sus compañeros de comunidad. Añadió que, habrá «recurso contencioso-administrativo» contra la normativa.

Respecto a la posibilidad de que vuelvan a operar las VTC en la capital, Ruano dijo que «estoy convencido de que volverán. Lo que no sé es cuándo». Y restó importancia a que las autorizaciones para estos vehículos sea aquí de sólo 18: «Si decae el trabajo en determinados puntos de Andalucía, donde se concentran, estos operadores tienen libertad de movimiento. La autorización les permite trabajar en cualquier ciudad».

No prevén ninguna modificación en su estructura de descansos, que, matizó, es «una retirada voluntaria de vehículos de la calle, pues no hay trabajo para las 509 licencias existentes». El planteamiento para 2023, que elevarán al Ayuntamiento para su visto bueno, es «mantener» la estructura de descansos actual.

Consiste en que esas 509 licencias se dividen en seis grupos, con letras de la A a la F. Cada día de la semana de lunes a viernes, no circula una letra, con lo que retiran el 16% de la flota. Los sábados son dos las que no están activas; es decir, no circula el 33%. Y los domingos no trabajan tres letras, de forma que no están operativas la mitad de las licencias. Ruano recuerda que, cuando hay eventos en la ciudad, el modelo de descansos se «limita total o parcialmente».

Aunque lo previsto es que en 2023 esta estructura se mantenga, Ruano indicó que el sector se debe «adaptar a las circunstancias» y, «si la economía acaba de dar un trompazo», se podrían aumentar los descansos.