Un informe señala que sólo la Unión Futbolística Cordobesa cumple los requisitos para inscribirse

González presentó hace algunos días medidas cautelares ante el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba en las que pedía, como presidente del consejo de administración del Córdoba CF SAD, que se instara a la inscripción en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de la misma y se aclarara el proceder al respecto. El titular del juzgado requirió entonces al administrador concursal Francisco Estepa un informe sobre su inscripción, como ya avanzó ABC.

Según este informe requerido, que ya está en manos del juez, y al que ha tenido acceso ABC, la sociedad CCF SAD no cumple los requisitos que fija la propia Federación para inscribirse en la competición y por contra es Unión Futbolística Cordobesa (UFC) la legitimada para hacerlo. Circunstancia de la que no es ajeno el órgano que preside Luis Rubiales .

Y es que el movimiento de González provocó un efectó dominó cuando todo hacía presagiar que no habría problema en el registro de la sociedad controlada por Infinity . El requerimiento del juez de lo Mercantil, notificado a la Federación, y la propia solicitud de inscripción promovida por el exdueño del Córdoba, provocaron que el ente federativo dejara en suspenso la plena incorporación de la entidad blanquiverde hasta tanto se resolviera la duda suscitada por Carlos González a través de la instancia judicial mercantil, con un juez sustituto al frente por el estío.

A tenor de este informe de la Administración Concursal, la sociedad CCF SAD no está legitimada para solicitar esa inscripción e incumple requisitos básicos . Por ejemplo, disponer de campo de fútbol. El uso de las instalaciones municipales de El Arcángel fue incluido dentro del perímetro de la Unidad Productiva . También, porque no dispone de un número mínimo de jugadores con contrato para toda la temporada. «A día de hoy, la sociedad [CCF SAD] no tiene empleados al haberse subrogado en la totalidad de las relaciones laborales a la entidad compradira de la unidad productiva», reza el documento de respuesta al juez.

Igualmente se refiere al cumplimiento de las obligaciones económicas con otros clubes que la RFEF fija en su propio reglamento. Y es que el ente federativo inició un expediente contra el Córdoba por adeudar 250.000 euros al Lugo , que consta en la lista de acreedores citada en la información de la izquierda.

Hay dos obstáculos más. Que los derechos federativos del club fueron transferidos a Unión Futbolística Cordobesa (UFC), «y obviar ello podría suponer para el administrador que suscribe incurrir en responsabilidad penal», alega Francisco Estepa en el documento. Y otro impedimento de índole económica: «En la actual situación de insolvencia todo intento o voluntad de competir deportivamente por parte del primer equipo -con unos honorarios totales la pasada temporada de 3,4 millones de euros en Segunda B- necesitaría de un apoyo económico para ello».

Hay un dato importante que aparece en este informe en el que también se repasa todos los pasos que los administradores judiciales y concursales han venido dando desde que intervinieron al club el 8 de noviembre de 2019. El pasado 11 de agosto, Estepa comunicó ya al a Federación la imposibilidad de inscribir a CCF SAD y que la única opción plausible es la de la sociedad creada por el fondo soberano Infinity.

El análisis de la administración concursal ahonda también en el rol desempeñado por Carlos González y su empresa Azaveco , tenedora de las acciones en el CCF SAD. «El irregular proceder», dice el informe, que por otro lado insiste en que la representación legal y las facultades decisorias de esa sociedad están en manos dela administración concursal, mientras el consejo de administración en el que se apoya el empresario tinerfeño «está vaciado de f acultades patrimoniales habida cuenta los términos en que se declaró el concurso».

El informe de la administración concursal del Córdoba CF SAD, que lidera Francisco Estepa, también recoge la petición de auxilio judicial al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba en dos cuestiones: uno dirigido a la Federación Española de Fútbol y otro por posibles consecuencias penales de las actuaciones de Azaveco.

Estepa pide auxilio judicial para que requiera a la FEF que dé cumplimiento a la inscripción de UFC en Segunda B por ejecución del auto judicial que permitió la venta de la unidad productiva del club, que dictó Antonio Fuentes en primera instancia. Lo justifica en que «tenga a UFC como sucesora de la concursada de los derechos federativos y licencias anejas que dan derecho a competir en las correspondientes competiciones oficiales organizadas por la RFEF ».

Además, la administración concursal también requiere auxilio judicial para que requiera a la Federación con el objetivo de que «informe» al Mercantil de Córdoba de «las peticiones y/o solicitudes cursadas por el Consejo de Administración del Córdoba CF SAD , o por la mercantil Azaveco SL en representación del CCF SAD, frente a dicho organismo federativo dirigidas a la inscripción de la sociedad en las competiciones oficiales la RFEF para la temporada 202-21» porque pudieran, a juicio de Estepa, «atisbar» de estas actuaciones « la posible comisión de diversos delitos penales », sin perjuicio «de las consecuencias que pudieran tener en una hipotética pieza de calificación del concurso».

Incluso, le solicita al Mercantil, que en el caso de conceder esta segunda petición de auxilio judicial, que «se dé traslado de dicha información al Ministerio Fiscal por si la misma pudiera ser constitutiva de delito».