Córdoba CF | Carlos González vuelve a recurrir en el Juzgado para anular la venta de la Unidad Productiva

Según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, Azaveco SL ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba una demanda incidental contra la administración concursal de la sociedad Córdoba CF SAD (Francisco Estepa), la propia entidad y Unión Futbolística Cordobesa (tenedora de la unidad productiva). El objetivo, como señala en su demanda, es dejar sin efecto la declaración del concurso de acreedores que hace un año dio pie a la venta de la Unidad Productiva en un auto del anterior magistrado de lo Mercantil Antonio Fuentes el 18 de noviembre de 2019.

Tras esta petición, el letrado de esta instancia ha solicitado la apertura de diligencias, formándose una pieza separada . Ante la demanda cabe recurso de reposición en un plazo de cinco días. El escrito fue presentado el pasado 10 de noviembre . Se desconoce, por el momento, cual puede ser el recorrido de esta nueva estrategia iniciada por Azaveco. Los autos de la venta de la unidad productiva del Córdoba CF SAD a Unión Futbolística Cordobesa (UFC) son firmes.

La base de este intento de Carlos González gira en torno a una cuestión formal . La venta de la Unidad Productiva se produjo en un segundo concurso de acreedores sobre Córdoba CF SAD y sin que se cerrara el primero abierto sobre la misma sociedad en 2011 y que hace un año estaba todavía en fase de convenio -aunque con incumplimientos graves señalados por su administrador judicial-.

«Se superponen indebidamente y de manera contraria a la ley y el sentido común, dos procedimientos concursales en curso, al mismo tiempo», esgrimen los asesores de Carlos González, quienes añaden que «el auto de autorización dictado en el segundo procedimiento concursal interfiere de tal manera en el primero que una resolución judicial impediría el cumplimiento del convenio por parte de la entidad Córdoba Club de Fútbol SAD en el primer procedimiento en trámite».

Hay que recordar que una de las condiciones puestas el año pasado por el Juzgado de lo Mercantil y los administradores judiciales y concursales del club para la venta de la Unidad Productiva era destinar el dinero depositado por los ofertantes a saldar los impagos que arrastraba el primer concurso en su fase de convenio tal y como había denunciado meses atrás el primer administrador concursal, Daniel Pastor , con quien González también terminó en los tribunales.

Otro de los argumentos usados por González son los requisitos exigidos por el Juzgado para participar en dicho proceso de compra , que acabó con solo una oferta (la de UFC, sostenida por el fondo soberano de Baréin Infinity): consignar en una semana 3,25 millones de euros, crear una nueva sociedad deportiva anónima y presentar un proyecto deportivo, algo «prácticamente imposible para un tercero», alega el empresario, quien incide en que el 26 de noviembre se dictó auto autorizando la venta a UFC y sin que hubiera otra oferta.

La demanda la firma, entre otros, el letrado canario Javier García Marrero (del bufete Pérez Llorca), que fue magistrado de lo Mercantil en el Juzgado número 5 de Madrid. Entre sus especialidades está, precisamente, la venta de unidades productivas, eje central de toda esta cuestión.