Una empresa denuncia a González Calvo y al Córdoba CF por presunta estafa y falsedad documental

El titular del juzgado ha abierto diligencias de investigación después de admitir a trámite la denuncia presentada por la empresa Pro Fit Spirit, a la que supuestamente le adeudan algo más de 325.000 euros por la construcción de un campo de fútbol 7 de césped artificial en la Ciudad Deportiva (ver imagen inferior), así como por determinados servicios técnico-deportivos en los próximos siete años asociados a estas nuevas instalaciones.

La denuncia de la empresa que se hizo cargo de la ejecución del campo (ya que no comenzó en ningún momento los servicios técnico-deportivos posteriores) se dirigió contra González Calvo y toda la cúpula del conjunto blanquiverde. Sin embargo, el juez sólo ha llamado a declarar como investigados (lo que antes se conocía como imputados) hasta el momento a tres de los denunciados: el ex consejero delegado Javier González Calvo y dos altos cargos del club actualmente.

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La denuncia recoge unos hechos que podrían encuadrarse en un «presunto delito de estafa y de falsedad en documento privado, entre otros ilícitos que puedan quedar acreditados a lo largo de la investigación judicial», según relata con detalle la denunciante en el escrito al que ha tenido acceso ABC Córdoba.

Los hechos que se denuncian parten del día 11 de noviembre de 2022 cuando la firma denunciante suscribió con el Córdoba CF un contrato por el que se comprometía a la construcción de un campo de fútbol 7 de césped artificial en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, ubicada en el popular Camino de Carbonell, junto a la A-4, y donde entrena el primer equipo y disputan sus partidos otras categorías. En concreto, se trata de un campo de fútbol 7 de albero y sin uso que está situado detrás de la grada del campo principal en el que entrenan los pupilos de Iván Ania. Tras la intervención se transformó en un campo de F-7 de hierba sintética.

Tras la ejecución de dicho campo, esta empresa prestaría los servicios de tecnificación deportiva a los futbolistas de las categorías inferiores del Córdoba CF. En representación del club, el contrato fue suscrito por Javier González Calvo en su condición de, según manifestaba en el contrato en esa fecha (2 de noviembre de 2022), «consejero delegado» del club.

El contrato tiene una duración de siete años y la empresa contratada debía percibir una remuneración de 3.400 euros mensuales, actualizados anualmente, en 84 pagos, impuestos no incluidos, a partir de mes siguiente a la finalización de la construcción del campo de fútbol —dice la denuncia—. Siendo condición esencial del contrato —continúa—, el cumplimiento de su plazo de duración, en garantía del cumplimiento de sus obligaciones, el Córdoba prestó aval.

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«Tanto del contrato como del aval se hace necesario resaltar, pues en él reside el dolo antecedente que integra el elemento del tipo de la estafa, que a diferencia de lo manifestado en el contrato de González Calvo en el otorgamiento del aval manifiesta actuar 'como representante', pero no como consejero delegado, del Córdoba. Un extremo que no resulta baladí», sigue el denunciante en su escrito.

Tras la construcción del campo de fútbol —que tuvo amplia cobertura mediática— con un coste para el demandante de 103.821,50 euros, el Córdoba hace suyo dicho campo a plena satisfacción, y el denunciante, el día 15 de mayo de 2023, comunica la finalización de los trabajos y el inicio de los pagos que le tienen que ser satisfechos. Sin embargo, según los denunciantes, «a partir de este momento, el Córdoba ejecuta el plan que tenía preconcebido, consistente en no abonar el precio del contrato».

En otras palabras, el Córdoba y los cargos denunciados, según afirma en la denuncia presentada a finales de julio de este año en el juzgado, «sabedores de que González Calvo había sido cesado como consejero delegado a la firma del contrato y el aval, permitieron que los suscribiese, consintieron que la empresa constructora del campo de césped lo ejecutase y, cuando finalizada la construcción del campo de fútbol y ya en su poder, aprovecharon tal engaño para causar a esta empresa un perjuicio patrimonial ascendente a 103.821,50 euros, más el causado por impedir la prestación de servicios de tecnificación deportiva, por lo que ascendería a más de 326.000 euros».

El ex consejero delegado del Córdoba González Calvo, en declaraciones a ABC, señaló este miércoles que no tiene constancia de su situación judicial como investigado, ya que «no me han dado traslado» del auto, argumentó. Además, el extremeño añadió a este periódico que «la situación» con la empresa «está en vías de solucionarse» después de que mantuviese una reunión con la misma en septiembre.

ABC también se puso este miércoles en contacto con el Córdoba CF para conocer la versión del club respecto a esta denuncia. Sin embargo, la entidad blanquiverde decidió no realizar ningún tipo de manifestación pública, aunque fuentes de la misma aseveraron que defenderán los intereses del club.

El centro del caso es constatar si Javier González Calvo tenía o no poderes suficientes como consejero delegado (lo fue hasta el 24 de febrero de 2022) para contratar o avalar en nombre del Córdoba. Fuentes de toda solvencia consultadas ayer por este periódico estiman que «no los tenía» y el contrato tendría que haber sido aprobado en el consejo de administración, ya que se firmó en noviembre de 2022.

Las partes han mantenido algunas conversaciones con el objetivo de intentar alcanzar un posible acuerdo para zanjar el asunto fuera de los tribunales. Sin embargo, no está garantizado que pueda plasmarse, ya que las citadas fuentes advierten de la complejidad del mismo debido a que el campo podría haberse entregado con defectos, con un precio fuera de mercado o incluso no exento de otras circunstancias singulares. Si el Córdoba tuviera que hacer frente al aval o a un precio definitivo que se le reclama, tendría la facultad de reclamárselo posteriormente al propio González Calvo por las vías oportunas..