Investigan la compra irregular de gambas, langostinos y paté en el ayuntamiento socialista de Villaviciosa de Córdoba

Todo ello ha levantado una enorme polvareda y malestar en la oposición que exige explicaciones y que ha derivado en que la alcaldesa, Gema González, haya abierto un expediente de información reservada (investigación interna) eludiendo la petición de una comisión abierta de investigación de la propia oposición.

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Los grupos políticos del Ayuntamientos aseguraron en el último pleno que «el rumor estaba en el pueblo desde hacía tiempo», pero lo que encendió todas las alarmas fue una factura el pasado mes de abril. Gema González explicó en esa sesión que «nos llegó una factura de un comercio el 2 de abril sin ticket, que correspondía al año 2024, cuando en los supermercados se paga al momento». Una irregularidad que empezó a ser investigada.

En mayo pasado, la alcaldesa cesó a la concejal Ana María Casas (PSOE) alegando «pérdida de confianza» aunque coincide con la polémica de las facturas irregulares. La relevó de sus funciones en las Concejalías del Mayor, Bienestar Social, Mantenimiento, Limpieza, Organización de Medios Técnicos y Humanos, Protección Civil y Deportes. Pocos días después, sería la propia concejal la que presentó un escrito para formalizar su salida del grupo socialista y pasar al grupo mixto. Este periódico ha intentado hablar con Casas sin que haya obtenido respuesta, por ahora.

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A partir de ahí, la alcaldesa abrió un expediente de información reservada en relación a «las discrepancias entre las facturas presentadas al Ayuntamiento por parte de un comercio del municipio y los tickets que conformarían las mismas. Es decir, facturas para material de limpieza que coinciden con tickets de compra que podrían ser para otros fines.

ABC ha podido comprobar que en algunos tickets de compra en aparecen conceptos como «cajas de langostinos, crema solares y productos para el hogar» y coinciden en importe y fecha con facturas cuyo objetivo era otro: adquirir material de limpieza para las distintas concejalías. Ahora es el turno de la Secretaría del Ayuntamiento, que elabora a día de hoy ese informe reservado para esclarecer los hechos.

Tal y como aseguraron los grupos políticos en el pleno del 26 de mayo, las compras de comida pueden ser para «familias vulnerables del pueblo», pero los tickets investigados no son productos de primera necesidad tal y como ha podido comprobar ABC. La propia regidora se negó a dar el listado de familias que supuestamente recibieron la compra por «protección de datos».

Fue uno de los temas principales en el pleno de mayo. La concejal señalada, Ana María Casas, aseguró que «si de algo soy culpable es de no haber seguido las pautas correctas y no saber llevar un control a la hora de desarrollar algunas de mis funciones como concejal. Soy culpable por confiar en la gente a ciegas que ahora se aprovechan de la situación».

«No puedo defenderme de acusaciones vacías, quiero dejar claro que me defenderé, y lo haré desde dentro». Por lo pronto no voy a dimitir, porque irme sería dar la razón a todas las personas que han intentado hundirme. mi salida será cuando yo lo consideré, cuando sea oportuno. Además añadió que «me han quitado mis responsabilidades por indicios, me defenderé cuando haya algo formalmente que se pueda demostrar».

Por su parte, el PP amplía a 2023 estas prácticas que fueron enumeradas en el mismo pleno del Ayuntamiento. El grupo popular, a través de su portavoz Rosa Fernández, asegura que «hay malversación de fondos públicos».

Por su parte, la alcaldesa asegura que «hemos pedido al PP esa documentación (facturas y tickets) que al Ayuntamiento no tiene porque cada factura pasa muchos filtros, aquí no se paga todo lo que entra. No nos corresponde a nosotros acusar a nadie, cuando se resuelva el expediente se dará la información».