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tribunales

Compraban lotería premiada en Córdoba para blanquear el contrabando de tabaco: cinco condenados a penas de prisión

Dos de estos acusados pertenecientes a un grupo dedicado al contrabando de tabaco cobraron 14 premios de la ONCE y tres quinielas acertadas

19 acusados de contrabando de tabaco en Córdoba se enfrentan a 142 años de prisión

Operación policial contra el contrabando de tabaco en Córdoba en una imagen de archivo abc
Pilar García-Baquero

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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado en una sentencia de conformidad a penas de seis meses de prisión a cinco de los siete acusados -el Ministerio Público retiró la acusación contra dos de ellos- por un delito de blanqueo de capital- procedente del contrabando de miles de cajetillas de tabaco y a multas que superan en suma los 460.000 euros.

La sentencia facilitada a ABC por el TSJA recoge como hechos probados que a consecuencia de las investigaciones realizadas por la Comandancia de la Guardia Civil por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, EDOA 2 de Lérida, en el ámbito de la Operación Mosado-Terciopelo, se detectó la supuesta participación por parte de los acusados como miembros de una organización criminal en actividades destinadas al contrabando de tabaco en la localidad de Santaella dando lugar a una causa por la que están siendo investigados por su presunta participación en un delito continuado de contrabando, actividad a través de la cual los acusados habrían obtenido un beneficio ilícito.

Dos de los acusados, además, ya había sido condenado por hechos similares por un delito de contrabando. De esta forma, en fecha no determinada, pero en todo caso desde el año 2009 hasta el 14 de noviembre de 2014 en el que se procedió a la apertura de las anteriores diligencias, los acusados actuando en el entramado de una organización dirigida por J.C.G., procedieron a desviar los beneficios ilícitamente obtenidos de la actividad de contrabando, para lo cual simularon el cobro de varios premios de Lotería mediante localización y compra de Lotería premiada obteniendo posteriormente los correspondientes certificados, a través de una administración de loterías.

De esta forma, la acusada N.H. cobró tres premios de la quiniela de la ONCE entre las fechas 5 de octubre de 2009 y 7 de diciembre de 2012, ascendiendo la cuantía total a la cantidad de 258.094,87 euros; el acusado Juan C. G. procedió al cobro de 14 premios de sorteos de la ONCE entre el 1 de enero de 2009 12 de noviembre de 2012, ascendiendo el total cobrado a la cantidad de 28.663,78 euros.

Por su parte el acusado J.M.C., procedió al cobro de dos premios el 26 de marzo de 2010 y el 21 de febrero de 2011, alcanzando un total de 16.389,44 euros, según el fallo judicial. Del mismo modo, el acusado B. C. G. cobró un premio en fecha 18 de junio de 2013 figurando como perceptor su hijo ascendiendo el mismo a la cantidad de 60.000 euros. Por su parte, el acusado F.J.D.R. cobró a través de su esposa M.P. R. un premio de la ONCE que asciende a la cantidad de 90.000 euros.

Y con igual ánimo de desviar el dinero obtenido de la actividad ilícita procedieron los acusados a la celebración de contratos de compraventa de bienes inmuebles y otras propiedades a través de terceros adquirentes de buena fe; así en concreto, el acusado F.J C. D. R. adquirió en fecha 11 de abril de 2013 de seis fincas de la localidad de Santaella utilizando a sus hijos menores de edad, de 5 y 10 años de edad, como testaferros pagando la cantidad de 8.264,46 euros por cada una de ellas, siendo esta cantidad inferior al valor real de los inmuebles con entregas de dinero en efectivo adicionales.

Empresas interpuestas y testaferros

Los acusados han hechos uso de empresas interpuestas que no ha realizado actividad alguna desde su constitución, como una sociedad de Santaella que no ha tenido actividad alguna ni se ha localizado inscripción en el Registro Mercantil, y otra compañía cuya única actividad ha sido la adquisición de dos solares contiguos y la presentación de un proyecto de viviendas que nunca se realizó, estando todas ellas a nombre de los miembros del clan familiar acusado.

Finalmente, según el fallo judicial, «se hace constar en las cuentas de los acusados ingresos en metálico y pagos de créditos que no casan con la escasez de ingresos obtenidos por rendimientos de trabajo, así como la utilización de vehículos de alta gama que no concuerdan con la ausencia de actividad laboral remunerada o el cobro del desempleo«. El total de dinero blanqueado por cada uno de los acusados asciende a unos 460.000 euros.

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