Citado a declarar el alcalde de Pozoblanco por la querella de IU relativa a Recursos Humanos

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S. L.

La denuncia defiende que «desde el Ayuntamiento se ha sostenido un entramado de contrataciones temporales fuera de la normativa y del reglamento de bolsa de empleo»

Según recoge el auto, «los hechos relatados en la querella presentan, aparentemente, los caracteres de un delito de prevaricación administrativa, el escrito reúne los requisitos establecidos en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) y este Juzgado es competente para la instrucción de la causa, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de dicha Ley». Por todo ello, procede admitir a trámite la querella.

En este sentido, el juez acuerda incoar diligencias previas, entre ellas las citaciones para el día 11 de marzo de los querellantes en esta causa, así como los querellados. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma ante el Juzgado y de apelación.

Al respecto, el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez; el coordinador comarcal de IU en Los Pedroches y exconcejal de IU Pozoblanco, Miguel Calero; la concejal de IU en el Ayuntamiento de Pozoblanco, Natalia León, y la abogada Amanda Meyer anunciaron en octubre la presentación de la querella contra el alcalde y la exconcejal de Recursos Humanos.

En una rueda de prensa, la abogada explicó que «la querella cuenta con 45 documentos que sustentan el relato de los hechos, los cuales exponen detalladamente cómo desde el Ayuntamiento se ha sostenido un entramado de contrataciones temporales fuera de la normativa y del reglamento de bolsa de empleo».

Meyer subrayó que «estas contrataciones, además de contar con el rechazo reiterado de la Secretaría General y de los informes de Intervención, evidencian un esquema planificado para tejer una red clientelar con el propósito de favorecer al PP en la localidad».

«Estamos hablando de decisiones tomadas de manera deliberada y sostenidas en el tiempo, en las que se ha desoído cualquier advertencia técnica y se ha puesto el aparato administrativo al servicio de intereses partidistas», señaló.

La letrada destacó tres aspectos «fundamentales» de la querella, como son «la contratación temporal de personal en contra de las advertencias de la Secretaría General; el incumplimiento de los procedimientos administrativos al realizar contrataciones al margen del reglamento de bolsa, lo que constituye un grave atentado contra los principios de transparencia y legalidad, y el caso particular de la contratación de Jesús Torres, hijo de la secretaria del alcalde, quien fue dado de alta en la Seguridad Social y cobró varias nóminas del Consistorio sin que existiera una contratación formal que lo amparase».

Así, enfatizó que «esta situación ilustra la gravedad de los hechos y la descarada violación de la normativa en beneficio de personas cercanas al alcalde y a su equipo». Según Meyer, «el propósito de la querella es que el juzgado investigue estos hechos y determine las responsabilidades penales que correspondan, dado el perjuicio al interés público y el impacto en la calidad democrática del municipio».

El alcalde ya aseguró que «en ningún caso» se ha producido por su parte «un trato de favor hacia ningún trabajador, ni tampoco la firma» de «dos decretos y contratos para un mismo puesto», a la vez que reforzó el área de Recursos Humanos. En su opinión, el gobierno municipal del PP sufre «una campaña orquestada de acoso y derribo, que se basa en informaciones sesgadas y en mentiras».