Primera plana
Las cifras dictan sentencia
La Justicia tiene un grave problema de funcionamiento y la sociedad no está teniendo derecho a que se le preste un servicio básico en condiciones
Los libros al sol
Córdoba
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Iniciar sesiónLas cifras dictan sentencia: la Justicia en Córdoba, como en el resto del país, tiene un gravísimo problema de funcionamiento. Este mes, se conocía que a finales de junio se acumulaban en la provincia más de 48.500 casos pendientes y unas 38. ... 300 sentencias sin ejecutar. Los datos —con el registro más alto de causas por resolver— son espeluznantes y evidencian el atasco con el que se topan los ciudadanos, las empresas o las instituciones cuando deben ir a los tribunales. Hoy en día no son esa autovía por la que los litigios deberían circular a alta velocidad para que se resarzan los derechos de quienes acuden a ellos con rapidez, una cuestión básica.
De los achaques de la Justicia en nuestra tierra vimos la pasada semana un claro ejemplo. La Audiencia Provincial confirmó la absolución de 97 joyeros en el caso 'Fénix', que se consideró el mayor fraude de oro negro de España. En el origen de la resolución, hay un elemento sonrojante: fue imposible abrir la cinta DAT, un disco de memoria que guardaba toda la información recogida en los registros realizados por la Agencia Tributaria y Aduanera. La investigación arrancó en 2006 y hubo que esperar a 2020 para que llegara el primer fallo, que ahora ha sido ratificado. Cierto es que era una macrocausa pero 14 años para un proceso se antojan excesivos.
Pero da igual que el litigio sea grande o pequeño. Aquí de lo que hablamos es de que la sociedad no está teniendo derecho a que se le preste un servicio básico en condiciones. Porque los tribunales no dirimen con la celeridad necesaria.
Y ahora, dado que voy teniendo una edad, me van a permitir, lectores, que me ponga en modo 'abuelo cebolleta' y que me repita respecto a otras 'Primeras planas'. Ésta es una de las cuestiones que necesita de un pacto de Estado para que se programen y presupuesten entre el Gobierno central y las comunidades las medidas necesarias para que en un periodo concreto de tiempo —el que se fije, pero que se cumpla— se acabe el colapso de la Justicia. No hacerlo es dejar que se resquebraje uno de los pilares de nuestro sistema democrático. Esas grietas son por las que no se nos cuelan los peligrosos movimientos antisistema.
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