El Ayuntamiento de Córdoba pelea una ayuda europea de 11,4 millones

El Gobierno concedió esos 11,4 millones de euros con el propósito de establecer distintas líneas de trabajo para mejorar la movilidad de la ciudad y su impacto ambiental. Pretendían adquirirse vehículos para Sadeco de distinta tipología y un autobús para Aucorsa con el objetivo de introducir una nueva fuente de energía: el hidrógeno.

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El Gobierno dio su visto bueno al monto total de la subvención pero una segunda lectura de las bases, ya con la concesión efectuada, encendió todas las alarmas. Se habían superado los precios unitarios de los vehículos a adquirir. Y eso generaba un problema. Cuando se concede una subvención hay que justificarla y ello generaba problemas serios. No estaba nada clar que el Ayuntamiento comprase los vehículos, se gastase los 15 millones totales y el Gobierno le dijese que tenía que reintegrar una parte muy importante de la ayuda concedida. El problema es puramente técnico: se superaban los costes unitarios por vehículo que eran financiables.

El Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes iniciaron una serie de conversaciones con el objetivo de encontrar una salida a un problema que se reconoce por ambas partes. Y aquí es donde llegan los problemas. El Ayuntamiento está dispuesto a reordenar el gasto e incluso a perder algo de la ayuda. Pero no a hacer el tonto, según se deduce del contenido de las negociaciones. Es decir, no va a pagar los vehículos en su integridad ni a renunciar de forma relevante a las cantidades concedidas.

Las partes se han intercambiado distintas propuestas sobre las salidas posibles al entuerto pero las posturas están muy alejadas. Una de las ideas del Gobierno es dejar la cantidad subvencionada en unos cinco millones de euros lo que no gusta un pelo en el Ayuntamiento porque lo que le dieron fueron once millones.

El Consistorio sostuvo en sus alegaciones que el principal problema es que un error ajeno a sus responsabilidades le ha generado un problema de seguridad jurídica y patrimonial. De hecho, exige que se actúe respetando los principios de buena fe, lealtad institucional y respeto al ejercicio legítimo de competencia. La diferencia, en cualquier caso, no es menor. Un ejemplo de ello es que la cantidad máxima subvencionable de un autobús de hidrógeno era de 200.000 euros. El que se le autorizó a adquirir el Ayuntamiento de Córdoba cuesta, aproximadamente, unos ochocientos mil euros.