El Ayuntamiento de Córdoba aprueba por unanimidad la ordenanza de Movilidad

Porque ese es el cambio más relevante de la nueva norma que tiene que poner paz entre peatones, ciclistas, conductores, motoristas y patineteros. Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), o patinetes eléctricos, dejan de ser considerados como un juguete, un regalo para llegar antes al trabajo o al instituto, y pasan a ser un vehículo con toda la barba.

Los partidos realizaron una glosa del trabajo realizado teniendo en cuenta que se trata de una norma global, que sale pactada y que se va a poner en marcha sin grandes discrepancias. Sin embargo, el patinete eléctrico es el gran invitado al fondo de la fiesta, un boom pendiente de regular que ha sufrido un enorme incremento de usuarios.

En términos generales, la nueva norma establece un catálogo pendiente de redactar con las vías peatonales donde no se podrá circular en bici o patinete y las que sí, obliga a que se lleve seguro obligatorio en el patinete, establece la circulación preferente de ciclistas y patinetes por carriles bici, reaorganiza la carga y descarga, y apunta cambios en la organización de paradas de taxi pactados con el sector.

El teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, saludó el espíritu constructivo que ha presidido toda la gestión de la ordenanza que se aprueba con el propósito de que se aplique durante varias corporaciones por partidos de todos los colores. Para ese consenso sea posible, se han aceptado seis enmiendas, alguna del PP, con el objetivo de que el texto esté a gusto de todos.

Por su parte, el concejal del PSOE José Rojas agradeció el trabajo iniciado por el anterior responsable de Movilidad, Andrés Pino, y del fallecido jefe técnico del área, Antonio Valdenebro, que fueron los primeros impulsores de la iniciativa. Rojas abogó por ligar las actuaciones de movilidad con el cambio climático con el objetivo de mejorar la calidad del aire. Cristina Pedrajas, de Podemos, aseguró que el fin último debe de ser la promoción de la bicicleta.

Una de las novedades que se conocieron en el debate fue que las Zonas de Bajas Emisiones, que no van en la ordenanza, pueden ser prorrogadas. Las ZBE son lugares de las ciudades en donde solo podrán circular vehículos eléctricos o de hidrógeno. En teoría, deberían estar en marcha el 1 de enero de 2023 pero en ninguna ciudad mayor de 50.000 habitantes se están cumpliendo plazos por el alto coste de los vehículos eléctricos o de hidrógeno. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista Abel Caballero, acaba de pedir al Gobierno que prorrogue un año su puesta en marcha. Es una medida que avalan alcaldes de todos los colores políticos.

Si la ordenanza de movilidad puso la parte unánime, la gestión extrajudicial de facturas puso el pique. Se trata de cantidades que proceden de años presupuestarios cerrados o de partidas agotadas y que precisan de una autorización expresa del Pleno aunque sean cantidades menores, de apenas unos euros.

La más polémica fue la factura emitida por un hotel de cinco estrellas del barrio de Salamanca por un fin de semana en el que viajó a Madrid a mantener encuentros con una entidad de organización de competiciones de pádel con la que el Instituto Municipal de Deportes tiene contactos para llevar a cabo proyectos en Córdoba. El coste de la factura es de 338 euros.

El concejal responsable, Manuel Torrejimeno (Cs), reconoció que su esposa le acompañó en el viaje que coincidió con uno de los fines de semana previos a la Navidad coincidiendo con una prueba del World Padel Tour. La primera explicación es que la parte del coste de su familiar fue abonada de su bolsillo.

En el Pleno, alteró esa primera explicación. El concejal de Deportes aseguró que el coste del hotel para una habitación es el mismo con y sin acompañante. Dijo también que no hubo cargos extra como desayunos y que solo se presenta una factura normal de hotel por un viaje normal de trabajo con el objetivo de atraer eventos a Córdoba.

La concejala socialista Carmen Campos negó que se haya procedido con transparencila, explicó que solo se incorporó la factura cuando se le pidieron explicaciones concretas y aseguró que sigue sin quedar claro quién contrató ese hotel concreto, en un barrio de lujo de Madrid y con la mayor categoría posible. Campos instó a Torrejimeno a retirar la factura y a pagarla de su bolsillo al entender que se trata de una actividad privada. La factura se pagará con los votos a favor de PP y Cs así como las abstenciones de IU y Vox, que dijo que lo hacía «tapándose la nariz».

El Pleno llegó a estudiar hasta una decena de expedientes de facturas antiguas de apenas unos euros que generaron el debate de si es lógico que se tenga que acudir a este tipo de figuras que, según Vox, son una mala praxis. IU entendió que lo esencial es que el proveedor cobre y recordó a algunos grupos que estaban votando contra sus propias facturas, gastadas en el mandato anterior.