El Ayuntamiento de Córdoba acumula ya «más de 40» demandas judiciales por la recogida neumática de basura

La concejala del PSOE Carmen González ha explicado en uno de los ruegos al equipo de gobierno del PP durante el Pleno Ordinario de noviembre, que fue suspendido el jueves y se ha retomado este lunes, que ya son «más de 40 los procesos judiciales» que han sido notificados al Ayuntamiento por la recogida neumática, según les reconoció el gerente de Urbanismo en la última reunión.

La socialista ha pedido al Ayuntamiento que la «asesoría jurídica» les explique a los grupos municipales «cuál es la estrategia de defensa» de unas reclamaciones judiciales que «pueden dejar un agujero económico» en las cuentas del Consistorio.

Ha hecho esta petición después de que, según su versión en el Pleno, el gerente de Urbanismo les confirmara que efectivamente habían «optado por el silencio administrativo», en este caso negativo para los solicitantes de las reclamaciones patrimoniales en vía administrativa.

Una situación que ha obligado a los administrados a acudir a la vía judicial para intentar compensar los perjudicios económicos generados «por unos servicios» que han tenido que instalar en sus edificios, pero que «no pueden usar» porque el «Ayuntamiento no ha ofrecido una alternativa al anulado plan especial, que habría evitado» la judicialización del proceso.

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El sistema de recogida neumática de residuos fue promovido por el cogobierno de IU-PSOE. Todos los edificios nuevos fueron obligados a instalar el sistema. Luego, el plan especial para ubicar la central para esos residuos fue anulado por el TSJA ya con el gobierno del PP en Capitulares. Los populares no recurrieron al Supremo la resolución judicial. Tampoco buscaron ninguna otra ubicación a la misma ni ofrecieron soluciones a los afectados por un servicio que han pagado y no pueden usar.

A partir de ahí, comunidades y propietarios comenzaron a presentar reclamaciones patrimoniales contra el Ayuntamiento y la GMU en vía administrativa. La estrategia del Consistorio ha sido no contestar las mismas y dar lugar a la desestimación de estas por silencio administrativo negativo. A final de octubre, ABC publicó que se habían producido las primeras demandas de los afectados en el Contencioso-Administrativo en la vía judicial. Ahora ya llegan a más de 40.

Según González, el gerente de Urbanismo les explicó que el Ayuntamiento, que no ha negociado con los perjudicados en vía administrativa, tampoco lo hará «en la primera instancia judicial», puesto que la concejala socialista aclaró que les explicó que «según cómo nos vaya en primera instancia, ya veremos qué se hace en segunda instancia» judicial. Por eso, ha solicitado que «la asesoría jurídica» les explique en los órganos correspondientes «la estrategia de defensa del Ayuntamiento», porque «de salir mal, puede ser un agujero económico» para el Consistorio.