La Audiencia de Córdoba juzga a 8 acusados de maltratar y estafar al seguro con la muerte de más de una decena de caballos

La estafa, según el escrito de acusación, en comprar estos caballos de bajo perfil por unos 500 a 700 euros cada uno y asegurarlos por cantidades de hasta 21.000 euros en estas explotaciones relacionadas con una misma familia en la Campiña entre los años 2010 y 2014.

El juicio, que ha quedado visto para sentencia, en el que la Fiscalía no acusa, fue instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montilla quien procesó a los ocho acusados por estos hechos que habían cobrado o iban a cobrar del seguro en suma más de 260.300 euros.

El auto judicial ponía en relieve para el procesamiento de los encartados que «resultaba realmente elevado el número de muertes de caballos en las explotaciones de los investigados; que no comunicaran las muertes a la Oficina Comarcal Agraria (OCA); que los investigados dijeran que los équidos no mostraron sintomatología antes de morir de cólico; que no recibieran ningún tratamiento veterinario antes de su muerte; que los animales estuvieran a nombre de las esposas de los dueños como tomadoras del seguro si no tenían nada que ver con la explotación; o que ataran algún caballo con 70 centímetros de cuerda provocando que se asfixiaran, entre otras cuestiones calificadas por el juez instructor de «extrañas».

La acusación particular recoge en su escrito, al que ha tenido acceso ABC, que estas actuaciones se iniciaron dentro del marco de denuncia interpuesta por un experto inspector de seguros al constatar «la excesiva mortalidad de équidos en las explotaciones de caballos de Fernán-Núñez y Montemayor, en las que todos los denunciados eran en su mayor medida titulares, explotadores y usuarios».

Dentro de estas localizaciones, según los representantes legales de dos aseguradoras, se aprecia, a la vista de las pruebas indiciarias y esenciales practicadas en estos autos (documentales, testificales y periciales), «que la muerte de los caballos, siempre en todos los casos, viene precedida por el actuar humano, en unos casos por acción, y en otros por omisión dolosa -dejar morir-, provocador de un sufrimiento a los animales, que dadas sus circunstancias llega a provocarles la muerte a todos ellos de forma súbita, sin posibilidad de un tratamiento veterinario anterior inmediato y sin vigilancia alguna durante el tiempo en que comienzan la sintomatología del llamado cólico».

Consecuencia de ello, según uno de estos escritos de acusación «todos los acusados participan en el lucro económico derivado de las indemnizaciones económicas abonadas por las distintas entidades aseguradoras en sus cuentas particulares, respecto a unas, y en una cuenta común, en otras, abierta en favor de una Comunidad de Bienes».

De las pruebas, según este letrado del seguro, se aprecia «en todas las pólizas suscritas un supra seguro, dentro del 'modus operandi' que los acusados tenían preconcebido para llevar a efecto la trama ilícita, adquiriendo équidos de baja valoración de entre (500 y 700 euros y asegurándoles posteriormente en valores de entre 2.000 y 21.000 euros, habiendo percibido, que se pueda constatar y de forma global, la cantidad que asciende a 200.800 euros«.

En este escrito, las acusaciones solicitan para cada uno de los nueve acusados por el delito de estafa penas de hasta 4 años y medio de prisión por el delito de estafa continuada, y por el delito de maltrato animal, una pena de prisión de dos años y dos meses, y la inhabilitación especial para la tenencia de animales. La responsabilidad civil que solicitan para los acusados asciende a 200.208 euros.