La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a Server O. a 16 años de prisión por el asesinato de E.D., de 47 años, al que asestó una puñalada en el cuello cuando este abrió la puerta de una vivienda en ... la calle Platero Pedro de Bares la mañana del 11 de abril de 2024. La resolución, dictada tras veredicto de culpabilidad emitido por el jurado el 2 de octubre de 2025, impone además libertad vigilada y hacer frente al pago de la responsabilidad civil a la viuda y los cuatro hijos -tres de ellos menores de la víctima.
La sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, recoge como hechos probados que el acusado, que había sido expulsado minutos antes de la vivienda donde había pasado la noche de fiesta con su expareja y la víctima, regresó al domicilio y, «de forma sorpresiva y sin mediar palabra», propinó a E.D. una puñalada con una navaja de 10 centímetros de hoja en la zona del cuello murió instantes después por un «taponamiento cardíaco derivado del desgarro de la aorta ascendente».
El tribunal califica los hechos como asesinato por alevosía —ataque súbito o inopinado—, descartando la versión exculpatoria de legítima defensa. La sentencia subraya que la escena y los informes periciales contradicen la hipótesis de una pelea previa, y que el acusado actuó con ánimo de matar.
La sentencia considera que aunque Sever O. había consumido alcohol y drogas la noche anterior, conservaba intactas sus facultades en el momento de la agresión, por lo que no procede aplicar atenuantes de intoxicación. Tampoco aprecia circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá abonar 111.193,73 euros a cada uno de los dos hijos menores de la víctima; 15.000 euros a la hija biológica., considerada por la familia como hija pero no filiada; 40.000 euros a cada uno de los padres del fallecido; 10.000 euros a su hermana y 15.000 euros a su viuda.
La Fiscalía solicitaba 20 años de cárcel
Hay que recordar que el Ministerio Fiscal había solicitado para el acusado una pena de 20 años de prisión, además de 10 años de libertad vigilada, así como el pago de una indemnización cercana a 600.000 euros a tres hijos menores de la víctima, a una hija mayor no reconocida legalmente pero con la que mantenía contacto y a otros familiares directos.
La acusación particular que representa a la viuda de la víctima y sus tres hijos ejercida por el letrado Carlos Fernández-Martos había solicitado la misma pena de 20 años de prisión y una indemnización que alcanza los 780.000 euros al considerar que ha sido un «hecho doloso» y la edad de los hijos menores del fallecido.
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