El aparcamiento de la Huerta del Carmen en Lucena acaba en los tribunales: IU recurre al Contencioso

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El origen de este proceso se remonta al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Lucena del 25 de septiembre del pasado año. El Consistorio aprobó la propuesta de Aparcamientos Municipales de Lucena (EPEL) para iniciar la tramitación del estudio de viabilidad de Herce-IRC Aparcamientos, a la vez que denegaba la propuesta de Ohla Concesiones. La última proponía un modelo de gestión mixta junto a la administración local.

Asimismo, se acordó que la exposición pública del estudio de viabilidad se realizara de forma conjunta con la tramitación de la Memoria prevista en el artículo 97 del Texto Refundido de Disposiciones Vigentes de Régimen Local (TRRL).

IU, que votó en contra de dicha propuesta, presentó un recurso de reposición en vía administrativa. En él, alegó la nulidad del procedimiento por considerar que «vulneraba principios esenciales de legalidad». En su argumentación, la formación señaló que «se produjeron contactos previos entre el equipo de gobierno y determinadas empresas del sector generando una ventaja indebida», además de señalar la «falta de competencia del Consejo de Administración de la EPEL», órgano que asumió la resolución de deficiencias señaladas por la empresa consultora Auren, encargada de evaluar las memorias presentadas por las entidades concurrentes, sin que la misma las diera por subsanadas.

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La formación política, en una nota de prensa, sostiene que estos contactos previos, reconocidos públicamente por el presidente de la EPEL, Francisco Aguilar, en una entrevista en un medio local en diciembre de 2023, «comprometen la transparencia y concurrencia del proceso». En dicha entrevista, el presidente admitió haber mantenido conversaciones con empresas dedicadas a concesión de obra pública, afirmando que «las conversaciones van muy avanzadas» y que se esperaba la presentación de una iniciativa particular-privada a finales de 2023 o principios de 2024.

Igualmente, Izquierda Unida considera que estas circunstancias «vician de nulidad el procedimiento y han llevado a la interposición del recurso contencioso-administrativo para garantizar el respeto a la legalidad vigente en la contratación pública». La formación reitera su «compromiso con la transparencia y el correcto uso de los recursos municipales, exigiendo que se respeten los principios de igualdad de oportunidades y concurrencia en cualquier procedimiento administrativo». Por este motivo, también acude ahora a los tribunales de justicia, tras agotar la vía administrativa.