La Junta de Andalucía presenta las alegaciones a la negativa de la CHG en La Colada: «Se ha extralimitado en sus funciones»

El Ejecutivo autonómico tiene los trabajos adjudicados a la empresa Jicar -tendrán un coste de 9,3 millones- pero no puede comenzarlos al no contar con el permiso de este órgano regulador de cuenca.

Ésta es una obra largamente esperada en el Norte -no en vano, lo que hará será continuar un primer proyecto que la Administración regional, con el PSOE al frente, detuvo en 2009 con el 90% ejecutado-. Porque es una red de seguridad sus habitantes en caso de que se seque Sierra Boyera. Algo que ya pasó en 2023. El Gobierno central acometió una obra de urgencia para enlazar ambos pantanos y ahora reclama que esa conexión, en la que invirtió 4,6 millones, tiene validez permanente. Hay que recordar que en aquella ocasión los 80.000 vecinos de la parte septentrional de la provincia estuvieron entre abril de 2023 y el mismo mes de 2024 sin poder beber agua del grifo, porque la que llegaba de la Colada no era apta para el consumo humano -preservar la calidad del líquido elemento allí embalsado es una tarea de la CHG-.

Molina ha ido punto por punto citando los argumentos que da la Confederación para rechazar el proyecto de la Junta. En cuanto a que no tenga viabilidad técnica, es «falso», ha dicho categórico. Las obras previstas, ha continuado, se «sustentan en un proyecto técnico completo, hecho por personal competente». «Nosotros vamos a completar las obras que ya están en funcionamiento, la actuación de emergencia que se hizo usando las tuberías de la Junta. Aquí, no va a haber dobles tuberías. Se va a actuar para dar más seguridad al sistema y hacerlo más robusto», ha asegurado.

Las alegaciones del Gobierno autonómico rechazan que se pueda tumbar estos trabajos por cuestiones de impacto ambiental, como plantea, entre sus razones, el ente regulador de cuenta. «Es que la Confederacion se extralimita. No le corresponde abordar esta cuestion. La Junta es la competente», ha afirmado el máximo responsable de la Administración regional en la provincia. El proyecto, ha continuado, incorpora un estudio de impacto ambiental con medidas correctora, avaladas por el Ayuntamiento de Belalcázar. «Si se requiere evaluación ambiental, será el órgano competente quien lo determine. No puede ser la Confederación quien se arrogue esas competencias», ha ahondado.

Molina ha indicado que consideran que también hay una extralimitacion de la CHG en sus funciones cuando uno de los motivos que da para rechazar los trabajos es que «no son viables económicamente». Las obras de esa conexión, ha argumentado, tienen su «financiación aprobada». «La Confederación no tiene competencia para valorar si un gasto de otra Administración es económicamente viable», ha defendido. Ha añadido que la eficiencia económica no debe medirse desde el corto plazo del gasto que se haga, sino en términos de que este enlace dará «fiabilidad al suministro» en el Norte y «resiliencia» en el tiempo frente a las épocas de sequía.

Las alegaciones de la Junta también rechazan el argumento del ente regulador de cuenca de que la conexión a ejecutar empeorará la calidad del agua respecto al enlace ya ejecutado por el Gobierno. «Es una afirmación que carece de todo fundamento. Nuestros técnicos dicen que la torre de toma fija que se montará, frente a la flotante que hay actualmente con la intervención de urgencia, permite seleccionar capas de agua según calidad», ha expuesto Molina. Ha añadido que lo que quieren hacer es «unir a la toma flotante otra estructura». «No podemos empeorar nada cuando vamos a sumar a lo que hay», ha advertido.

Luego ha sintetizado las claves del documento que presentará la Junta indicando que alega que «no existe ningún impedimento en cuanto a gestión de los recursos hidricos, unico aspecto sobre el que debe pronunciarse la CHG, para el desarrollo de los trabajos previstos». La Confederación, ha continuado, «se extralimita» en los argumentos que da para tumbar este enlace. El delegado del Gobierno ha criticado que «lo que está haciendo es pronunciarse sobre cuestiones que no le competen». «Su informe pretende limitar el alcance de nuestra intrevención, algo inadmisible desde el punto de vista legal y administrativo. Quiere imponernos decisiones que no le competen», ha denunciado.

Lo que está «en juego», ha advertido» no es un trámite, sino «el derecho al agua» las 80.000 personas que vive en la zona septentrional de Córdoba. «No vamos a permitir que decisiones políticas bloqueen una infraestructura clave el presente y el futuro del Norte de la provincia», ha asegurado, rotundo.

El Gobierno regional presentará las alegaciones este viernes o el lunes y lo hará «en defensa del interés general y del derecho de los vecinos del Norte de la provincia de disponer de un sistema de abastecimiento hídrico moderno, seguro y con garantía, que es lo que queremos con esta obra». Molina ha declinado avanzar qué paso dará la Administración autonómica si la Confederación rechaza también los argumentos del Ejecutivo andaluz -en el horizonte están los tribunales-.

Ha reiterado la voluntad del Gobierno regional de ejecutarlo y ha recordado que, previamente a presentarlo ante la CHG para su permiso, hubo contactos con la Confederación para perfilar estas obras. «Trabajamos con consenso, intercambiando corros electrónicos e informes y de pronto la CHG deniega las obras, extralimitándose en sus fucniones», ha finalizado.