El Alamillo, historia de una legalización en Córdoba: «Llevamos 21 años pagando un IBI residencial urbano sin tener servicios»

Las compras de las primeras parcelas ya se produjeron en torno a 1990. Poco a poco, la zona, como tantas en la periferia de Córdoba se fue llenando de familias. Incluida en el Plan General de Ordenación Urbana del 2001 como una de las ocho áreas de viviendas ilegales que se iban a regular, el proceso se ha alargado décadas. Hasta el pasado miércoles 22 de julio, cuando el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo dio el visto bueno al proceso conocido técnicamente como proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución 4 del Plan Parcial O-6 El Alamillo.

Tras esta denominación se esconden años y años de reuniones y trámites, de un sin fin de obstáculos, que por fin dan su fruto. Es la primera zona de parcelaciones que se legaliza dentro del mencionado plan, aunque otra cercana, Cuevas de Altazar, lo hiciera el año pasado, aunque procedente del plan de ordenación de 1986.

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«Yo era de Villarrubia, mis padres y mis suegros también, pero aquello quedó estrangulado entre la carretera y las vías del AVE, y no había forma de comprar una vivienda, eran carísimas, tampoco había alquileres, así que nos compramos un piso en Carlos III, pero cuando se pusieron las parcelas en venta, los que éramos de Villarrubia fuimos para allá».

Quien así habla es Carmen Muñoz Conde, quien empezó a construir ella misma su casa y fue de las primeras en tener vivienda en el Alamillo. También fue la impulsora en los noventa de la Asociación Cultural de Vecinos El Alamillo junto a Pepi Márquez. Tuvieron que inscribirla como asociación cultural porque, debido al carácter irregular de las viviendas, no podían hacerlo como asociación de vecinos.

«Ya desde el año 94 empezamos a tener miles de reuniones aquí», indica Márquez. Y con aquí se refieren a la Gerencia de Urbanismo, a la que acudieron un grupo de vecinos el pasado miércoles. «Lo primero que nos decían es que habíamos hecho una casa en medio del campo y ahora queréis que la legalicemos». En el patio de la gerencia se produce una graciosa charla precisamente entre Pepi y Ángel Pérez, otro de los vecinos, por ver quién fue el que tuvo primeros la casa terminada y habitada. Pepi asegura que fue ella la pionera. La zona de parcelaciones pertenecía en principio, como rememoran, a un solo propietario, el conde de Artaza.

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Ahora hay casi un centenar de viviendas, la mayor parte, aseguran los vecinos, primera residencia. Pepi Márquez es especialmente reivindicativa y aclara lo que le parece un punto importante: «Es necesario que la ciudadanía sepa que no nos estamos aprovechando de nada, sino que estamos contribuyendo, y llevamos 21 años pagando un IBI residencial urbano sin tener servicios ninguno». Esta vecina continúa: «no estamos robando, el Ayuntamiento no nos regala nada, sino todo lo contrario, contribuimos con nuestros impuestos a la tesorería del Ayuntamiento pero no nos beneficiamos de ello».

El presidente de la junta de compensación El Alamillo, Manuel del Pino, recuerda cuando compró la parcela en el 96 y comenzó a construir en el 2000. «Entonces te multaban pero, al no haber entrado en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, las multas eran algo más pequeñas, ahora es una bestialidad», rememora. «En el 2009, el Ayuntamiento empezó ya a cobrarnos el Impuesto de Bienes inmuebles como urbano, como si vivieras en el Brillante, y ni si quiera tenemos agua potable». Los vecinos solicitan servicios básicos, pues hay parcelas aún sin luz. Todos funcionan con fosas sépticas. El Ayuntamiento sí puso algunos puntos de agua potable.

La falta de atención empezó a virar hacia el interés por parte de la Gerencia de Urbanismo en torno al 2009, «cuando nos constituimos en varias juntas de compensación varias zonas del extrarradio de Córdoba y empezamos a trabajar como entidades colaboradoras del Ayuntamiento», declara Del Pino. «Tuvimos todo tipo de trabas, incluso se nos prometió aquí mismo en el patio de la gerencia, en plena pandemia, que todo estaría solucionado en 2021... pues lo hemos conseguido en el 2025».

Con la inscripción en el registro de la propiedad, realmente se abre para estos vecinos el verdadero proceso de urbanización que los equipare al resto de barrios de la capital, empezando por el alcantarillado y el agua potable.

«Estamos usando aguas de un pozo con aguas superficiales que están contaminadas», señala el presidente de la junta de compensación. El responsable de la empresa Ecourbe, Manuel Mellado, es quien ha llevado la prestación de servicios técnicos y jurídicos que han posibilitado la regulación de las parcelas. Este abogado urbanista resalta dos trabas como las que han sido más complejas de solventar. En primer lugar, el aval del 7% del coste del proceso de urbanización que debían presentar los vecinos por exigencias de la LOUA: «nos pilló en la crisis financiera y no teníamos acceso a avales bancarios ni dinero suficiente para aportar esa garantía, lo conseguimos con la estimación de los caminos como parte de esa garantía», precisa Mellado.

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En segundo lugar la recaudación del diez por ciento del proyecto de urbanización, «que ha llegado a un millón de euros entre economías modestas». Tras la inscripción en el registro de la propiedad, estas propiedades rústicas se convertirán en propiedades urbanas. A ello le seguirá el proyecto de urbanización para dotar de todas las infraestructuras básicas al lugar.

Todavía no tienen decidido exactamente cómo lo van a hacer, como detalla el abogado, ya que, por ejemplo, la gerencia admite la llamada urbanización blanda en las parcelaciones, y quizá sea la vía. Este camino jurídico permite plataforma única en lugar de acerados con bordillos y alcorques o que el alumbrado público pueda adosarse a la fachada de las parcelas, lo que desemboca en el abaratamiento de costes. Al margen de esto, la comentada prioridad absoluta es el agua potable y el alcantarillado. «Aún no sabemos si lo haremos por fases o todo del tirón».

Los vecinos tenían un plan de urbanización del año 2009 pero, debido al paso del tiempo, tendrán que actualizarlo. En caso de que se decidieran por hacerlo en fases, todo partiría de la mayor profundidad hacia arriba, es decir, del alcantarillado y agua hacia la superficie, con lo que seguirían los diversos cableados. Sea como fuere, los vecinos ya respiran tranquilos tras la conclusión de tan larga lucha burocrática, comenzada en los noventa cuando apenas había tres casas.