Agentes tutores | Crecen los avisos por abusos sexuales entre iguales e ideas suicidas en los colegios de Córdoba

El caso de este escolar es solo uno de los en torno a 200 requerimientos que los efectivos de esta unidad especializada en la protección de los menores en el ámbito educativo, han atendido el curso que acaba; problemáticas que han generado unas 350 intervenciones por parte de estos agentes, que han impartido charlas a más de 20.000 oyentes (principalmente, estudiantes) en unos 140 centros.

El ingente trabajo que llevan a cabo los siete policías, más el oficial coordinador de la unidad, Juan Jesús Alcántara, ha experimentado un sobreesfuerzo este año, ante un aumento de peticiones. Cada una de las ponencias que estos profesionales imparten en los centros educativos sacan a la luz muchos de los casos que después atienden; a ellos se suman los que surgen a raíz de las demandas de la propia comunidad educativa.

Según explica Alcántara, los principales requerimientos a lo largo de este ejercicio escolar han sido, como suele ser habitual, por acoso entre alumnos (presencialmente y, sobre todo, a través de pantallas) y absentismo. Ante estas problemáticas concretas, la estrategia de la actuación policial arranca con una charla especifica en las aulas en las que se haya detectado esa presunta problemática; ponencias genéricas que no señalan a ningún alunmo y que sirven para sondear la situación.

«Si efectivamente hay indicios razonables de que hay algún caso de 'bullying' o absentismo, se abre el preceptivo protocolo, con la colaboración absoluta del centro: el informe de la investigación que se inicie determinará si se está dando ese problema. A partir de ahí, se actúa», explica el oficial coordinador.

Sobre el absentismo escolar, «suele resolverse cuando se da el toque de atención a las familias; hablamos de menores que, en la mayor parte de las ocasiones, rozan esa infracción, por lo que, una vez se activa el protocolo, el asunto suele reconducirse. No obstante, hay otros niños y niñas que se niegan a ir al colegio, y sus familias no cuentan con los recursos o con las habilidades suficientes. Incluso hay menores que provocan su expulsión del centro, con comportamientos como dar un empujón a un docente y hasta encenderse un cigarro en clase», relata Alcántara.

Hay una solución intermedia: el aula de convivencia, donde se agrupan a los alumnos que han sido sancionados con una expulsión, pero es un recurso que la mayoría de centros escolares no tienen, sobre todo, por falta de medios humanos.

Los tutores uniformados también han registrado un incremento «preocupante» de casos de abusos sexuales entre iguales: esto es, denuncias por parte de niñas de entre 10 y 12 años que se quejan de «tocamientos» por parte de compañeros (de pecho y nalgas) en contextos como, por ejemplo, el recreo. «Sorprende por lo temprano de esta conducta sexual; hablamos de menores de 10 y 11 años», apunta Alcántara, quien explica este comportamiento en el fácil acceso a la pornografía a través de las pantallas por parte de los escolares.

«Consideramos que las familias deben establecer límites a los mejores de edad y evitar conductas como, por ejemplo, el uso sin control alguno y a solas de las pantallas en su habitación o en el baño. Es en estos escenario donde principalmente se dan las circunstancias perfectas para la transmisión de imágenes o incluso vídeos», alerta el oficial.

Por otro lado, también inquieta (no por el elevado número de casos, sino por su gravedad) los expedientes de menores que se autolesionan y los que tienen ideas suicidas: «Estos últimos sí que se han incrementado con respecto al curso pasado».

«A los alumnos o progenitores que reciben las charlas les indicamos insistentemente que comuniquen cualquier cambio evidente en el comportamiento de sus compañeros. Hemos detectado que los menores buscan en internet manteras de autolisis», explica Alcántara.

Las ponencias de los agentes, su presencia en los centros, el convertirse en figuras «familiares» son fundamentales para que sacar a la luz los problemas que padecen los estudiantes.

«Cuando damos una charla, en la hora que dura se genera un clima de confianza entre el alumnado, profesorado y el policía. Cuando termina, pasamos una encuesta de calidad y en último extremo les preguntamos si les podemos ayudar en algo. Ahí te cuentan muchas cosas y es a partir de ese momento cuando se inicia la maquinaria, en la que hay un trabajo en equipo, para ayudar a ese niño o niña», aclara el coordinador de los agentes tutores. «Salen muchísimos casos por esa vía. A veces, el centro educativo desconoce que esté ocurriendo algo, y el uniforme da esa cercanía, también influye el principio de autoridad, que hace que los menores nos cuenten lo que les está ocurriendo».

El objetivo, según este oficial, es «generar espacios amigables y de cuidados, no solo para los menores, sino para que la comunidad educativa pueda prestar su servicio».

Durante este curso se han dado, igualmente, «algún hurto y también nos han avisado de la circulación de vídeos con contenido pornográfico en los que aparecían menores. Llama la atención que han sido los propios alumnos los que han avisado a sus profesores y estos, a nosotros», señala Alcántara.

En el listado de las causas de los requerimientos también figuran alguna lesión a un docente, avisos (de centros y familias) por niños disruptivos que no atienen a límites, «sobre todo se han dado en familias monoparentales» y presuntas agresiones sexuales (en el ámbito familiar o de conocidos del menor), «que son casos muy difíciles de detectar porque los autores presentan esos tocamientos al niño como algo normal», se lamenta el responsable de la unidad.

Igualmente, se han iniciado investigaciones presuntos delitos de odio por orientación sexual y también alguna conducta racista. «Esa presumible tolerancia o respeto quizá no sea tanta como creemos», explica el oficial.

Los siete agentes que forman parte de la unidad suelen dar unas tres charlas diarias; no se circunscriben a los centros escolares, ya que dos veces al mes acuden al Centro Penitenciario de Alcolea, donde hablan de violencia de género y delitos contra la seguridad vial; y a la base militar de Cerro Muriano, participando en la campaña 'Modelo de ciudadanía', con charlas sobre malos tratos o desobediencia a cuerpos y fuerzas de seguridad.

«Los recursos se derivan bien; seguramente, todo es mejorable y la verdad es que me gustaría y espero que el año que viene podamos contar con más agentes para poder atender todos los requerimientos que tenemos en tiempo y forma; porque los efectivos con que contamos no solo imparten las ponencias, sino que, además, tienen que hacer seguimiento de todos los casos». manifiesta el responsable del área.