Caso Rocket: la Abogacía del Estado acusa de fraude de subvenciones y mordidas por el tren turístico

La abogada del Estado ha señalado que el momento crucial que dio lugar a esta causa fue el fraude de subvenciones, por lo que ha recordado «que hechos anteriores o posteriores al 31 de dciembre de 2009, entendemos que nada afecta qué ocurriera después con el nuevo Gobierno municipal, ni la llegada del vagón turístico a la localidad», como se ha sabido estas semanas de vista.

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La Abogacía del Estado ha descrito que la subvención concedida por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón era para «la compra, restauración y puesta en funcionamiento de tres locomotoras MZA, Santa Marta y Santa Barbara» y ninguna estaba en el Ayuntamiento de Peñarroya en fecha, ni reparadas». Por tanto, a su juicio, el fraude de subvenciones se habría cometido en este proyecto.

Primer detalle que aprecia la representación del Estado. «Esa locomotora a vapor que cede Renfe al CEHFE, con C.G. de presidente, «no se podía ceder a terceros, por tanto no podría ser utilizada por el Ayuntamiento».

Segunda apreciación. «Las máquinas ya estaban en el taller cuando en 2009 se firma en el Ayuntamiento de Peñarroya el convenio por más de 1,5 millones de euros, sin embargo, los trabajos previos no se ampararon en ningún documento jurídico y se pactó un contrato negociado para dar apariencia de seguridad jurídica a los mismos; se le dice al taller que no se preocupe por esos trabajos que habían realizado por unos 190.000 euros», según ha explicado en su informe la Abogacía del Estado.

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Y es que aunque «eran pocas las empresas que podían hacer estos trabajos en España, al concurso podrían haber concurrido empresas extranjeras, y sin embargo, mediante ese contrato negociado con empresas previas se consiguió que fueran unos talleres determinados los adjudicatarios y repartir el resto de trabajos entre quienes ellos querían a cargo de la empresa CGFT, controlada por C.G.», ha seguido en su relato de los hechos.

En sus conclusiones ha señalado a la empresa pública Pivag, de la que ha dicho que «realizaba las fatcturas y que la alcaldesa le decía como tenía que hacerlas, lo que le servía para justificarlas ante el Instituto de la Minería» que daba las ayudas el Miner. «Pivag no tenía capacidad propia ni medios ni personal para hacer esos trabajos, a la vez que no podía subcontratar más de un 50 por ciento, y lo subcontrató todos».

En esta línea, la Abogacía del Estado ha afeado a los interventores haber actuado «con poca diligencia» y ha señalado que la interventora reconoció que «las facturas no correspondían a trabajos reales» y que fiscalizó asuntos por fotos sin revisión de la ejecución real.

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La representante legal del Estado ha puesto el foco en C.G. asegurando que es «coatuor o autor» de este delito de fraude porque «es el que llevaba la batuta; el que se había beneficiado porque la cesión a terceros no podía ser utilizada con esa finalidad». Y, por otro lado, C.G. «cobraba con conceptos laxos de más de 400.000 euros por esas labores de asesoramiento que cargan a esos talleres; es decir a esa serie de 'mordidas' que para C.G. es un dolo directo no eventual».

Para la Abogacía del Estado, para otro de los acusados, el presidente de CGFT, R.O. «no cabe eludir la responsabilidad por desconocimiento». Mientras que para el tercer acusado de este delito de fraude de subvenciones L.B., «participa de forma tangencial en estos hechos».

Por otro lado, el abogado del Ayuntamiento de Peñarroya, Javier Pérez Hinojosa, ha expuesto su informe recordando que «es necesario que el Ayuntamiento mantenga la acusación frente a todos los acusados excepto para la ex alcaldesa Luisa Ruiz» La razón: «simplemente porque entendemos que hay otra lectura de los hechos frente al de la Fiscalía y el de la Abogacía del Estado».

Para Pérez Hinojosa «fallan en la acusación dolosa de la alcaldesa, que en su afán de que esos proyectos eran buenos para la comarca, castigada por la crisis, se le ofrece unos proyectos románticos, ilusionantes, como el tren turístico, el museo del ferrocaril, con unas características muy concretas que solo unas empresas tienen a su alcancen con trenes del siglo XIX». A María Luisa Ruiz «se le ha investigado todo el patrimonio y no se le ha encontrado un beneficio», ha continuado. Si es cierto que el «señor C.G. pedía, y la señora Luisa Ruiz daba», pero hace falta explicar algo más.

La defensa municipal ha indicado que la encomienda de gestión era «algo común» en el Ayuntamiento de Peñarroya para otros asuntos. «Se hacía por operatividad», ha dicho, a lo que ha añadido que «el Instituto de Reestructuración Minera desde el inicio sabía que la subvención se iba a gestionar con una encomienda de gestión y no puso reparos».

En una extensísima intervención, el abogado de la defensa de María Luisa Ruiz ha pedido su absolución con una ataque constante tanto a los investigadores de la Guardia Civil como a la propia Fiscalía a la que ha acusado de mantener un «criterio seguidista con el informe policial».

Lo único que se ha acreditado, según esta defensa, ha sido una manipulación del registro público en papel, no informático, como ha denunciado la Fiscalía. Para la defensa de la exalcaldesa socialista, este juicio es «la crónica de un fracaso anunciado porque se va desinflando el acusador; no supera el primer escalón de la logica más elemental; no le ha costado ni un euro al Ayuntamiento, ni hay un euro sin justificar», ha expuesto en su informe.

Por su parte, el abogado del presunto cabecilla de la trama C.G., que se enfrenta a los mismos delitos que la ex alcaldesa de Peñarroya (prevaricación, fraude de subvenciones, falsedad, malversación y tráfico de influencias) ha apelado en su intervención a la presunción de inocencia.

«El convenio que firmó C.G. sobre el Tren Turístico del Guadiato por un importe de 1,5 millones de euros, se firmó en enero de 2007 antes de la Ley de Contratación, por lo que era ajustado a derecho y lo que era aplicable era la Ley de Régimen Local de 1985. No había ninguna irregularidad, y además fue aprobado por el Pleno. Y el Ministerio de Industria aprobó la subvención sin reparos o pegas», coincidió con el letrado de Ruiz.

Asimismo, según este letrado, «no consta que C.G. indujera a Luisa a cometer irregularidades», lanzando la pregunta: «¿Cuáles son los hechos concretos para convencer a la alcaldesa para esto?». A esto ha añadido que las máquinas están reparadas y que dificilmente se sostiene una prevaricación cuando no resuelve la alcaldesa, sino el Pleno.

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