Ambrosio, dispuesta a perder dinero por el rechazo al plan energético

La postura del bipartito era ya conocida y se resume en que, a su juicio, se trata de una privatización del servicio de alumbrado público del Consistorio. La novedad de las declaraciones de ayer es que fue la regidora la que dejó claro que «la decisión que tomemos será para evitar que esa labor deje de ser municipal» aunque ello pueda suponer una merma de entrada de dinero en la contabilidad del Consistorio. De hecho, Capitulares tendrá que devolver unos 500.000 euros a la UE. Los pidió para elaborar la auditoría energética, de la que surgirían las inversiones a ejecutar por la empresa que ganaría un concurso posterior.

Ambrosio aseguró que su gabinete ha reunido hace pocos días toda la documentación relativa a los trámites que inició el gobierno de José Antonio Nieto, de modo que «en los próximos días podremos tomar una decisión». El sentido de la misma no es ninguna incógnita: «Lo que no vamos a hacer es permitir que este servicio deje de estar en manos del Ayuntamiento».

Y el portavoz del grupo municipal de IU y edil de Urbanismo y Turismo, Pedro García, también dio los motivos del rechazo de su formación, la que lleva el servicio de alumbrado público, al proyecto heredado del PP, del que sólo falta su certificado de defunción oficial. Renuncian a él por «ser más que evidente que es una privatización y por tener sombras de duda legal». «Lo más sensato después de que en el primer sumario saliera lo que salió de esta trama corrupta [«Púnica»] era pararse un poco y ver cómo se desarrollan las cuestiones», dijo.

Aludía a una operación por la que se investiga judicialmente a la multinacional Cofely-GDF Suez por el presunto amaño de concursos de eficiencia energética en ayuntamientos, por los que habría pagado comisiones a alcaldes, fundamentalmente del PP. En ese sumario, se recogen dos cuestiones ligadas a Córdoba. Así, uno de los cerebros de la trama y directivo de la citada multinacional, Pedro García Pérez, tenía prevista una reunión con el que era entonces alcalde, el popular José Antonio Nieto, el día en el que fue detenido por la Guardia Civil.

Cuando se conoció la noticia, el PP reconoció contactos con Cofely, pero puntualizó que en el concurso de eficiencia energética, cuya licitación no se llegó a iniciar, se interesaron y hubo reuniones con más de 20 firmas del sector. La otra cuestión a la que alude García es que una de las dos empresas a la que se adjudicó la auditoría energética de la capital, Creara —que trabajó en alianza con otra firma—, aparece en el sumario de la trama «Púnica» ligada a Cofely, lo que iba a suponer su investigación por la Guardia Civil.

Eso sí, para llegar a una conclusión más sosegada, en un primer momento el edil de Urbanismo y Turismo empezó a mezclar churras con merinas en cantidades industriales. Aseguró que el PPdiseñó un «proyecto de privatización del alumbrado y que se lo llevara una empresa privada y, luego, está en un proceso judicial donde hay muchísimos cargos del PPimputados y donde se ha hecho un desfalco de dinero público importantísimo». «Lo que hemos hecho es paralizar eso en Córdoba. Es lo sensato», sentenció.

Al recordarle que, a día de hoy el Ayuntamiento aparece de forma tangencial en el sumario de Púnica, se marcó una de esas respuestas un tanto excesivas que empiezan a ser marca de la casa: «Si de verdad me ponen en duda que el mismo proceso que se ha llevado en otras ciudades, que se iba a hacer en Córdoba, era diferente [al previsto en la capital], es que su nivel de fe es espectacular».

Al preguntarle los medios si era consciente de las graves acusaciones que estaba realizando, desanduvo sus pasos a la velocidad de la luz. «No he acusado a nadie de nada. Lo que digo es que hemos paralizado una privatización del alumbrado que en otras ciudades ha conllevado procesos judiciales abiertos. ¿Eso hace a los anteriores responsables del Ayuntamiento corruptos? No», afirmó.