Diputación saneada y con regusto de corruptelas para el PSOE

El también delegado de Hacienda indicó que los populares tuvieron que hacer frente el primer año de gobierno a unas empresas provinciales «en una situación muy delicada, algunas al borde de la quiebra», así como a la deuda de casi 200 millones de euros de la Diputación. Ahora, según indicó Fuentes, la institución provincial ha revertido esa situación «y es una entidad dinámica, donde nigún trabajador tiene que temer por su puesto de trabajo y donde se pueden empezar a hacer inversiones desde el primer momento».

Fuentes indicó que el saneamiento de las arcas provinciales permitirá al próximo gobierno del PSOE poder solicitar préstamos «sin tener que pedir autorización» al Gobierno central. El delegado de Hacienda indicó que de los 199 millones de deuda viva registrados a 31 de diciembre de 2010, el gobierno del PP reducirá esa cifra a 88,1 al cierre del presente ejercicio.

Para llegar a esta situación, el gobierno del PP ha tenido que «sacrificar», en palabras de Salvador Fuentes, sus dos primeros años de gobierno, dedicados en su mayoría para encauzar la deuda viva de la institución y en reestructurar y reorganizar las empresas provinciales para hacerlas viables y competitivas.

Otra de las cuestiones que ha encauzado el gobierno de la institución provincial ha sido el de las ferias comerciales que patrocina u organiza ante la falta de un espacio expositivo adecuado en la ciudad. El gobierno de María Luisa Ceballos ha allanado el camino a los socialistas, a los que deja una programación cerrada con seis ferias comerciales, que volverán a celebrarse en la carpa provisional que se montará la explanada del Palacio de la Merced.

En materia de empleo y ayuda a los municipios, el gobierno del PP ha mantenido los programas que había pero ha modificado los criterios para la adjudicación de las ayudas, para corregir las desigualdades en las que se encontraban los municipios con más desempleo o menor número de habitantes, que recibían por lo tanto menos financiación. Se han fijado unos baremos en función de datos objetivos para acabar con la arbitrariedad de antaño.

En cuanto a carreteras, los populares dejan una red provincial en mejor estado tras el «fiasco» del plan extraordinario que diseñaron en 2011 los socialistas para hacer frente a las vías cortadas por las inclemencias meteorológicas y a la que no dotaron de partida presupuestaria. El PP ha logrado en estos años reabrir y arreglar la decena de carreteras destrozadas por riadas o lluvias.

No todo va a ser un camino de rosas para el próximo gobierno del PSOE en la Diputación. Las irregularidades destapadas por los populares al llegar al Palacio de la Merced y abrir los cajones serán una patata caliente para los socialistas. La última de ellas ha aflorado recientemente al hacer público el PP las conclusiones de la auditoria externa al Grupo Cinco -entidad de promoción de suelo industrial y residencial participada por Diputación, ayuntamientos y capital privado- y que salpica a varios alcaldes del PSOE.

Los populares han elevado las irregularidades detectadas a Fiscalía para no incurrir «en un delito de omisión», tal y como indicaron el día que dieron a conocer datos como que los alcaldes de Villafranca o Montalbán habían beneficiado a sus familiares con la creación de polígono industriales en terrenos de su propiedad. El asunto está ya en manos de la Justicia y será un test para los socialistas, ya que las irregularidades se cometieron con presidentes de la Diputación como máximos responsables de la gestión de Grupo Cinco, cuya presidencia ostenta el máximo responsable de la institución provincial.

Otro caso que le estallará en las manos al próximo gobierno socialista es el de las irregularidades detectadas en el Consorcio de Bomberos. El pufo económico destapado será uno de los asuntos más delicados a los que tenga que hacer frente el equipo de gobierno socialista, muy tibio en la oposición cuando afloró el escándalo al afectar directamente a la gestión de los mandatos de Francisco Pulido y al estar imputados cargos del PSOE, como el por entonces teniente de alcalde de La Carlota y expresidente del Consorcio, Fernando Expósito, o el gerente de la entidad de los Bomberos, Antonio Navarrete, militante desde 1985 y con cargos de importancia en el partido, entre los que llegó a dirigir una de las agrupaciones locales del PSOE más destacados de la ciudad.

Los socialistas se encontrarán un problema encauzado, en el que se ha remitido a la vía judicial todas las irregularidades detectadas y donde se ha hecho frente a un plan de saneamiento para afrontar los 16 millones de impagos a la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y las multas al Consorcio de Bomberos por no hacer frente a sus obligaciones tributarias.

De igual modo, el PP también ha encarrilado la adaptación de esta entidad a la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y que generó ciertas tensiones, ya que hubo municipios que amagaron con dejar la entidad para no tener que hacer frente a las elevadas cuotas tras incorporar la parte proporcional de la deuda. Ahora, será Diputación, tras aprobarse los nuevos estatutos de la entidad, quien asuma el 70 por ciento del presupuesto del Consorcio durante los próximos ocho años, dando así un balón de oxígeno al resto de municipios para poder hacer frente a su cuota y la parte proporcional de la deuda.