El exdelegado de Empleo Antonio Fernández encadena su tercera imputación

Según señaló el abogado de Fernández, Román Tirado, éste acudió ayer por la mañana a la comisaría de Campo Madre de Dios, porque se le citó previamente. Eso implica que no fue detenido en su casa, sino que, una vez en dependencias policiales, se le comunica el arresto y se le toma declaración como imputado. Según ha podido saber ABC, la Policía acusa a Fernández de malversación y prevaricación.

El letrado indicó que su defendido se acogió a su derecho a no declarar ante los agentes de la UDEF, porque no sabía los motivos de su imputación. Fue puesto en libertad. Más adelante, deberá declarar ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, el que está llevando en la provincia la investigación sobre los cursos de formación de la «operación Edu».

Igualmente, según pudo saber ABC, en la operación «EDUende» se dieron en Córdoba al menos otras tres detenciones más por la Policía Nacional -podrían ser cuatro-. Son cargos o excargos de la Junta. Prestaron declaración como imputados. Uno de ellos es Manuel Gavilán, que fue jefe del servicio de Formación de la Junta en Córdoba. Ya se encuentra imputado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el de la magistrada Mercedes Alaya, por delitos de prevaricación, malversación de caudales y fraude en las subvenciones relacionados con los cursos de formación autónomicos.

De vuelta a Fernández, su situación cambió radicalmente el 24 de marzo, debido a los ocho años que estuvo al frente de la delegación de Empleo de la Junta. Ese día la Guardia Civil acudió a su domicilio para arrestarle dentro de la operación «Barrado», en la que también se investiga el presunto uso fraudulento de las ayudas destinadas a los cursos de formación.

Tras comparecer un día después en Sevilla ante la juez Mercedes Alaya, quedó en libertad, pero la magistrada le imputó por malversación y prevaricación. En concreto, es investigado por facilitar con desidia o dolo múltiples irregularidades que permitieron que la Delegación que dirigía pagara millones a empresas y organizaciones que no cumplían los requisitos para organizar cursos de formación.

Eso sí, el porvenir judicial de quien también fue alcalde de Pozoblanco de 1987 a 2004 se había empezado a torcer un poco antes. El 2 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdobamantuvo su imputación dentro de la investigación que sigue para determinar si hubo delito de malversación de caudales públicos en un paquete de ayudas de la Delegación de Empleo de 2010 a 2012, con Fernández como responsable .

En concreto, busca arrojar luz sobre ocho millones en subvenciones concedidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Córdoba, del que también era máximo responsable Fernández, a los ocho consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) de la provincia. Eso sí, es una investigación de ámbito regional. El Ministerio Público ordenó que se indagará en las ayudas del SAE a las Utedlt en las ocho provincias andaluzas.