La Junta retuerce la normativa para frenar la reforma de San Agustín

Una de las cuestiones que hay que plantear es que la iglesia barroca es, efectivamente, un BIC desde 1983 (cuando estaba en ruinas). La plaza se encuentra dentro de los 50 metros inmediatos lo que implica que es como si estuviese catalogada igual. Y la Junta cedió las competencias del Casco salvo en lo tocante a este tipo de monumentos o lugares valiosos.

El problema sustancial es que la reforma de una plaza es una obra no sujeta a licencia, que tiene su propio artículo en la legislación, y es el 34 de la ley. Justo el siguiente al que utiliza la Junta de Andalucía. Que explica que, en estos casos, las relaciones han de ser más de cooperación que de palo y tente tieso entre las partes. Para entenderse, el Consistorio no se da licencias a sí mismo para sus obras habituales en la vía pública, al contrario de los edificios que se someten a un acuerdo administrativo.

El artículo explica que, en esos casos, al Ayuntamiento le basta con realizar una comunicación de sus planes a la Junta de Andalucía que puede recabar información si lo considera oportuno aunque no de una forma no obligatoria. En este caso, el visto bueno en la Comisión de Patrimonio es una opción y no una obligación en función de lo que digan los técnicos. Con una especie de trámite rápido y solo en el caso de que existan divergencias de relevancia. La Junta dispone siempre de la potestad de requerir datos e incluso parar las obras de algo que se esté haciendo en el entorno de un BIC.

El gobierno municipal asegura que el proyecto no se ha realizado a espaldas de nadie y que, de hecho, se ha trabajado de forma coordinada con la responsable del servicio de bienes culturales. Se trata de una alta funcionaria de la Delegación de Cultura muy experimentada en este tipo de gestiones. La nota de la Junta -que ayer anuló una comparencencia de la delegada de Cultura y a la que no se le pudo preguntar por estos hechos- no desmiente esta afirmación aunque lo que asegura es que no ha tenido conocimiento del proyecto, que por otra parte es de acceso público. Está colgado en internet.

La casuística es variada por una razón bastante simple. No es posible dar un paso en buena parte de Córdoba sin estar a cincuenta metros de un BIC. Todo el subsuelo de la Ronda de los Tejares es entorno BIC aunque no lo parezca. De necesitarse autorización previa para todo, cualquier obra obligaría a una enorme tramitación. Por eso la norma diferencia entre cuestiones que precisan licencia -edificios de privados o equipamientos públicos- y aquellas en las que se entiende que las administraciones han de hablar y entenderse en vez de iniciar problemas de competencias antes de las elecciones.

La delegada del Gobierno, Rafaela Crespín, aseguró ayer que el proyecto tiene que hacerse legalmente. «Se equivocan si creen que insultando o faltando a la verdad van a a conseguir mejores resultados», dijo la representante de la Junta por medio de un comunicado. La nota sostiene que el Consistorio nunca ha remitido el proyecto.

Una de las cuestiones más curiosas de este caso es que el Ayuntamiento pone en marcha el proyecto de San Agustín porque la Junta incumplió el acuerdo de remozarla. Obras Públicas llegó a redactar las bases de un concurso de ideas con el objetivo de remozar la plaza. Se quedó sin dinero.