La violencia de hijos menores a sus padres se dispara un 80 por ciento en Córdoba

Durante el pasado ejercicio, de los fallos impuestos a personas de entre 14 y 17 años (396), un 13,6 por ciento (54) fueron por violencia en el ámbito familiar, después de que los progenitores tramitaran la preceptiva denuncia ante la Policía o los tribunales.

«Es un incremento muy importante que puede deberse a tres aspectos fundamentales. Que los menores hayan caído en ladroga, el juego o el alcohol; que los padres no hayan sabido inculcarles valores, no hayan marcado límites o los tengan desatendidos; o que se haya visto afectada la salud mental por esta sociedad competitiva, permisiva y de ocio», declaró Maeztu tras entregar el extenso documento en el Parlamento de Andalucía.

En su informe, el Defensor solicita la retirada de los alambres y espinos que actualmente existen en los centros de régimen semiabierto (los dos que hay en Córdoba, Medina Azahara y Sierra Morena, cuentan con concertinas en su perímetro). En este sentido, se mostró convencido de que en un plazo de varios meses desaparecerán estos recursos, ya que hay «un acuerdo» con la Consejería de Justicia y el perfil de los ingresados en los centros ya no es el mismo.

La radiografía que efectúa el informe sobre la asistencia a menores infractores en Córdoba, -basada en los datos obtenidos a través de un cuestionario de trabajo y visitas a los centros y entrevistas con los internos, profesionales, jueces, fiscales y equipos técnicos- pone de manifiesto que durante el pasado ejercicio se celebraron 536 vistas en las que se enjuiciaron a delincuentes imberbes, un 15 por ciento más que en 2012, cuando fueron 466. Representan el 9,4% del total andaluz, que ascendió a 5.675.

Llama especialmente la atención que en 156 juicios (el 29 por ciento del total) los procesados no superaban los 15 años. El dato, comparado con el de 2012, cuando fueron 107 las causas que llegaron a sala con inculpados de ese grupo de edad, es significativo, ya que supone un aumento del 45,7%.

El perfil de los infractores también ha variado, según el estudio, puesto que se ha detectado un aumento en el número de casos de menores que provienen de familias normalizadas. Como muestra, un botón: de los 112 menores atendidos en los dos centros de internamiento durante el segundo trimestre de 2014, cuando se elaboró el informe, solo un 26,7 por ciento (30) carecía de estudios. 26 habían cursado Primaria; 35, Secundaria; 19, Formación Profesional y hubo tres que habían finalizado el Bachillerato. En cuanto a la nacionalidad, 91 eran españoles y el resto (21) extranjeros.

Maeztu también llama la atención en su informe sobre la representación de menores internados que estaban siendo tutelados por el Estado. A lo largo de 2013, de los 262 infractores que pasaron por ambos complejos -hay que tener en cuenta que el tiempo medio de permanencia no supera los doce meses-, una veintena procedían del Sistema de Protección, algo que «nos debe llamar a la reflexión», según resalta el documento, teniendo en cuenta que la Administración es la encargada de la guarda y tutela del desamparado.

Por otro lado, el Defensor situó entre el 5 y el 10% (en Sierra Morena) y en menos del 5% (en Medina Azahara) el nivel de reincidencia de los menores que son ingresados esencialmente por delitos como la violencia familiar, acoso escolar, la integridad moral, robos o adicciones, algunos achacables a problemas de salud mental.

El Defensor del Pueblo pide resolver con urgencia el «desajuste» de las plazas de los centros, ya que la distribución territorial no se corresponde con la población de menores de 18 años. En Córdoba, hay una disponible por cada 1.244 menores. En otras provincias la situación es otra: Málaga, por ejemplo, tiene un único centro de 15 plazas para una población de menores de 21.000 personas. También destaca el caso de Huelva, que carece de centro de internamiento.