Suspenden la beca a Errejón tras las presiones de Susana Díaz

No es casualidad que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, haya sido una de las principales voces que ha clamado contra este supuesto abuso que se estaba pagando con el dinero de todos los andaluces. El mismo día que se conoció que la propia Consejería de Fomento y Vivienda del Gobierno andaluz estaba pagando al líder de Podemos por un trabajo en Málaga mientras vivía en Madrid, la presidenta exigió explicaciones. «Pediremos que se demuestre si se ha hecho el trabajo y si esos recursos que han salido de la Junta se han gastado correctamente», aseguró.

La reacción de la rectora malagueña en esa misma ocasión fue sólo tibia asegurando que el investigador había tenido que rendir cuentas de forma periódica al investigador principal, el también miembro de la dirección política de Podemos, Alberto Montero. Sin embargo, dos días más tarde, la propia rectora Adelaida de la Calle firmaba un oficio solicitando la apertura de la investigación que ha terminado con el expediente sancionador. Una presión a la que ayer mismo se refería el portavoz de Podemos, Rafael Mayoral, quien dijo que no quería «pensar» que había presiones de la Junta.

El número tres de Podemos, Íñigo Errejón incumplió su contrato laboral de investigador externo con la Universidad de Málaga, con la que estaba vinculada desde el mes de marzo dentro de un proyecto para contar viviendas vacías para la Consejería de Fomento, según consta en el expediente abierto por la propia UMA. La institución académica comunicó el miércoles a Errejón que le abría un expediente disciplinario, con la suspensión de empleo y sueldo durante los doce días que le restan por concluir su relación laboral, por entender que no cumplió con el requisito de trabajar, al menos durante 40 horas semanales, desde la propia universidad.

El expediente, el primero que abre la Universidad a un investigador, lleva la firma de la rectora, Adelaida de la Calle, y no conlleva la reclamación del dinero percibido por el dirigente político hasta este momento, cerca de 16.000 euros brutos, a razón de 1.825 euros mensuales. Al tratarse de un contrato y no de una beca o ayuda, el proceso de reclamación es mucho más complejo. En todo caso, fuentes de la institución académica estiman que será la Junta la que deba valorar este extremo en función de si está satisfecha o no con el trabajo realizado.

La Universidad ha decidido también abrir otro expediente al director del proyecto y profesor de la UMA, Alberto Montero, también miembro de Podemos, por «no atender» su obligación de fiscalizar el trabajo del investigador. En este caso no se verán afectadas sus retribuciones que recibe como profesor de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo y no como investigador. Montero ha defendido en este tiempo el trabajo de Errejón asegurando además que no podía intervenir en la organización de su tiempo personal.

Los responsables políticos de todos los partidos salieron ayer en tromba con este asunto. El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, dijo ayer claramente lo que los socialistas pensaban desde que salió a la luz esta beca: que el dinero que estaban pagando a Errejón servía, en el fondo, para sufragar la campaña electoral de Podemos pagando un sueldo fijo al mes precisamente al coordinador de dicha campaña. Mario Jiménez fue más allá asegurando que el dinero que debía ir a pagar los desahucios, «estaba financiando la campaña de Pablo Iglesias, quien tiene que comparecer inmediatamente ante los medios y no esconderse».

El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, calificó de positivas las medidas tomadas por la Universidad de Málaga pero quiso ir más allá y alertó de que esta misma situación podría estarse repitiendo en otros casos. Sólo que los protagonistas podrían ser afines al PSOE, tal y como aseguran algunas denuncias que están llegando al PP y que se están analizando para enviarlas al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado.

Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, valoró la celeridad con la que ha actuado la Universidad de Málaga y explicó que el proyecto va a seguir adelante con el resto de investigadores (unos 15 en total) que están adscritos al mismo. Cortés aseguró que su departamento está vigilante con este proyecto y que «va a ser inflexible con el control del dinero público para que se gaste en lo que estaba destinado». La consejera explicó que en la última evaluación del programa se había ejecutado el 53%.