Felipe IV negoció con el Obispado como propietario para hacer la Capilla Real

Pese a que se conservan la totalidad de las negociaciones entre las partes, cruces de cartas incluidos, una cédula es particularmente releveladora. Se firmó en Madrid en 1659 por el Rey y está dirigida a don Juan de Góngora (familiar del poeta cordobés del Siglo de Oro), que además de caballero de la orden de Alcántara era el Cristóbal Montoro de la época como «Governador de Hacienda». El monarca da instrucciones explíticas a su gestor sobre las obras del nuevo proyecto de la Capilla Real, largamente acariciado por la Corona para dar realce al lugar donde se encontraban los restos mortales de los monarcas.

«El reverendo en Chirsto padre y obispo de Córdova don Francisco de Alarcón, como dueño lexítimo de la fábrica de dicha iglesia me ha servido graciosamente con el sitio muy capaz en élla para mudar y trasladar a él la dicha mi capilla que ha muchos años que yo y los reyes mis predecesores lo hemos deseado efectuar para su mayor capacidad y decente colocación de los dicho cuerpos reales», escribió el monarca a don Juan de Góngora. Lo que le dice, en una palabra, es que se cobre los 40.000 ducados que cuesta el proyecto para ejecutar el proyecto del arquitecto Gaspar de la Peña, autor del campanil de la torre,

Las negociaciones fueron un dolor para el monarca, uno de los más poderosos de la Tierra. El proceso se encuentra parcialmente relatado en un memorial firmado por Bernardo José Alderete, canónigo y erudito, que junto a su hermano José dan nombre a la calle de Los Alderetes de Ciudad Jardín. Y el proceso es que Felipe IV tuvo que presentar hasta cuatro proyectos hasta que el Cabildo dio su visto bueno, explica el canónigo archivero, Manuel Nieto Cumplido.

El primero de los proyectos ocupaba parcialmente el espacio donde se encuentra el Sagrario. El Cabildo lo rechazó porque su realización hubiera significado la destrucción casi total de la ampliación de Almanzor, de finales del siglo X. El segundo de los intentos era, directamente, edificar el «corral» de los naranjos. El proyecto no se vio mal del todo porque existían precedentes. La capilla de Fernando III el Santo en Sevilla o las dedicadas a los pontífices Sixto V y Paulo V de Santa María la Mayor, en Roma. El tercer proyecto rechazado ampliaba la Capilla Real originaria, terminada de edificar en 1371 por órdenes de Enrique II de Castilla. Básicamente, significaba la destrucción de la Capilla de Villaviciosa. El Cabildo rechazó el proyecto por entender que el daño iría «en gran menoscabo de la reputación del Reino».

Felipe IV hizo algo tan moderno como saltarse al Cabildo para negociar directamente con el obispo de Córdoba, Francisco de Alarcón, quien era sobrino de Sebastián de Covarrubias. Y lo que recogen los documentos es una negociación en toda regla sobre espacios. Si el acuerdo data de 1659, el primer proyecto es de 1637. Eso quiere decir que el Cabildo, que es la institución más antigua de Córdoba, estuvo 22 años dando negativas a la Corona sobre la reforma de la Capilla Real. Felipe IV le dice a Juan de Góngora que si las obras no se han hecho antes es «por la omisión de los perlados pasados de aquella iglesia en señalar y conceder el sitio».

Los términos del acuerdo fueron los siguientes. Se usarían los tres arcos grandes del «entrecoro viejo» junto a dos capillas, la de San Miguel (hoy conocida como de San Eulogio) y la de San Lorenzo, para colocar la advocación de la Virgen de Villaviciosa. La Corona se reservaría el patronazgo de la zona ubicada bajo el altar de la capilla «de los dos Santos Juanes» para construir un cuerpo de iglesia con bóveda de gran tamaño, crucero y coro. La razón de elegir ese sitio, y no otro, es que en ese lugar se podían colocar las urnas de los Reyes «con la decencia devida» y porque era el «paraje más decente de la dicha iglesia, llamado desde su fundación el quarto noble».

La cédula de Felipe IV da fe de una negociación de propiedad. La Corona tenía una capilla, la de los Santos Juanes, pero no la totalidad del templo, que era responsabilidad del prelado. El monarca explica a Juan de Góngora que se esmere en el proyecto, que encargos de mayor enjundia ha tenido. Además, le da poderes para que, en su nombre, se efectúen los trabajos necesarios del orden notarial. Por ejemplo, «que otorgueis en mi nombre las scripturas y demás instrumentos que convinieren y fueren necesarios». Es lo que hoy llamaríamos una permuta entre propietarios legítimos. El documento real es, a todos los efectos, un poder bastante para actuar en su nombre. A su vez, retira un mandato anterior para construir la tumba de los dos reyes en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. Y le advierte que, en caso de sobrecostes, tiene su autorización para buscar el dinero donde fuere menester.

La Capilla Real que tanto demandó Felipe IV, huelga decirlo, nunca se construyó, que es cosa bien cordobesa. España era, en aquella etapa de la historia, tan poderosa como inestable económicamente. Y la Corona tenía problemas bastante mayores que solventar que encontrarle un sitio de mayor realce a dos reyes de Castilla, que por cierto fueron trasladados pero a otra iglesia. En el siglo XVIII, un Borbón, Felipe V, accedió al traslado de los restos mortales hasta la parroquia de San Hipólito para cumplir los deseos de Alfonso XI de ser enterrado allí junto a su padre. En segunda instancia, se salvó una parte de la Capilla Real originaria, de estilo mudéjar, y uno de los ejemplos más palpables de que el monumento tiene una enorme virtud­: es hijo de sus tiempos, de siglos y siglos acumulados. Modificaciones realizadas en el siglo XIX impiden conocer hoy el recinto con la planta que tuvo cuando Doña Costanza de Portugal lloraba a Fernando IV.

¿Qué importancia tiene , a estas alturas, que Felipe IV mandara escribir una cédula para gastarse los impuestos en una capilla? Independientemente de otros factores, cuenta que la Corona no haya tenido, a lo largo de la historia, la noción de ser propietaria de la Mezquita-Catedral. Al contrario, cuenta también que la Iglesia haya tomado decisiones como dueña, que su responsabibilidad sobre el monumento haya trascendido el simple culto de forma que haya realizado negocios jurídicos como legítima propietaria. Una de las cuestiones más sorprendentes sobre este proceso es que, pese al enorme ruido generado, no existe ninguna iniciativa judicial para reclamar el pretendido dominio público del principal monumento de Córdoba y templo primero de la diócesis para los católicos de la provincia. En tal caso, Felipe IV acabaría siendo testigo de parte a favor del «dueño lexítimo».