Condenan a dos años de prisión a una periodista por revelar un sumario en una polémica sentencia de la Audiencia de Huelva

La familia de la víctima denunció a dos periodistas del citado rotativo por la familia alegando que habían cometido un delito contra la intimidad al informar sobre los datos que recogía el sumario del caso que investigaba el Juzgado de Instrucción número 2 de Huelva.

En la polémica sentencia de 47 páginas dictada el pasado 6 de junio, el tribunal de la Sección Tercera considera a la periodista como autora de un delito de revelación de secretos del artículo 197.3 del Código Penal y le impone dos años de prisión, a una multa de 18 meses con una cuota de seis euros diarios y a la inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística durante el tiempo de la condena, además de una indemnización de 30.000 euros a los parientes de Luelmo. El abogado de Huelva Información, Luis Carlos Molero, está preparando un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Uno de los jueces que ha tomado decisión es Florentino Gregorio Ruiz Yamuza, que vetó el acceso a los medios de comunicación en el juicio con jurado popular contra Bernardo Montoya. Éste fue condenado a la pena de prisión permanente revisable por la agresión sexual y el asesinato de Laura Luelmo, una maestra de 26 años nacida en Zamora que trabajaba en un colegio de Nerva y residía en el cercano municipio de El Campillo. Los otros magistrados que firman la sentencia son Carmen Orland (ponente) y Luis García Valdecasas.

La Audiencia argumenta que la periodista «se hizo con plural contenido de las diligencias judiciales del Sumario que se instruía, de carácter reservado, y las dio a conocer con acotaciones literales a través de diversos artículos». En dichas informaciones daba cuenta del cambio de versiones del acusado del asesinato ante el juez, de las lesiones infringidas a Laura Luelmo según los informes de los forenses y de toxicología. También se publicó una imagen de la joven comprando en un supermercado, una noticia relevante puesto que era la última vez que se vio a la víctima antes de que fuera raptada por Bernardo Montoya.

El tribunal sostiene que «la profusión de datos sobre lesiones y violencia sufrida por la víctima, así como de fundamentos técnicos y los detalles proporcionados, exceden de la necesaria labor informativa que necesita la comunidad en general sobre el curso de la investigación de la muerte y de las circunstancias en que se produjo el triste suceso» y comprometen «el derecho a la intimidad personal y familiar de la fallecida».

«La justificación de la protección de la libertad de información en la relevancia social de lo que se comunica hace necesario verificar ese interés social de la información, derivado del carácter público de la persona a la que se refiere o por el hecho en que esa persona se haya visto involucrada«, esgrime la sentencia, que apelan a pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la libertad de información. Aunque admite que la información sobre sucesos »es de interés general y tiene relevancia pública«, para los magistrados »la divulgación de datos que afectando a la intimidad sean enteramente ajenos a lo 'noticiable', excedan de cuanto pueda tener relevancia informativa o puedan calificarse de irrelevantes, gratuitos o innecesarios«, no estarían protegidos por la libertad de información.

La resolución asegura que la acusada «tuvo acceso a documentación restringida al ámbito estricto de la investigación penal de la causa« que se desarrollaba en el Juzgado de Instrucción de Valverde del Camino, y »realizó la difusión de estos datos en un medio público de comunicación«. »La falta de autorización para el conocimiento de esa información era también necesariamente conocida por la acusada«, hace constar el tribunal. La periodista se amparó en el secreto profesional para no revelar cómo accedió al contenido del sumario. Con todo, la Audiencia estima que la periodista era »conocedora por su profesión en la crónica de tribunales del carácter reservado de los datos sumariales, de que su contenido afectaba a la esfera de la intimidad de la víctima y de su familia, y del perjuicio que podía causar con ello procedió a su divulgación».

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape) ha mostrado este lunes su respaldo a las asociaciones andaluzas en su condena a la sentencia dictada por la Audiencia provincial de Huelva contra una periodista -a la que, entre otras cosas, se le condena a dos años de prisión- por «revelación de secretos» relacionados con el caso del asesinato de Laura Luelmo, lo que supone, a juicio de la FAPE, «un atentado contra la libertad de información».

Según ha indicado en un comunicado, ante esto, la Fape analizará las «posibles repercusiones» en el ejercicio de la profesión y recuerda «la necesidad de regular el secreto profesional, tal como se consagra en la Constitución Española, para proteger el derecho para la libertad de información» y destaca que «así estaba contemplado en el proyecto que se encontraba en trámite parlamentario y que decayó por la convocatoria electoral».

«Situaciones como la citada sentencia de Huelva hacen urgente que el próximo periodo legislativo retome la iniciativa», ha añadido la Fape en su comunicado de prensa.

El comunicado emitido por las asociaciones andaluzas y respaldado por la Fape dice que las mismas manifiestan su «rechazo absoluto» a una sentencia dictada por la Audiencia de Huelva que condena a una periodista por «revelación de secretos» relacionados con el caso del asesinato de Laura Luelmo en El Campillo.

A juicio de las asociaciones, esta sentencia «puede generar un peligroso precedente» ya que «atenta directamente contra el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información veraz, en este caso, verdadera», según han indicado en un comunicado.

El fallo judicial genera una «honda preocupación» en las asociaciones profesionales, «puesto que deja al libre dictamen de los jueces la relevancia de una información», que, «siempre y cuando sea veraz, está amparada en el artículo 20 de nuestra Carta Magna». Igualmente, señalan que esta sentencia «abre la puerta a que se establezca una censura a posteriori en la que se juzgue a los periodistas después de publicar una información».

Asimismo, abre la posibilidad a que los profesionales se enfrenten a condenas de prisión por revelar información considerada «no relevante por los jueces», las asociaciones han destacado que «en el caso que nos atañe, ni siquiera existía secreto sumarial sobre la causa y que era una información verdadera».

«Este fallo judicial, que parece que condena, sobre todo, que la periodista haya tenido acceso a las diligencias del sumario, pone en peligro el derecho a la libertad de información, dado que puede llevar a numerosos profesionales a la autocensura por temor a ser condenados», han lamentado.

Por ello, las asociaciones de la prensa de Andalucía muestran «su rechazo más absoluto» a esta sentencia, que «sienta un peligroso precedente» y que «pone en riesgo los estándares democráticos que protegen a la profesión periodística en la Constitución» y señalan que «la Justicia tiene el deber de proteger y defender la información veraz, nunca perseguirla o castigarla» ya que «hablamos de un derecho constitucional de los ciudadanos que ejercen a través de los periodistas».

Los firmantes del comunicado son la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería, Asociación de la Prensa de Cádiz, Asociación de la Prensa Campo de Gibraltar, Asociación de la Prensa de Córdoba, Asociación de Periodistas de Granada, Asociación de la Prensa de Jaén, Asociación de la Prensa de Jerez, Asociación de la Prensa de Huelva, Asociación de la Prensa de Málaga y Asociación de la Prensa de Sevilla.