La concejal acusada de enchufar a una funcionaria en Arcos de la Frontera declara al juez que es víctima de una «conjura política»

González, que tras dicha publicación se dio de baja del PSOE aunque no ha dejado su acta como concejal, se ha presentado como víctima de una «conjura» política. «Hay razones políticas por las cuales yo estoy sentada aquí», proclamó el 17 de enero pasado cuando el juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arcos de la Frontera número 2 le tomó declaración como investigada. La edil está a un paso de sentarse en el banquillo.

El pasado 2 de septiembre, el instructor dictó un auto que daba por terminada la investigación que se dirige contra cuatro personas por supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos. Aparte de la edil, están procesados el actual jefe de la Policía Local, Luciano Muñoz Castaño, que la asesoró en materia de Personal entre los años 2015 y 2019; el presidente del tribunal examinador, Ricardo F. V., y la beneficiaria del empleo, Manuela F. N.

La candidata decidió tirar de la manta en julio de 2023 y denunciar que el anterior equipo de gobierno del PSOE le había creado un puesto municipal a la medida en la oferta de empleo público desarrollada semanas antes de las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 a cambio de que ella y toda su familia votara a este partido.

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Antonio R. Vega

La que fuera edil del PSOE hasta el pasado sábado —su partido le ha abierto un expediente informativo— ha imitado la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para defenderse en los casos que acorralan a la familia del presidente. Afirma que su imputación obedece a un plan «orquestado por el equipo de gobierno actual [del PP]» y por la propia denunciante. El objetivo es doble. Por un lado, busca «paralizar» un procedimiento que se puso en marcha en el anterior mandato para consolidar la plaza prometida y «evitar que alguien aprobara el examen y le quitase el puesto» que consiguió cuando los socialistas gobernaban. Por otro, persigue «tener al equipo de la oposición sentado en el banquillo y quitarse de en medio» al PSOE, alegó.

Durante un interrogatorio que duró 44 minutos, a cuya grabación ha tenido acceso ABC, González Peña respondió con frases evasivas como «no lo sé», «no lo recuerdo» o «no era competencia mía» ante las cuestiones más precisas o espinosas que se le plantearon el juez y el fiscal. No aclaró por qué han desaparecido de los archivos del Ayuntamiento las preguntas del examen tipo test supuestamente confeccionado para darle una ventaja a la aspirante, a pesar de que está obligado a custodiarlo ante posibles impugnaciones.

El juez le preguntó qué interés iba a tener el gobierno local del PP en no facilitar el cuestionario: «¿Si están conjurados contra usted no tendrían más que aportar el examen?». «Yo no sé la conjura por dónde va. Ella no aprobó el primer examen (años después de crearle la plaza de Oficial de Inspección) y se ha interrumpido ese segundo examen por orden expresa del alcalde de la localidad», el popular Miguel Rodríguez. La secretaria del Ayuntamiento y un asesor jurídico desaconsejaron paralizar el proceso hasta que se resuelva la denuncia, argumentó la edil. Se escudó en el tribunal examinador para exculparse sobre el destino del expediente requerido sin éxito por el juzgado. «No son competencias mías», pretextó.

González relató que el 6 de julio de 2023, días después de que el PP y el partido independiente Aipro desalojaran al PSOE de la Alcaldía tras las últimas municipales, Manuela avisó del supuesto amaño a la Guardia Civil. Al día siguiente, lo denunció ante el Ayuntamiento, que «ese mismo día» dejó en suspenso el proceso selectivo. «Esto está totalmente negociado entre el alcalde actual y esta señora para no perder su puesto de trabajo», conjeturó.

Aconsejada por su abogado, la edil declinó pronunciarse sobre los audios que la incriminan alegando que había recibido las transcripciones pero no el material audiovisual. «Pudiera ser que me reuniera con ella», fue lo más preciso que dijo cuando el juez le interpeló sobre la reunión con la denunciante en la que le ofreció un empleo a mediados de 2018.

En su relato, plagado de elipsis y olvidos, la que fuera delegada de Personal de Arcos durante ocho años (2015-2023) afirmó que Manuela «nos perseguía a todos» para que volviéramos a contratarla tras su cese como policía local interina en abril de 2018, en la etapa del PSOE. Una ley autonómica de 2001 obligaba a los agentes andaluces a ser funcionarios de carrera y ella no había obtenido la plaza. Para no dejarla en la calle se le creó una plaza en un proceso «teledirigido» para beneficiarla, según consta en el auto del juez.

—Como les estuvo atosigando continuamente para que la dejasen en el ayuntamiento, ¿acordaron darle una plaza de Oficial de Inspección?», le preguntó directamente el fiscal.

—Por supuesto que no, respondió expeditiva.

—¿Le pidió el currículum?, le inquiere después.

—Para nada.

—¿O su perfil para saber los cursos que tiene?, repregunta el fiscal.

—Yo no recuerdo habérselo pedido. Si en algún momento se ha hablado de algo y lo hemos hablado por saber de qué pie cojeamos cada uno... Pero que yo no recuerdo habérselo pedido y, desde luego, no con intención de crearle un puesto de trabajo para nada.

La edil presumió en el juzgado de hacer justo de lo contrario de lo que se le acusa. «El gobierno anterior [del PP] tenía muchos casos de enchufismo y nosotros acabamos con todos y cada uno de ellos», sentenció. No lo cree así el juez, que está a punto de llevarla al banquillo por el supuesto enchufe.