Andalucía fija juicios laborales para 2028 por el bloqueo económico del Gobierno

En mayo de este año decidió ponerle una demanda al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería para reclamarles lo que él considera que es justo: el título de incapacidad permanente absoluta que le ampare para no ejercer labor profesional alguna y que, al tiempo, eleve considerablemente su compensación económica, ya que se situaría en torno a 1.600 euros por mensualidad.

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ABC de Sevilla

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El juzgado de lo Social número 1 de Córdoba admitió la demanda y fijó la fecha para el juicio que dirimirá la revisión de su grado de incapacidad: el 20 de diciembre de 2028. Así que hasta dentro de tres años este hombre no aclarará su situación.

Al conocer el largo plazo, el abogado de este ciudadano cursó una queja formal al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha respondido con un escrito de dos folios en el que reconoce el problema. «Los juzgados y tribunales, en términos generales, han asumido una carga de trabajo superior a la deseable y a los estándares de entrada de asuntos utilizados como criterio técnico por el Servicio de Inspección», indica el documento.

Y añade: «Le informamos de que el Consejo General del Poder Judicial es consciente de la necesidad de agilizar la actividad judicial y de reducir los tiempos de respuesta, y se ha dirigido a las administraciones responsables de la dotación de medios personales y materiales a Administración de Justicia con el fin de que valore la creación de nuevos órganos y medidas de refuerzo de las plantillas de los juzgados».

El letrado del demandante tiene la piel de elefante a cuenta de las dilaciones en los señalamientos en los juzgados de lo social de lo que tiene constancia un día sí y otro no. «Desgraciadamente, estos plazos son los normales en estos momentos: desde la pandemia todo ha ido a peor», lamenta el abogado.

No se trata de un caso aislado. Los hay por toda la comunidad autónoma. Un letrado de un pujante bufete del centro de Sevilla se lleva las manos a la cabeza porque esta misma semana el juzgado le citó para una vista relacionada con un despido laboral el 26 de junio de 2028. «Y todo ello contando con que los despidos, en este caso la petición de la nulidad del mismo, tienen un orden preferente [para la asignación de fechas], algo que no ocurre para las incapacidades», indica el letrado.

«Todo depende, en gran parte, del juzgado que lleve la causa, porque otros despidos de este mismo lote del que hablo nos los han señalado para uno o dos años antes que el primero que he citado», resume el abogado, que defiende la labor y el empeño de la mayoría de los funcionarios y explica la escleroris del sistema a una gestión mejorable de los recursos disponibles, que a su juicio son claramente insuficientes.

«El atasco es tremendo, y va a más en función de las provincias, de los lugares de los que hablemos: en Jerez, por ejemplo, los tiempos son brutales porque hay pocos juzgados pero el territorio es muy amplio, mientras que todo es más ágil en ciudades como Córdoba o Granada», precisa el letrado.

Una de las claves para entender estas demoras está en la necesidad de dotar al músculo judicial de más tribunales y de más jueces, al que depende de un modo directo del Gobierno central. Lo ha verbalizado esta misma semana el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, en vísperas de la apertura del año judicial en Granada: «Tenemos que atender los crecimientos de actividad en distintas zonas y desde nuestras competencias podemos poner más funcionarios y sedes, pero no más jueces, que son necesarios para atender la creciente demanda», subrayó.

En este sentido hay que recordar que el número de magistrados y jueces de la comunidad es de 11,8 por cada cien mil habitantes, por debajo de la media nacional, situada en 12,1 por cien mil personas. Consciente del déficit, la Junta demandó el pasado año al Ministerio de Justicia que creara en la región 56 juzgados y 15 plazas de magistrados en las audiencias provinciales, y la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez fue negativa: no va a crear ni una sola plaza ni un solo tribunal.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tiene escrito en su última memoria, correspondiente al ejercicio de 2024, que hacen falta más medios. El documento indica que en el último año, los despidos han aumentado un 13% en los Juzgados de lo Social, registrándose 27.014 frente a los 23.933 del año anterior. La pendencia -o asuntos pendientes- también es «preocupante» (sic), ya que asciende a 109.571 asuntos, un 11% más que el año anterior.

A renglón seguido, el Alto Tribunal de la región recalca que «partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de ochocientos asuntos por órgano y año, esa cifra es superada, con distinta intensidad, en todos los Juzgados». «Esta circunstancia, junto a la estadística de los últimos años, -enfatiza- pone de manifiesto la necesidad de crear nuevas plazas judiciales en muchos partidos judiciales, y mantener medidas de refuerzo en esta jurisdicción».

Para el TSJA lo que es más urgente es aumentar la dotación de plazas judiciales en Melilla, partido judicial en el que habría que valorar la transformación de una plaza judicial contenciosa en una nueva plaza judicial de lo Social. «Igualmente es necesario aumentar las plazas judiciales en Jerez de la Frontera, mientras que en Almería y Sevilla deberemos mantener los refuerzos existentes e intentar arbitrar un refuerzo -similar a los anteriores- para paliar la sobrecarga de entrada de asuntos que padecen los Juzgados de lo Social de Málaga y Huelva», puntualiza la memoria del TSJA.