Las claves de la investigación judicial que cerca al marido de la directora de la Guardia Civil y precipita su dimisión
Un juez lo investiga por el contrato «absolutamente fraudulento» que la Junta de Andalucía dio a su hermano ex alto cargo para montar un centro de negocios en Madrid
María Gámez dimite al frente de la Guardia Civil: a la hija del farero se le vuelve a apagar la luz
Para entender la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, hay que acudir a la crónica de tribunales. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que pasó a la historia por destapar el caso ERE por el que han ... sido condenados dos expresidentes de la Junta de Andalucía, ha situado bajo los focos de una nueva investigación a su marido, Juan Carlos Martínez Martínez. El esposo de Gámez pasó de ser asesor de consejeros y ministros a hacer negocio como consultor de empresas que recibieron subvenciones millonarias de la Junta de Andalucía, en ocasiones de manera irregular. Tanto él como su hermano Bienvenido Martínez, que fue directivo de la agencia autonómica IDEA y presidente de Santana Motor, obtuvieron «importantes ingresos de sociedades que reciben a su vez cuantiosos ingresos de la Junta».
La malograda Isofotón (donde estuvo trabajando la actual vicepresidenta tercera, Teresa Rivera), Inversión y Gestión Corporativa S.L. (la matriz de Magtel) y Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. fueron clientes de Job Management Liberty S.L., cuyo administrador único es la pareja de Gámez. Así lo recoge un atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional remitido en octubre de 2021 al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
El informe obra en el sumario de unas diligencias previas centradas en el supuesto desvío de 36,1 millones de euros de un préstamo «fraudulento» a la factoría automovilística de Santana Motor concedido por el Gobierno andaluz en diciembre de 2009, bajo el gobierno del PSOE. La fábrica de Linares, en Jaén, fue nacionalizada por la Junta en 1994 tras la marcha de Suzuki. Pero los casi 137 millones de euros de fondos públicos «dilapidados» (según el informe) en ella no impidieron su cierre en 2011.
La Policía Nacional, el cuerpo 'hermano' de la Guardia Civil, fue desenredando esta interminable madeja hasta encontrar un cabo que le llevó hasta Juan Carlos Martínez. El juez José Ignacio Vilaplana comunicó este miércoles «expresamente» al esposo de Gámez y a otro cuñado suyo, Manuel Martínez, «su condición de investigados» en una nueva pieza desgajada del caso Santana donde aprecia supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales.
En este proceso se investiga el centro de negocios montado por la Administración autonómica en Madrid para el que fue contratada de manera «absolutamente fraudulenta» –según la Policía– la consultora de Bienvenido Martínez, que ya estaba imputado junto a otros dos ex directivos más de la Junta. Éste había desempeñado el cargo de director de Inversiones Estratégicas de la agencia pública IDEA desde junio de 2008 a octubre de 2009. Dejó el cargo un día antes de recibir la adjudicación a dedo.
La investigación se centra en un centro de negocios contratado de manera «absolutamente fraudulenta» con la empresa de un hermano que fue alto cargo de la Junta
La sociedad Experience Management Group S.L., propiedad de Bienvenido, había facturado 280.975 euros a la agencia IDEA, sin que hubiera existido «labor de asistencia técnica», advirtió el juez.
Para ampliar las imputaciones, el juez dictó una providencia que, aunque está fechada el 16 de marzo, se notificó ayer. Argumenta que tanto Manuel como Juan Carlos Martínez «pudieran haber tenido algún tipo de participación material en los hechos delictivos objeto de las actuaciones, cuya relevancia penal pudiera deducirse del conjunto de lo actuado». Los cita como investigados para salvaguardar de sus derechos.
Impulso de la investigación a instancias de la Fiscalía
Hace justo un mes, el magistrado había impulsado esta investigación. Atendiendo una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, dirigió un oficio a la Agencia Tributaria requiriéndole un detallado informe sobre «las declaraciones presentadas y los datos fiscales» correspondientes a las tres sociedades vinculadas a los hermanos Martínez, que registraron movimientos de capital desde 2009 a 2011.
Su objetivo era averiguar si la empresa Experience Management Group S.L., propiedad de Bienvenido Martínez, había transferido fondos públicos a la consultora de Juan Carlos Martínez, Job Management Liberty S.L., para difuminar el origen del dinero.
El juez lleva meses tras el rastro de los 1.364.034 euros que habría ingresado la empresa de Bienvenido Martínez entre 2009 y 2011, en su mayoría procedentes de entidades públicas. Este cuñado de Gámez está procesado por el préstamo de 36,1 millones concedido a Santana, pero el juez no halló indicios suficientes para imputar en este caso a su esposo y lo excluyó de dicha investigación el pasado mes de julio.
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