Catalina García: «Ningún proyecto que no cumpla con la protección ambiental queda autorizado»

- ¿Cuáles son los principales proyectos que verán la luz a corto o medio plazo?

- Nuestro principal objetivo es la modificación sustancial, cualitativa y cuantitativa de toda la normativa medioambiental de la Consejería para adaptarla al siglo XXI, a la directiva europea y a la legislación nacional. Porque los retos que tenemos por delante nada tienen que ver con leyes de hace 20 o 30 años. Tenemos encima de la mesa tres anteproyectos de leyes muy importantes: la Ley de Montes, la de Agentes de Medio Ambiente y la de Gestión Ambiental de Andalucía.

- ¿Cuentan con el consenso del sector?

Ha habido plazos para que la gente pudiera realizar sus aportaciones y han sido llevadas a foros especializados. Por ejemplo, la Ley de Montes se ha presentado ante asociaciones agrarias, cinegéticas, ecologistas y empresariales.... Respecto a la la Ley de Gestión Ambiental hemos realizado un importante trabajo con la Confederación de Empresarios, pues necesitamos un compromiso firme por parte de ellos para que nuestra gestión medioambiental sea mucho más eficiente y eficaz.

- ¿Cuándo estarán totalmente en vigor?

- Están todas en tramitación y queremos que entren en el Parlamento en el primer semestre de 2025. Para eso trabajamos a marchas forzadas.

- Quizás para el ciudadano medio el término sostenibilidad resulta ambiguo. ¿Podría poner ejemplos concretos de la gestión de la Consejería?

- La gestión sostenible de nuestros montes significa compatibilizar la protección de la biodiversidad con el desarrollo económico y social, y emplear planes agrícolas y selvícolas muy específicos para asegurar la supervivencia de los espacios naturales en un escenario de cambio climático. Infinidad de parámetros nos indican que estamos en ese cambio de ciclo, y en nuestras manos está, al menos, hacernos resilientes.

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- Hay quien sigue dudando del cambio climático, por ejemplo aludiendo al carácter cíclico de las sequías...

- Es cierto, pero no es normal que una sequía dure siete años. Nos están pasando muchas cosas por primera vez, como por ejemplo la manera en que se ha calentado el mar este verano. El tiempo está cambiando, y tiene consecuencias. Ese calentamiento del mar hace que las borrascas se desplacen, pasen por Huelva y Sevilla y se vayan hacia Castilla-La Mancha, sin llegar a la zona oriental.

- ¿Qué papel juega la ciudadanía en lo sostenible?

- La sociedad está acostumbrada a usar y tirar. Con la ley de Economía Circular -de 2023- se pretende 'cambiar el chip' para que la mayoría de los residuos tengan una segunda oportunidad. En ese sentido también figura el Plan de Acción Climática, donde más de 2.600 millones de euros se han circulado en los últimos seis años en más de 230 actividades.

- ¿Cómo están ayudando a las administraciones locales en la gestión de residuos?

- Hemos destinado entre 130 y 140 millones a los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia en el tratamiento de residuos, para que puedan tener un punto limpio, camiones para la separación, puntos de transferencia... En 2030 hay un reto muy importante que es el de limitar al 10 por ciento los residuos que lleguen a los vertederos.

- Andalucía celebra los proyectos relativos al hidrógeno verde, pero a veces pesa la duda de que sean 100 por cien sostenibles...

- Todas las autorizaciones ambientales pasan por esta Consejería, y tenemos que garantizar la máxima protección tanto de los espacios donde esas empresas realizarán su actividad como de la salud de las personas que están en ese entorno, así como que se aplica plenamente la economía circular. También somos conscientes del desarrollo económico que supone para la comunidad, pues existe mucha competencia con otras regiones y países y es vital que Andalucía sea ese terreno amable que facilita la incorporación de las empresas, como ocurrió hace un mes y poco con la alianza del biogás en Jaén. Lo que sí que tiene que quedar claro es que los proyectos que no cumplen con esos cánones de protección no tienen autorización.

- ¿Cuánto tarda una autorización de este calibre?

- En proyectos de gran repercusión, la autorización puede estar en nuestra Consejería dos años. Pero no parada. Se recaba información, pasa por diferentes servicios hasta que logra el visto bueno de los distintos jefes y técnicos, se realizan muchos informes sectoriales, se abre a que todas las consejerías que tengan algo que decir puedan hacer sus alegaciones... Así es como se consigue que la autorización sea garantista.

- El nuevo orden mundial parece amenazar la progresión de las renovables...

- Yo creo que Trump dice mucho, pero luego da una de cal y una de arena. Estados Unidos y China, a pesar de esa utilización de energías fósiles, han tenido en los últimos años un avance tremendo en renovables. Lo que sí nos debe preocupar es que no vamos a cumplir ese objetivo del 'grado y medio' del Acuerdo de París -que la temperatura media global no sobrepase en más de 1,5º los niveles preindustriales-. A las administraciones nos queda mucho por hacer, pues no podemos conseguir que la población apueste por el hidrógeno verde si todavía no es competitivo y aún tenemos a la mano combustibles fósiles. O por el coche eléctrico, si no tiene aún un precio que pueda adaptarse a la economía de una persona o familia, si seguimos sin unidades suficientes de carga de los vehículos.

- Volviendo al asunto de los trámites, ¿cuáles agiliza la nueva Ley de Gestión Ambiental?

- La autorización ambiental unificada, pasa de ocho a seis meses. La calificación ambiental de los ayuntamientos pasa a ser ahora una licencia ambiental, y a tres meses. También quitamos carga burocrática a los ayuntamientos en 49 procedimientos, que hasta ahora necesitaban esa calificación ambiental y que pasan a ser de autorización ambiental simplificada. Luego damos un papel fundamental a las entidades colaboradoras, de forma que los expedientes lleguen a nuestra Consejería con una calidad suficiente y no tengan que 'volver atrás' para corregir cuestiones. Me gustaría resaltar que va a ser la primera vez en que, por ley, va a estar garantizada la participación ciudadana en el Consejo, con un registro de personas interesadas en proyectos medioambientales para garantizar la máxima participación y transparencia.

- Parece que también hay mucho por hacer en materia de digitalización. Es sorprendente que los agentes de Medio Ambiente siguieran anclados al papel hasta hace unas semanas...

- Anclados al papel y buscando un sitio físico donde poder realizar ese trabajo que podrían hacer en el mismo campo. Hace poco entregamos las primeras 15 tablets del sistema Gavis, que va a permitir al agente dedicar el máximo tiempo posible a su labor de policía ambiental, de vigilancia del espacio natural y la biodiversidad... Podrán acceder a un montón de información sin tener que desplazarse, reduciendo la huella de carbono. Y en su sector la rapidez es crucial, porque por ejemplo cuando hay un incendio, la primera persona que llega normalmente es un agente de medio ambiente, que es quien está en el terreno. Así, prevemos que durante este primer trimestre del año los más de 700 agentes ya tengan tablet y acceso a Gavis.

- ¿En qué punto se encuentra la implantación de drones en los montes?

- Se están haciendo cursos de formación especializada a través del Instituto de Estudios de la Administración Pública de Andalucía, porque había algunas provincias donde el tema estaba muy asentado, pero otras en las que no había ningún avance y es fundamental porque se trata de una herramienta muy potente para la vigilancia.

- Ante los incendios y la escasez hídrica, la preparación del terreno también es crucial. ¿Cuáles es la inversión de la Junta a este respecto?

- En el presupuesto de 2025, la partida para restauración ambiental, biodiversidad, espacios naturales... es de más de 383 millones. Esto es un 6,5% más que el año pasado, pero sobre todo un 65% más que en el año 2018. De ese total, 136 millones son los que dedicamos a planes selvícolas como cortafuegos o métodos para lograr la resiliencia ante el cambio climático. Cuando hay mucha vegetación y poca agua, la competencia es brutal. Es más lógico eliminar los árboles que ya sabemos que se han debilitado, por varias cuestiones: el hueco permitirá que entre más luz y la poca agua que puedan recibir, pues a menudo no logra atravesar la inmensa masa forestal; también dejará que la masa que hay el suelo crezca y, sobre todo, los ejemplares más fuertes tendrán más futuro. De hecho, también frenará posibles incendios.

- El agua vuelve a ser el eje de todo...

- Es un recurso tan valioso como el oro o el diamante. Por eso es tan importante que Juanma Moreno esté al frente del Comité de Regiones de la Unión Europea. Nosotros reivindicamos que, como sur de Europa, Andalucía es el lugar donde el cambio climático está dejando sus efectos más evidentes. De hecho tenemos un desierto, dentro de una provincia de pluviometría escasísima. Necesitamos que la UE y el Ministerio ofrezcan soluciones a Andalucía, que luego servirán al resto del continente.

- ¿Dentro de esos planes selvícolas que mencionaba hay alguno específico de aprovechamiento de recursos?

- Sí, por ejemplo el Plan de la Madera. Se trata de una estrategia, con 7,5 millones destinados, para atraer a empresas certificadas que trabajen este material. Antes de llegar nosotros, sólo se aprovechaba el 0,03 por ciento de la masa forestal, fruto de una política de no actuar y de no dejar actuar. Ahora, además, hemos puesto en marcha un Fondo de Compensación, para que el dinero obtenido de ese corcho, de esa madera apícola, repercuta de nuevo en la zona para hacer tratamientos, replantaciones o cualquier mejora en ese mismo espacio natural. De hecho, esas empresas forestales encargadas de la recirculación también fijan población en territorios rurales. Como en todo, es clave la planificación, pues la extracción de la madera se hace en base a planes muy estrictos dada su lenta regeneración. Si se hace bien, siempre hay puntos de los que obtenerla. De nuevo, economía circular.

- En otro orden de cosas, ¿cuáles son las últimos avances logrados en el ámbito de la caza?

- Para nosotros es clave y lo demostró el presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno, con la firma del Pacto Andaluz por la Caza en el año 2022. Hasta ahora, hemos cumplido con el 65% de ese acuerdo, es decir, de los 17 puntos ya hemos puesto en marcha 11. Los restantes están en tramitación, cuatro son leyes u órdenes que necesitan modificaciones y los otros competen a otras consejerías. Yo creo que el sector cinegético está satisfecho y nosotros también lo estamos porque estamos alcanzando el punto de sostenibilidad de las especies animales y del propio desarrollo rural, del que la caza es importante fuente de ingresos. La Federación Andaluza de Caza cuenta con 160.000 licencias y 90.000 federados, de hecho es la segunda entidad deportiva con más licencias a nivel andaluz, con una aportación al PIB de 3.500 millones de euros y 45.000 jornales, que operan en 7.500 cotos de caza...

- ¿Por ello se ha creado el Observatorio Cinegético?

- Así es. Va a servir también para digitalizar el sector, para que los gestores de los cotos, los cazadores, puedan incorporar información que sirva posteriormente para trazar planes, identificar enfermedades emergentes.

- Finalmente, y aún sabiendo que es competencia ministerial, ¿cuál es la postura de la Junta acerca de los rellenos que está realizando Gibraltar en aguas españolas? Los ecologistas advierten de que están transformando los ecosistemas marinos...

- Estamos preocupados porque en efecto se pueda ver afectada esa zona de especial conservación que es el Estrecho Oriental. Ya hemos hablado con el Gobierno, hemos enviado una carta tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores como al de Transición Ecológica, poniéndonos a su disposición, pues no tenemos capacidad sancionadora. Obviamente hay un Tratado pendiente de ser cerrado, pero mientras tanto no puede darse esta inacción.